Respuesta a la consejera de Educación de Murcia, Adela Martínez-Cachá, por su artículo “Por la libertad de elección” |
Servicios Públicos - Enseñanza Pública |
Escrito por Dolores García Vidal |
Viernes, 20 de Julio de 2018 03:58 |
Estos últimos años la enseñanza concertada ha crecido en España de tal modo que en Madrid se acerca al 50% y en Murcia al 30% y esto ha sido propiciado por la Lomce que establece el principio de demanda social En los últimos días aparece usted en la prensa como la `adalid´ de la enseñanza concertada, algo que me ha llamado mucho la atención porque el puesto que usted desempeña es público aunque, como todos sabemos, usted proceda de la UCAM.
Señala usted en un artículo: “Tristemente nos hemos acostumbrado a tener que luchar por la libertad de los padres a elegir el tipo de centro en el que quieren escolarizar a sus hijos”. Y dice la ministra defendiendo la enseñanza pública que “es la respuesta de la administración pública para garantizar el derecho a la educación y garantizar la cohesión social y el desarrollo cultural de la ciudadanía”, palabras con las que no puedo estar más de acuerdo. Se ampara usted en el derecho constitucional a la libertad de enseñanza y es cierto que aparece en la Constitución Española, como aparecen otros derechos como por ejemplo “la vivienda” y no todos los españoles tienen vivienda. No estoy en contra de la enseñanza concertada. Estoy a favor de la enseñanza pública. En países de nuestro entorno y con más tradición democrática la enseñanza pública atiende a la mayor parte de la población- más del 80%- y tiene más prestigio que la enseñanza privada concertada, que también es subvencionada por el estado. Y ¿por qué tiene más prestigio? Seguramente será porque los poderes públicos la han cuidado, asegurando un futuro de igualdad de oportunidades para sus ciudadanos salvaguardando la educación de intereses espurios. Estos últimos años la enseñanza concertada ha crecido en España de tal modo que en Madrid se acerca al 50% y en Murcia al 30% y esto ha sido propiciado por la Lomce que establece el principio de demanda social. Las organizaciones del sector privado han manifestado que “la decisión de reformar la Lomce para eliminar el principio de demanda social” —por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados— es “un ataque a la libre elección de las familias”. Sin embargo la ministra considera necesario eliminar dicho criterio porque considera que: “En algunas comunidades autónomas, como Madrid, la Administración pública, en base a ese criterio, ha cedido terreno público para construir centros concertados en nuevos desarrollos urbanísticos”. La ministra considera que de esta forma “la educación pública se ha convertido en una red subsidiaria de la concertada”. Y le puedo asegurar que en Murcia también ha ocurrido y ¡claro! ¿Quién sale perjudicada? Evidentemente la escuela pública. No se puede generalizar, pero podemos afirmar con contundencia que la enseñanza privada en España es un negocio porque ¿qué empresario iba a construir un colegio si no obtuviese beneficios de ello? Y es que la escuela pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades para todos y por ello tenemos que defenderla porque una sociedad será más justa y progresará mejor cuando todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y hoy por hoy la enseñanza privada concertada es elitista y tiene más medios que la escuela pública. Dicen ustedes que la enseñanza privada se rige por los mismos principios que la pública, vamos a ir viendo como los adapta a su filosofía: 1.-La enseñanza es gratuita en los dos modelos.
2.- Libertad de elección de las familias No es lo que parece porque
3.-Los criterios de admisión son iguales para todos
4.- Profesorado
La educación debería ser un tema de Estado, por tanto es necesario un gran pacto de Estado por la educación. *Dolores García Vidal es maestra y directora jubilada
En la imagen superior, la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá _____ Fuente: El Diario |