En defensa de la sanidad pública PDF Imprimir E-mail
Servicios Públicos - Sanidad Pública
Escrito por Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal / UCR   
Viernes, 25 de Noviembre de 2011 00:00

Recortes  Las declaraciones del consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña a la Agencia EFE, en octubre de 2011, no sólo son socialmente inadmisibles sino que son una agresión directa a la razón pública ilustrada. Los motivos de crítica de agolpan. Veamos algunos de ellos.

La salud no es un bien privado que depende exclusivamente de cada ciudadano como afirma el señor Boi Ruiz. Desde principios del siglo XX, con precedentes en otros momentos históricos, se considera –con consenso generalizado- que la salud es un bien público que incumbe a la sociedad en su conjunto; en absoluto es un bien estrictamente privado.

 

La salud no es meramente la ausencia de enfermedad, sino -de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)- un estado fisiológico, psicológico y social adecuado al correcto desarrollo de las personas. De ahí deriva el concepto de Salud Pública que engloba todos los determinantes implicados en la salud –entre muchos otros: las condiciones de vida, la salubridad del medio, el control de infecciones, la calidad de los alimentos, la vacunación, la higiene, la potabilidad del agua, la erradicación de la malaria, del tifus, de las fiebres de malta y muchas otras enfermedades, las reglamentaciones laborales sobre condiciones de trabajo y enfermedades, la creación de una red pública de atención primaria y hospitalaria (que en España ha llegado a ser de alta calidad gracias al esfuerzo de numerosas personas fuertemente implicadas en esta gran conquista social)-, determinantes sociales, decíamos, respecto a los cuales un individuo aislado, por sí mismo, poco puede hacer

Ello no quiere decir, obviamente, que las formas de vida de cada sujeto –que, como es evidente para quien no quiera cegarse socialmente, muchas personas no siempre pueden elegir libremente-, no tengan influencia en su estado de salud. Aunque el criterio de "vida saludable" no deja de tener unos componentes que dependen o son funcionales a cada cultura, conviene insistir en el ya muy antiguo concepto de que el enfermar es la resultante de muchos factores (entre ellos y entre muchos otros, la constitución biológica de cada individuo). De esta forma, para algunos individuos, su "vida disipada" tiene efectos sobre su salud muy diferentes a los que ocasiona en otras personas. Pensemos en lo que ocurre entre fumadores: algunos, a los 90 años, se encuentran bastante bien de salud; otros, en cambio, a los 50 padecen cáncer de pulmón. Eso sí, es indiscutible, desde la perspectiva de la salud pública, que el conjunto de fumadores de una determinada población padece con mayor frecuencia una serie de patologías que los ciudadanos no fumadores. Estamos ante el concepto poblacional frente al estrictamente individual.

Tampoco puede sostenerse que la salud no dependa en ninguna medida del Estado como afirmó el consejero de Salud en esas mismas declaraciones a no ser que nos remontemos al feudalismo, a las monarquías medievales, o bien a Estados capitalistas puros donde rija en exclusiva la ley del más fuerte y el grito despiadado de "¡Viva el mal, viva el Capital!" El que conocemos -o se dice conocer- como Estado de bienestar es otra cosa. El señor consejero tal vez tenga como modelo las plutocracias estatales.

No hay olvidar, por otra parte, y este vértice es esencial, que la investigación en medicina y salud es posible gracias a recursos públicos dirigidos a estos fines, es decir, gracias a la intervención de un Estado que no tenga anulada ni demediada ni olvidada su componente social. Sin esta investigación, muchos éxitos que se han conseguido –y que benefician a toda la ciudadanía sin exclusiones- no se hubieran alcanzado.

El consejero de salud catalán aseguró también que la salud no es un derecho. Los apartados del artículo 43 de la Constitución de 1978 parecen desmentirle. Derechos, por otra parte, que están recogidos igualmente en el Estatuto de Cataluña, que quizá el Sr. Boi Ruiz no haya podido leer hasta el momento.

Para justificar que la salud no es un derecho el señor Boi Ruiz ha argumentado del modo siguiente: la salud "depende del código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos". No es así, en absoluto. Los trastornos genéticos constituyen una ínfima parte de la morbilidad observada (alrededor del 1%). Existen predisposiciones genéticas a determinadas patologías; sin duda. Pero tales predisposiciones representa sólo un determinado porcentaje de probabilidad para su manifestación, la cual depende de numerosos factores en relación con el medio y las condiciones de vida. No es inexorable la manifestación del trastorno por la carga genética. Ningún resultado científico contrastado y aceptado avala esa supuesta tesis defendida por el consejero. Se puede colegir de ello, no parece arriesgada la inferencia, que el Sr. Boi Ruiz —al menos según sus declaraciones a la agencia EFE— no está muy puesto en lo relativo a los conceptos actuales sobre la salud y el enfermar.

Por lo demás, aunque fuera el caso sin serlo, aunque la salud dependiese del código genético, de los antecedentes familiares y de los hábitos de cada uno de nosotros, no se inferiría de todo ello que las instituciones públicas tuvieran que jugar un papel secundario, acaso marginal, en temas de salud. De lo primero, de esa suposición que no debe admitirse, no se infiere de ninguna de las maneras lo segundo. ¿Dónde se ubica el ámbito de la ética para el consejero de salud? El criterio del Sr. Ruiz es estrictamente político, neoliberal, no tiene ninguna base científica. Los conocimientos científicos actuales en absoluto justifican sus consideraciones y proclamas.

El señor Boi Ruiz también aludió en la entrevista con EFE que en Cataluña hay unas 1.300 citas diarias de pacientes que no asisten a la consulta. Desconocemos la validez de la cifra, ni qué citas están incluidas en ese número, y si el coste real que ello supone para arcas públicas es el que el consejero señala y que cuantifica, con imprecisión manifiesta, en "más de 10 millones de euros". Si fueran correctos los datos, habría que intentar corregir la situación. Nadie lo duda, nadie ha dudado de ello. Pero ello no justifica, aunque se pretenda hacernos creer lo contrario, penalizar la atención a la inmensa mayoría de pacientes y, menos aún, adoptar medidas privatizadoras. Diga lo que diga el Sr. Boi Ruiz, la ciudadanía —que no usuarios—, en su conjunto, no es un grupo de irresponsables que malgasten los recursos públicos sin miramientos. Lo afirmado por el consejero es humo, una máscara que quiere encubrir una determinada política –que, evidentemente, no defiende él en solitario- cuya orientación y finalidades resultan cada día más evidentes.

La racionalización del gasto —que no implica en absoluto una privatización—, sin mermar la asistencia, no es algo a lo que los defensores de la sanidad pública nos opongamos. Al contrario, se llevan años insistiendo en ello, en especial en el uso excesivo de tecnologías y medicaciones no justificadas. La política que se está defendiendo, diga lo que diga el señor consejero, no tiene nada que ver con la racionalización. Racionalizar, ser o actuar responsablemente, con prudencia, con justicia, es cosa muy distinta. ¿Por qué hay que recortar inexorablemente en sanidad cuando apenas se hace nada contra el fraude fiscal de las grandes fortunas, de las grandes empresas, y se aprueban por otra parte mega-ayudas a la banca y leyes de sucesiones y contrarreformas fiscales que favorecen a sectores sociales muy pero que muy privilegiados? Puestos a racionalizar, ¿no habría que racionalizar esas políticas con urgencia? ¿De qué habla realmente el señor Boi Ruiz cuando habla de "racionalización"? ¿De qué está hablando realmente?

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Eduard Rodríguez Farré es Doctor en medicina, farmacólogo y radiobiólogo, y profesor de fisiología y farmacología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC) y actualmente es miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERSP) del IDCIII.

 

Salvador López Arnal es coautor, junto a Eduard Rodríguez Farré, de Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio ambiente, Mataró (Barcelona), El Viejo Topo, 2008 y de Ciencia en el ágora, Mataró (Barcelona), El Viejo Topo (en prensa).