Para defender lo indefendible, la presencia del crucifijo en los edificios públicos de un Estado aconfesional, se le ha llegado a despojar de su realidad, con afirmaciones hasta insultantes para él: que no es un símbolo religioso, sino cultural (¡!), o incluso que forma parte del mobiliario, como en una escuela pública de Valladolid.

El 7 de Octubre del 2008, mientras los mercados financieros globales se sumían en el pánico tras el colapso de Lehman Brothers, una pequeña isla europea cerraba un capitulo de su historia.

 En esta fecha, el gobierno de Islandia decreto la nacionalización de las principales instituciones financieras del país cuyos activos, tras un periodo de desregulación y rápida expansión desde el comienzo del nuevo milenio, llegaron a alcanzar un tamaño equivalente a 10 veces el total de la economía nacional. Las medidas adoptadas a partir dicho momento partían del entendimiento que, en palabras de David Oddson[1], el Estado de Islandia no tenia ninguna intención ni obligación de pagar las deudas de bancos que habían sido ¨un poco descuidados¨[2].

No es casualidad que mientras mas arrecia la critica a un modelo constitucional obsoleto –el de la Constitución de 1978, con 34 años de antigüedad en los que el único cambio en profundidad ha sido realizado para proscribir las políticas keynesianas- incapaz de garantizar el Estado Social y de Derecho que lo legitimaba, mas sonoras sean las voces que desde los poderes económicos que precisamente se han enriquecido a costa del empobrecimiento de la mayoría de la sociedad, proliferen las voces en defensa de dicho modelo político, y en especial de la persona que su cúspide lo personifica, representa, y garantiza: el Jefe de Estado nunca elegido de forma directa ni refrendado, Juan Carlos I, el Rey de España coronado por las Cortes franquistas. 

En nuestro país, la extorsión y el saqueo tienen un plus siniestro del que no gozan con el mismo esplendor los países vecinos: las omnipresentes caretas de los más eminentes delegados de Dios atizando la hoguera para que mejor ardan quienes ponen objeciones públicas a morirse de hambre, a ver a sus familias sin recursos, a sus vecinos en la desesperación, "es pecado desesperarse, hay que asumir con resignación cristiana el sacrificio", para que ellos sean los únicos que no vean mermada ni en un céntimo la inmensa fortuna que succionan de los recursos comunes, totalmente libre de impuestos.

El Gobierno tendrá que responder en el Congreso si apoya o no la aplicación de un régimen de incompatibilidades a los familiares del Jefe del Estado que reciben un sueldo procedente de las arcas públicas para prohibirles tener otros ingresos.

Esta es una de las 13 preguntas de ERC sobre la Familia Real que acaba de ser aceptada por la Mesa del Congreso, de entre la penúltima batería de 39 cuestiones registradas por los republicanos.