El 14 de abril de 1931 está considerado el día de la proclamación de la II República española, aunque su configuración fue más compleja y prolongada en el tiempo, porque para la ciudadanía fue una dura pugna por la liberación de las discriminaciones y obstáculos que habían soportado durante siglos. Era una oportunidad para la anulación de privilegios y prebendas vinculados a grandes familias nobiliarias, los añejos terratenientes, las castas financieras o la jerarquía eclesiástica católica.

Afortunadamente, la situación social, institucional y cívica ha cambiado desde entonces, aunque poco a poco observamos preocupados como fluyen rasgos que nos recuerdan lo peor de aquel mundo decimonónico que nos alejaba del mundo civilizado, europeo y desarrollado, al que pretendieron acercarse los republicanos y republicanas de principios del siglo XX, con su grito de "libertad, igualdad y fraternidad".

De los tres valores del republicanismo, tal vez el de la igualdad tenga un significado especial en la presente coyuntura de deterioro institucional. A cualquier persona demócrata le preocupa que aparezcan referencias en los medios de comunicación relacionadas con presiones o maniobras para mediatizar o eludir las responsabilidades las más altas instancias del estado, sean de la familia de la Casa Real, del jefe del Gobierno, sus ministros, de los máximos responsables de su partido o de los responsables de las patronales.
Una simple muestra de la desigualdad institucionalizada ha sido el abuso por parte de los bancos, con la actual legislación hipotecaria, que es del año 1909 (¡reformada en 1946 en pleno franquismo!), de la que ningún banco europeo disfruta, pero de la que los "privilegiados bancos españoles" no pueden prescindir porque se hundirían y desconocerían competir sin ella.

Quebrar con buenas o malas artes el principio de igualdad ante y con la ley es contrario al principio de equidad que debería garantiza nuestra Constitución y las leyes que de ella se deriven. A pesar de que nuestra carta magna es una de las más modernas y avanzadas como en la proclamación de los valores del Estado social y democrático de derecho, lo cierto es que se la está vaciando de contenido debido a la acción de los legisladores que la despojan de su espíritu originario.

La posición de España en la situación de crisis global, financiera y económica a nivel europeo, se nos presenta agravada porque le unimos la crisis del agotamiento de las estructuras institucionales, representativas, políticas, empresariales o sociales.
Prueba de ello es la ruptura existente entre institución y ciudadanía, las sospechas y las dudas que brotan de los comportamientos de los dirigentes y especialmente observamos, la superación de la capacidad de organización de los partidos políticos, minimizando su función de soporte y vehículo de las demandas y aspiraciones de la población y de sus entidades.
A esos rasgos podemos añadir el desprestigio de la representación empresarial y sindical, con especial énfasis en la drástica reducción de funcionalidad de la representación de los trabajadores y de su papel de mediación y concertación de las condiciones laborales, del salario monetario y del salario diferido.

Con todo lo anterior, tenemos que llegar a la conclusión de que hemos agotado el proceso iniciado en la transición a la democracia de 1978. Tal vez debemos analizar si ha quedado superado el marco de relaciones, convivencia, instituciones y legislaciones básicas que emanaron de la Constitución de aquel año, especialmente si consideramos que la mayor parte de la población actual no votó esa Constitución, ni este modelo de Estado, ni el marco institucional, electoral, político y representativo actual.

¿Está ahí la justificación de parte del grito ¨no nos representan¨ de los indignados? Si fuera así, se habría iniciado un proceso de definición de un nuevo marco de relaciones entre la ciudadanía y sus representantes, instituciones y formas de comportarse y convivir, que sin duda afectará a todos los órdenes de la vida. Tal vez sea una oportunidad para superar trabas y peajes de la postguerra, del franquismo, del ejército golpista o de las religiones inquisitoriales.

La juventud actual reclama su protagonismo en el siglo XXI, pero sin querer conservar los esquemas del último cuarto de siglo XX, y menos aún soportar las prebendas de los privilegios y ventajas de casta y linaje del siglo XIX.

Parece que para las nuevas generaciones en nuestro país, los viejos valores de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad, serán necesarios y, posiblemente, muy valiosos. Sin duda, esos valores del republicanismo merecen recuerdo y respeto.

 

* Lorenzo Bravo Muñoz, Pedro Calvo Manteca, José Miguel Campos, Juan Carlos Delgado González-Navarro, Antoni García Salvador, Sebastián Lora Sánchez, Miguel Ángel Mayorga y José Ruiz Gallego.