El presidente del Tribunal Constitucional ha dejado de ser una persona fiable. Cuando accedió a la más alta magistratura que pueda ocupar un jurista ocultó que era un militante del Partido Popular que pagaba religiosamente las cuotas. De poco vale argumentar que la ley ampara la afiliación de los componentes de este tribunal.

 

Nadie con sentido común puede aceptar que quien está destinado a decidir sobre las más graves cuestiones de un país, esconda a la ciudadanía a la que sirve y a los partidos que le tienen que votar (excepto uno, claro está) que ha cerrado un contrato de militancia con la formación que le ha promocionado. A diferencia del voto o la afinidad ideológica, perfectamente defendibles, la afiliación a un partido entraña la aceptación de unas normas, jerarquías y directrices cosificadas en sus estatutos. Y estos, en el caso del Partido Popular son meridianos. Cito textualmente el punto 1b, aquel que trata sobre los deberes del militante: “Cumplir los estatutos, reglamentos y demás normas internas del partido, las instrucciones y directrices emanadas de sus órganos de gobierno y grupos institucionales y ajustar su actividad política a los principios, fines y programas del Partido Popular”.

 

Pueden, quienes quieran, defender que la Constitución admite, a través de alambicadas remisiones, que un magistrado sea militante. Incluso cabe defender que un magistrado del Constitucional no es juez y que, por lo tanto, está liberado de la prohibición de pertenecer a un partido. Pero difícilmente podrán sostener que los padres de la Carta Magna estarían de acuerdo con que el máximo árbitro de los derechos fundamentales de los españoles, milite a escondidas en un partido. La situación creada por Pérez de los Cobos es demencial y amenaza con contaminar el trabajo del tribunal que preside. ¿Cuántos recursos presentados por el PP y sus terminales gubernamentales han pasado por sus manos y le han tenido como ponente o votante sin que nadie en la sala supiese que era un militante de ese mismo partido? ¿Cómo se puede admitir que se aferre al puesto quien ha traicionado la confianza de sus propios compañeros? ¿Cómo dejar que siga como presidente del más alto tribunal quien aceptó cumplir estatutariamente con las directrices del partido que le otorgó luego el puesto?

Nunca hasta ahora, la práctica del Partido Popular (y de otras formaciones) de ocupar los puestos de responsabilidad de organismos arbitrales y teóricamente independientes había llegado tan lejos. Pérez de los Cobos, cuyos méritos técnicos nadie pone en duda, se presentó a sí mismo en el Senado, en el fallido examen para su aprobación como magistrado del Constitucional, como un “modesto profesor universitario”. Ahora se ha descubierto cuál era el secreto de su meteórica carrera. Y también ha quedado al descubierto la hipocresía de sus jefes de partido, que le enviaron como un experto independiente, cuando era su militante. Posiblemente este espectáculo le acompañe otro peor: el de su permanencia en el puesto, ajeno a la confianza traicionada, a la farsa creada en torno a su figura, al simulacro de una justicia a la que no le quedan ya máscaras con las que ocultar su deterioro ético.

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Fuente: El País.