La Constitución de 1978 omite cualquier referencia a la que fue el producto de la primera experiencia democrática plena en España: la Constitución republicana de 1931. Y no es por casualidad. Es una renuncia voluntaria y consciente, debido a que la Transición se resolvió a través de un ejercicio de equidistancia entre la Segunda República y el franquismo, entre democracia y dictadura. De ahí que, bajo el marco ideológico y normativo de este texto constitucional, nunca se permitirá la reparación integral a las víctimas de la dictadura franquista. Este principio de emergencia democrática nos insta a crear un nuevo marco de referencia que nos redefina como una sociedad distinta a la de los años setenta del siglo pasado.

Si bien, es urgente una nueva Carta Magna porque, además de lo anterior, el diseño de la Constitución de 1978 se cimentó sobre una serie de “líneas rojas”, las cuales condicionaron todo su proceso de creación y aprobación. Por ejemplo: la Jefatura del Estado, literalmente depositada en la dinastía de los Borbones por el propio dictador; las concesiones a la Iglesia Católica renunciando a la laicidad y definiendo el Estado como aconfesional; la imposibilidad de debatir el modelo territorial del Estado y el encaje de la plurinacionalidad; la garantía de una economía de mercado y, en consonancia, la ubicación de los derechos sociales como principios rectores de la política social y económica, pero no como derechos de primer nivel, es decir, exigibles ante los tribunales. De ahí que, cuando se produce un desahucio, las víctimas no puedan impedirlo mediante la directa y única invocación del art. 47 de la Constitución, el que reconoce el derecho a la vivienda digna y adecuada. ¿De verdad queremos una Constitución que no sirva para parar un desahucio?

Por si con todo lo anterior fuera poco, la crisis económica ha revelado la incapacidad del texto constitucional vigente para garantizar los derechos, principios y valores que formalmente proclama. Incluso, tal como la reforma exprés del art. 135 en el verano de 2011 puso de manifiesto, ni siquiera es capaz de garantizarse a sí misma, es decir, su propio articulado.

Desde Izquierda Unida impugnamos estas “líneas rojas” que lastran el texto de 1978, impidiendo el desarrollo de una sociedad basada en los derechos humanos, la democracia radical y la igualdad material entre las personas. Además, insistimos en mostrar a la opinión pública que los elementos a través de los cuales alcanzar en toda su plenitud estos objetivos no pueden ser introducidos a través de reformas puntuales del texto actual.

Todo quedó tan “atado y bien atado” que el procedimiento ordinario de reforma del texto, establecido en su art. 167, impide la modificación sustancial de las líneas definitorias del marco constitucional (de las “líneas rojas”). De ahí que sea necesario un proceso constituyente que convoque y explicite un momento de ruptura democrática. Un proceso para la creación de una nueva Constitución.

En Izquierda Unida, evidentemente, no somos equidistantes. Tenemos la responsabilidad de estar a la altura de este momento histórico. Nuestra clase social aspira a ser protagonista de su historia y no una mera espectadora de eternos consensos entre oligarquías que siguen amparando el “turnismo” como mecanismo de control del statu quo. Queremos una Constitución que defienda y represente las necesidades de esta nueva sociedad en la que vivimos, que en nada tiene que ver con la de finales de los años 70. La lucha por ese proceso constituyente es el mejor homenaje que podemos rendir en el aniversario del advenimiento de la II República, porque es luchando por transformar la realidad de nuestro tiempo como mejor podemos honrar las luchas que nos precedieron.

Equipo de Memoria Democrática y Proceso Constituyente de IU . Rafael Escudero, Esther López Barceló y Víctor Alonso Rocafort

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Fuente: Mundo Obrero