Lo único positivo en 2017, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, ha sido el compromiso de la Comunidad Valenciana de revertir el Hospital de Alzira a la gestión pública. Y damos fe de ello: en el dossier ¡Buenas noticias! con el que abrimos #LaMarea56, este ha sido uno de los ámbitos en el que más nos ha costado encontrar hechos esperanzadores. El año que acaba ha vuelto a ser un mal año, enturbiado, además, por el procés, añade la organización. “Necesitamos otra política sanitaria, cuando menos una financiación suficiente, controlar el gasto farmacéutico, recuperar lo recortado y acabar con las privatizaciones. Habrá que seguir trabajando en 2018 para conseguirlo”, concluye. Estas son las cuestiones más destacadas de 2017, según la federación.

Recortes

El Gobierno continúa con la política ya conocida de recortes y privatizaciones, expresada en el techo de gasto que impone Hacienda a las comunidades autónomas y que hace que los presupuestos autonómicos no hayan recuperado los niveles de 2009 (350 millones de euros menos en total), a lo que hay que sumar los recortes en administraciones locales, Seguridad Social y Administración central: en total más de 1.000 millones de euros por debajo del de 2009. A ello debe de añadirse la intención declarada del Gobierno de seguir reduciendo el gasto sanitario en relación al PIB en lugar de aprovechar la mejora en la situación económica para recuperar lo recortado, y la continua postergación de un nuevo modelo de financiación autonómica”.

Gasto farmacéutico

El gasto farmacéutico sigue subiendo (tanto en recetas que tiene un aumento del 2,89% interanual a octubre de 2017; como el hospitalario con un crecimiento del 6,5% interanual a septiembre de 2017), disminuyendo los fondos disponibles para la atención sanitaria, y ello a pesar de que tenemos un elevado gasto farmacéutico (18% sobre gasto sanitario frente al 15% del promedio de la OCDE). Situación esta que es más comprometida debido al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, que le garantiza un crecimiento del gasto en medicamentos equivalente al del PIB. Se produce en un momento en que, como se ha señalado, el gasto sanitario público crece por debajo de este aumento del PIB, con lo que disminuye su peso respecto al mismo. Ello supone un escenario de empeoramiento de la sostenibilidad del sistema sanitario a costa de incrementar los beneficios empresariales de la industria farmacéutica”.

Privatizaciones

Desde el Ministerio de Sanidad se continua la política de privatizaciones más o menos silenciosas, y de la gestión de la ministra poco puede decirse fuera de su desastrosa participación en la política catalana, y del hecho de que ha confirmado los pronósticos más negativos sobre su incapacidad y/o desinterés para  hacerse cargo de la sanidad del país”.

Sentencias del Constitucional

También resaltamos las dos sentencias del Tribunal Constitucional anulando (por motivos competenciales) las legislaciones del País Vasco y Valencia que permitían la ampliación de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados saltándose el RDL 16/20112 que nos retrotrae a un escenario de desatención de este grupo de población. De nuevo se evidencian las contradicciones de las políticas del PP, que ha recurrido estas normativas pero no las de otras CCAA que tenían efectos similares”.

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Fuente: La Marea