Y un día de estos vamos a sumar los asesinatos de la gente que muere 15 años antes de lo que les tocaba porque durante su vida no tuvo trabajo fijo ni seguridad social ni vivienda digna. Vamos a sumar los asesinatos de la gente que se quita de en medio por su propia mano porque los bancos les dicen que son económicamente inviables y los servicios sociales se han desmantelado para poder seguir enriqueciendo a los banqueros insaciables.

 Los obispos españoles disfrutan de un privilegio que no posee ningún empresario: seleccionan a su personal y prescinden de él según sus particulares criterios, pero es el Estado el que paga los sueldos y el que afronta las indemnizaciones en caso de despido improcedente. Que tome nota la patronal de esta bicoca que permite a los obispos incluso quitarse de encima a los siempre incómodos sindicalistas. Total, de perder el pleito -y casi siempre lo pierden- paga el Estado.Desde que en 1979 el Gobierno español suscribió con el Vaticano un acuerdo que permite este estado de cosas, la Iglesia católica ha perdido decenas de pleitos que han costado al erario público millones de euros a cuenta de los despidos improcedentes de los profesores de religión católica, que suman, por cierto, un total de 17.000 en las escuelas públicas españolas.

Nació en Cienfuegos (Cuba) en 1927 y ha dedicado toda su vida a la carrera diplomática, lo que le llevó a ejercer como embajador del Estado español en el Vaticano a pesar de su conocida militancia atea. Ahora, denuncia la campaña orquestada para mantener el estatus de la Corona española.

Gonzalo Puente Ojea conoció a Juan Carlos de Borbón durante su época como encargado de negocios interino en la Embajada del Estado español en Atenas. En su obra «La cruz y la corona» (Txalaparta, 2011), el exlegado ajusta cuentas con las dos instituciones que mantienen las esencias franquistas tras la muerte del dictador: la Iglesia y la Monarquía. Una historia de corrupción que, a juicio de Puente Ojea, tiene su reflejo en casos como el de Iñaki Urdangarín.

Esta frase, sólo esta frase, hizo que la derecha pusiera el grito en el cielo, que se echara sobre él, que lo llevaran incluso ante los jueces: "La Sala Segunda del Tribunal Supremo constituye un instrumento de la actual expresión del fascismo español". Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, la pronunció el 13 de abril de 2010, en un masivo acto de apoyo al juez Baltasar Garzón en la Complutense. El tiempo ha andado desde entonces, la Audiencia Nacional le absolvió de calumnias contra el Supremo y Garzón ya tiene un pie en el banquillo. Ayer sábado, Villarejo desempolvó esa frase, esa misma frase, para revalidar su pleno respaldo al juez. Y lo hizo ante las mil personas abigarradas en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO de Madrid, convocadas por la plataforma Solidarios con Garzón.

     Apenas es posible acumular más absurdas contradicciones por todas, todas las partes. La  jerarquía  católica tiene razón en rechazar una profesora de religión que no cumple con sus preceptos, casándose con un divorciado; pero contradice la libertad religiosa y el mandato de Jesús  al obligarnos a pagar a todos, con nuestros impuestos, a esa profesora. Las autoridades violan la aconfesionalidad del Estado al dar ahí –y hasta diez mil millones de euros al año, entre pagos y privilegios- el dinero de todos a una confesión religiosa.