El fallo del Supremo (TS) que exige que el Estado no financie a los centros de enseñanza católica que segregan por razón de sexo, es una saludable decisión del Tribunal, que contrasta con otras recientes sentencias de marcado acento confesional sobre la religión en las escuelas de titularidad pública y que deja al descubierto infinidad de miserias políticas, y, también, jurídicas: La cuestión -de fondo- es que por un lado, políticos meapilas y pacatos y, por otro lado, políticos católicos integristas, que forman una amplia mayoría en el Parlamento y en los órganos de representación legislativa territorial, junto a sus diferentes organizaciones sociales y sindicales de “palmeros”, son los responsables de que una parte importante de enseñanza dogmática católica se financie con fondos públicos, ya sea mixta o separe por razón de sexo y a que se mantenga (y aumente) la enseñanza religiosa (con la consiguiente intención de evangelizar) en todo el Sistema Educativo, ya sea de titularidad pública o privada (concertada o no).

Está agonizando el verano, cargadito como pocos de acontecimientos, y, entre las el devastador incendio de la Isla de La Gomera, la última caída del Rey nuestro señor, Julian Assange, asomado al balcón de la embajada ecuatoriana en Londres y defendiendo a ultranza la libertad de expresión, por encima de las “pasiones humanas”; la cara de memos que se les ha quedado a todos esos que nos metieron en este mercadillo del euro y de la OTAN y ahora comprueban que ya no hay nadie más dispuesto a seguir pagándoles sus fabulosos sueldos; me quedo con la foto de esa mujer llorando tras la irrupción en el súper de los compañeros del SAT, que salen por la puerta sin pagar el importe de la carga -talmente como las mujeres de la obra de Darío Fo, Aquí no paga nadie-.

Becerril se niega a actuar ante la amenaza de ilegalización de FACUA y le "sugiere" que "revise" sus campañas contra los recortes

La Defensora del Pueblo ha eludido sus funciones rechazando la petición de amparo solicitada por FACUA-Consumidores en Acción ante su amenaza de ilegalización por criticar los recortes y la subida del IVA.

En su carta de respuesta, Soledad Becerril no solo indica que no se dirigirá al Ministerio de Sanidad, sino que se permite la licencia de "sugerir" a la organización que "revise" sus campañas, saliéndose con ella de las competencias que tiene como Defensora de Pueblo.