Siete meses de decepción del Gobierno socialista Imprimir
Imperio - Sahara Occidental / Marruecos
Escrito por Alfonso Lafarga   
Miércoles, 30 de Enero de 2019 04:17

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La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez se mostró como una nueva dinámica en la forma de hacer política y eso hizo pensar al movimiento saharaui que el cambio podría llegar también a la posición mantenida por España en el conflicto del Sáhara Occidental, el territorio que no se descolonizó y entregó a Marruecos hace 43 años.

La delegada del Frente Polisario en España, Jira Bulahi,  se mostró esperanzada en que el Ejecutivo socialista abandonase “la indiferencia de los anteriores gobiernos del PP y del PSOE con los derechos de los saharauis” y que, defendiendo la legalidad internacional, se  involucrase en la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui,  “con el que tiene una responsabilidad moral y ética”.

“Esperamos que se subsanen errores no rectificados, que son una injusticia hacia la población del Sáhara Occidental”, pidió la represente del Polisario.

Sin embargo, siete meses después de tomar posesión de su cargo los ministros de Sánchez, el 7 de junio de 2018, el Gobierno socialista sigue el camino que marcó el Gobierno popular de Mariano Rajoy: oficialmente se apoya una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que contemple la determinación del pueblo saharaui, pero en la realidad se está al lado de Marruecos, hasta el punto de apoyar el nuevo acuerdo de pesca de la Unión Europea, que contradice la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que no reconoce derechos marroquíes sobre las aguas saharauis.

Pedro Sánchez tardó casi cuatro meses en hacer su primera declaración oficial sobre el Sáhara Occidental y lo hizo el 28 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas escuetamente y en los mismos términos utilizados habitualmente por la diplomacia española:  “una solución justa, duradera, mutuamente aceptable…”. Fueron 74 palabras al final de un discurso de más de 4200.

Aliados de Marruecos

La segunda y última alusión de Sánchez al tema saharaui se debió a la pregunta formulada por un periodista marroquí en el viaje que hizo a Marruecos el 19 de noviembre. En una rueda de prensa junto al presidente de Gobierno marroquí, Saadedín Al Othmani, Respondió que la posición de España sobre el Sáhara Occidental es la misma desde hace unas cuantas décadas: “una posición de Estado, no solamente de un Gobierno, en este caso del Partido Socialista o anteriormente del Partido Popular”. Y eso fue todo,  ni una referencia a la libre determinación del pueblo saharaui como la hecha en la ONU. Eso sí, expresó un “absoluto compromiso” en la reivindicación de muchas de las políticas marroquíes ante la Unión Europea. “Nos tienen como aliados”, afirmó.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se encargó cuatro meses antes, el 28 de julio, de dejar claro en un viaje a Rabat que los socialistas iban a seguir el camino de anteriores Gobiernos por ser “un tema de Estado”, visita en la que también estuvo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Borrell fue más lejos que sus antecesores en el cargo y el 4 de julio dijo en la Comisión de Exteriores del Congreso lo que hasta entonces ningún otro había cuestionado: aseguró que España no es la potencia administradora del Sáhara Occidental, lo que reiteró el 25 de octubre en el Senado, en contra de lo que establece la ONU y reconoce la Audiencia Nacional, como se encargó de recordarle  Jira Bulahi, integrante del Secretariado Nacional del Frente Polisario. En julio de 2014 el pleno de la Sala de lo Penal de la AN,  que presidia entonces el magistrado y ahora ministro Grande-Marlaska, especifica que España, “de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”.

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Represión de una manifestación saharaui

Las significativas intervenciones del ministro Borrell no se quedaron aquí. El 11 de noviembre, con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, intervino en Madrid en un acto junto a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y habló de los casos de genocidio en Ruanda, Camboya, Yugoslavia y Myanmar. Ni palabra del genocidio  saharaui, por el que desde 2015 se encuentran procesados en la Audiencia Nacional once altos cargos militares y policiales marroquíes y un funcionario de prisiones.

Borrell también publicó en esas fechas un artículo en El País en el que señaló que “la promoción y protección de los Derechos Humanos están en la base de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra concepción social” a pesar de lo cual su departamento no se pronuncia sobre las violaciones de DDHH que se producen en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, que repetidamente han denunciado Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (RFKC), entre otras organizaciones.

PSOE y PP juntos contra un acto por el Sáhara Occidental

En línea con la política de no molestar a Marruecos, el departamento de Borrell desaconsejó celebrar en el Congreso de los Diputados una reunión de parlamentarios nacionales, autonómicos e internacionales sobre el Sáhara Occidental, acto que finalmente impidieron con sus votos el PSOE y el PP. La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, dijo que era “algo altamente grave” que “no había sucedido hasta ahora en ningún otro Parlamento de España”, y consideró que tal decisión vulnera el principio de separación de poderes.

Quien aún llegó más lejos fue la eurodiputada socialista Inés Ballester  al referirse el 9 de octubre en el Parlamento Europeo al Sáhara Occidental como las “provincias del Sur”, “dando a entender que forma parte de Marruecos” con una “expresión denostada por las propias Naciones Unidas pues ningún país del mundo reconoce la marroquinidad del Sáhara y que solo utilizan los más férreos partidarios del régimen feudal marroquí”, según denunció la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) .

En este contexto, el diputado de Unidos Podemos Sergio Pascual acusó el 19 de noviembre en el Parlamento al ministro Borrell de hacer lobby a favor de Marruecos, cuyo Gobierno da por hecho el apoyo de España a sus tesis sobre el Sáhara Occidental y así lo dijo el presidente Saadedín Al Othmani ante Pedro Sánchez en Rabat.

El 31 de diciembre de 2018 fueron expulsadas dos turistas vascas de El Aaiún, sin que el Ministerio de Exteriores se pronunciase al respecto, lo mismo que tampoco lo hizo cuando las autoridades marroquíes impidieron el 30 de agosto la entrada de dos abogados aragoneses que iban como observadores internacionales a un juicio contra un activista saharaui.  Estos casos forman parte de las continuas violaciones de los Derechos Humanos en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos saharauis, según denuncian organizaciones sociales y medios de información saharauis, como recoge la siguiente relación correspondiente al último mes del año.

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