Pocos minutos después de que Mariano Rajoy adelantara su intención de acudir por fin al Congreso, realicé una valoración pública en la que señalé que la aparición del presidente se producirá tras más de dos semanas de silencio. Además, hay que añadir la obstrucción parlamentaria del PP para eludir una comparecencia exigida por toda la oposición para responder de las acusaciones sobre la supuesta financiación ilegal de su partido, del cobro de donativos irregulares de empresas a cambio de la concesión de contratos públicos y del ingreso de sobresueldos durante años, tanto por su parte como por un buen número de miembros de la cúpula popular.

Señalé en aquellas primeras manifestaciones sobre el anuncio presidencial que “más vale tarde que nunca, aunque venga del ronzal”.  Considero que la decisión del presidente del Ejecutivo ha sido finalmente forzada por la presión pública de la sociedad española, incluido un porcentaje muy alto de votantes del PP, y por la lamentable imagen que está dando el Gobierno en el exterior, tal y como viene recogiendo de forma exhaustiva la prensa internacional. Muchas voces han coincidido en ello. Rajoy podría haberse ahorrado él mismo la presión y el escándalo y, de paso, también le habría ahorrado al país el vocerío si hubiese actuado con normalidad democrática, dando cuenta de los asuntos que interesan al Estado y al conjunto de los ciudadanos.

Nuestra denuncia es clara: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, carece de la legitimidad que obtuvo en las últimas Elecciones Generales. No sólo por su manifiesto incumplimiento del programa electoral con el que el PP ganó los comicios de 2011 –idea fundamental de la campaña ‘¡Gobierno dimisión. Elecciones Ya!’ que IU puso en marcha en marzo pasado-, sino también porque lo central en este enredo es que los documentos y datos aportados a la investigación del caso Bárcenas por el ex tesorero, ascendido por el propio Rajoy, evidencian que esta formación ganó los comicios con trampa y en absoluta ilegalidad.

Ahondando en el argumento de las líneas anteriores, las últimas Elecciones Generales –y deberíamos remontarnos más atrás- están deslegitimadas. Pero además, ahora hablamos de ilegalidad, ya que si se han estado financiando con recursos de origen irregular las campañas electorales, han ganado de forma fraudulenta…

El principio de igualdad de oportunidades, supuestamente, ha sido conculcado por el PP, y con ello nos estamos refiriendo tanto al hecho de haber ganado unas elecciones con recursos de procedencia ilícita como a las empresas que, según la investigación judicial, habrían hecho donaciones ilegales al partido de Rajoy para que se financiara irregularmente en los últimos 20 años, por lo que habrían incurrido en competencia desleal al recibir adjudicaciones a cambio de esos pagos.

¡Faltaría más!, estoy de acuerdo con esas afirmaciones de Rajoy en las que enfatiza que “los gobernantes deben salir de las urnas” y que es en las elecciones donde logran su legitimidad. Pero no se trata de eso de lo que estamos discutiendo. Y, utilizando un símil muy de nuestro tiempo, podríamos decir que tanto en el deporte como en la democracia el doping es una trampa. Ese y no otro es el quid de la cuestión; esa y no otra es la esencia de la materia a la que estamos dedicando tantas energías y recursos; esa y no otra es la historia de la que estamos hablando cuando nos referimos a ese supuesto caso de  financiación ilegal del PP, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional.

Durante los últimos meses IU, ICV-EUiA, CHA, han registrado una larga lista de iniciativas para conseguir que, tanto el jefe del Ejecutivo como su grupo parlamentario, dieran explicaciones sobre este caso que les afecta directamente, así como sobre el grave problema de la corrupción política. Mi grupo fue el primero que ha reiterado la exigencia de la comparecencia de Rajoy, tras echar abajo el PP el primer intento en la Diputación Permanente del pasado día 11 de julio. Además, desde que en enero se desvelaran los primeros detalles de la trama documentada en los denominados ‘papeles de Bárcenas’ ya se había pedido en otras dos ocasiones la comparecencia de Rajoy en un Pleno monográfico sobre la corrupción, así como hasta en media docena de veces la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación ilegal de los partidos.

Argumenta Rajoy que acudirá al Congreso para dar “su versión”, cuando nosotros sólo queremos la verdad. Este país es lo que está necesitando y no se puede continuar gobernando entre la sospecha y la incertidumbre. Esperemos, al menos, que sirva para acabar con las mentiras que tanto Rajoy como otros dirigentes de su partido han sembrado sistemáticamente en las últimas semanas y que han llevado a que el caso Bárcenas se haya convertido en el caso del PP.

Por todo ello hemos defendido de forma repetida la absoluta necesidad de que Mariano Rajoy acudiera al Parlamento a dar explicaciones sobre las graves acusaciones de financiación ilegal y cobro de sobresueldos que le imputa Bárcenas, y sobre las que ha aportado pruebas documentales. Por otra parte, el problema del PP no es de Rajoy, sino del Gobierno y del partido que le sostiene. Y es un problema de estafa electoral y de fondos ilegales, por lo que la solución no pasa por un mero cambio de presidente sino por un profundo cambio de Gobierno a partir de unos nuevos comicios, sin trampas. Curiosamente, sobre este aspecto el PSOE aún no ha hecho ninguna mención en los planteamientos esgrimidos hasta ahora, lo que es sorprendente cuando se trata del mayor escándalo de corrupción de la democracia y, por tanto, estamos examinando una cuestión de dignidad democrática.

(*) Cayo Lara es coordinador federal de Izquierda Unida.