Los dos últimos ex presidentes del Gobierno acaban de fichar como asesores de empresas reguladas, con unos jugosos sueldos de 200.000 y 130.000 euros, respectivamente. Unos ingresos a los que suman las rentas vitalicias que perciben como ex jefes de Gobierno y los beneficios que tienen con cargo a los presupuestos del Estado.

El mismo año en el que los pensionistas verán congeladas sus pensiones, los funcionarios recortados sus sueldos, todos los españoles sufrirán la mutilación de las inversiones públicas y muchos interinos de la administración se quedarán sin empleo, los ex presidentes del Gobierno han encontrado un nuevo maná en empresas reguladas y en el dinero público.

Felipe González ha fichado como consejero de Gas Natural, y José María Aznar, como asesor de Endesa. Unos cargos que apenas les exigirán una docena de días de trabajo al año y por los que percibirán las envidiables cifras de 130.000 y 200.000 euros anuales, respectivamente.

Estos ingresos, perfectamente lícitos y, como ocurre con cualquier contrato de una empresa privada, fruto de la ley de oferta y demanda, pierden su justificación moral cuando se recuerda que los ex presidentes del Gobierno gozan de una jugosa pensión vitalicia con cargo a los presupuestos generales, además de varios beneficios que se pagan con dinero público.

 Felipe González y José María Aznar recibirán este año casi 80.000 euros anuales como renta vitalicia, 10.000 euros menos que en 2010, debido al ajuste presupuestario que se ha hecho a todas las nóminas públicas, pero una cifra que les permitirá alcanzar los 210.000 y los 280.000 euros, respectivamente, de ingresos semipúblicos al sumar esta cantidad a sus recientes fichajes energéticos.

Además, cada ex presidente del Gobierno mantiene un coche oficial, servicios de guardaespaldas, dos empleados a sueldo del Estado, una dotación para gastos de oficina y alquiler de inmuebles y, en sus desplazamientos al extranjero, tienen derecho a los servicios de representación de la diplomacia española.

Suma y sigue, porque en caso de fallecimiento, sus viudas tienen derecho a seguir percibiendo la pensión vitalicia en su totalidad, frente al escueto 52% de la pensión del cónyuge que tienen reconocidas las viudas en el Régimen General de la Seguridad Social.

Otro aspecto que ha levantado ampollas de los fichajes de González y Aznar es el hecho de se trate de dos empresas energéticas, con tarifas reguladas por el Gobierno y, por tanto, donde la presencia de dos ex presidentes puede llegar a interpretarse como un conflicto de interés.

De hecho, durante los últimos meses, estas empresas han mantenido unas intensas negociaciones con el Gobierno, que desde algunos frentes se ha llegado a tachar como lobby, cuyos últimos frutos han sido una subida del luz del 9,8%; mientras que el gas se ha incrementado un 3,9%.

Crítica de la opinión pública

En las redes sociales hace tiempo que surgieron movimientos para erradicar las prebendas de los cargos públicos, como el grupo de Facebook "recogida de firmas para eliminar los sueldos vitalicios de los politicos", cuyo propio nombre deja claro por qué gran parte de la sociedad considera un escándalo los fichajes de Aznar y González.

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Fuente: eldiariomontanes.es

 La recompensa del poder

Políticos, banqueros y empresarios tejen una red de intereses, conocimientos y complicidades que, en ocasiones, se refleja en un camino de ida y vuelta. Un buen puñado de ministros de Aznar, y algunos de González, han pasado a empresas y consejos de administración tras dejar el cargo

La norma establece que los altos cargos de la Administración española deben respetar una moratoria de al menos dos años antes de ocuparse, en la esfera privada, de cuestiones en las que hubieran estado involucrados durante su paso por la vida pública. Max Otte, asesor del ministerio alemán de Economía, recuerda cómo, hace no tanto, los presidentes de las multinacionales alemanas guardaban turno ante el despacho del todopoderoso ministro (luego canciller) Ludwig Erhard para tratar de ganarse su favor. «Hoy son los ministros los que hacen cola para mendigar favores a banqueros y a presidentes de empresa», sostiene Otte.

En ese tráfico de ida y vuelta de atenciones, intereses y complicidades entre políticos, banqueros y empresarios surgen relaciones duraderas y se adquieren conocimientos que, luego, son 'recompensados' de maneras diversas.

Eduardo Serra, número 1 en la oposición a abogado del Estado en 1974, ministro de Defensa con Aznar entre 1996 y 2000 y alto cargo en ese mismo ministerio con gobiernos tanto de UCD como del PSOE, fue, en esos años, presidente de Cubiertas MZOV, de Peugeot-Talbot (de 1992 a 1996), de Airtel (hoy Vodafone) entre 1995 y 1996 y de UBS entre 2000 y 2006. Hoy es vicepresidente de Everis, una consultora multinacional de estrategia y negocios, y forma parte de diversos patronatos.

Aunque uno de los casos más sobresalientes de inmersión de un político en la empresa privada lleva el nombre de Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo con el PP y que hoy ocupa el cargo de adjunto al secretario general de Teléfonica con un sueldo estimado entre los 500.000 y los 600.000 euros. Zaplana es también consejero de Telefónica 02 Europe y de O2 República Checa.

Rodrigo Rato, vicepresidente y ministro de Economía con Aznar, abandonó antes de tiempo la dirección del Fondo Monetario Internacional (donde recibía un salario de unos 310.000 euros al año) para incorporarse como director gerente de inversiones bancarias y asesor de Lazard, banco de inversiones francoamericano, con despacho en Madrid y Londres y donde cobra 2,7 millones de euros al año. Al tiempo, asesora al Banco Santander con una nómina de 200.000 euros (130.000 de base y otros 70.000 por su asistencia a dos reuniones del consejo internacional del banco). En el consejo del Santander, Rato coincide con la antigua ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino.

También Josep Piqué, ministro de Industria, Exteriores y Ciencia y Tecnología en distintos gabinetes de Aznar, se ha volcado en la empresa privada. El que fuera presidente de Ercros hasta 1996 y miembro del consejo asesor de la constructora catalana Copisa (con intereses inversores en Rumanía y Libia) es ahora presidente de la compañía aérea de bajo coste Vueling.

Libros, vino y energía 

Sin embargo, no todos los antiguos ministros han seguido la misma línea. El dimisionario ministro de Trabajo Manuel Pimentel optó, tras dejar su cargo en marzo de 2003 en desacuerdo con la intervención de España en la guerra de Irak, por volver sus ojos hacia el mundo de la edición. Ingeniero agrónomo, licenciado en Derecho y diplomado en Dirección de Empresas, Pimentel fundó las editoriales Almuzara y Berenice. En la primera fue editor de 'Entre limones', del antiguo batería de Génesis, Chris Stewart. Pimentel es también presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

Entre los ministros socialistas que han hecho carrera en la empresa privada destaca la presencia de Miguel Boyer, exministro de Economía y responsable de la expropiación de Rumasa: ocupó la presidencia del Banco Exterior (Argentaria, hoy la A del BBVA) y de Cartera Central, además de asesorar a Fomento de Construcciones y Contratas y de presidir la Compañía Logística de Hidrocarburos. A esta última también estuvo ligado Luis Atienza (ministro de Agricultura con González), quien, tras trabajar como consultor en asuntos energéticos y fundar una bodega, ocupa desde 2004 la presidencia de Red Eléctrica Española. Narcís Serra, el político catalán que fue ministro de Defensa, presidió hasta hace dos meses Caixa Catalunya. Y Juan Manuel Eguiagaray forma parte del consejo del consorcio europeo de aeronáutica EADS-CASA y es asesor de Arco Valoraciones.

Son solo unos ejemplos

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Fuente:

 http://www.eldiariomontanes.es/v/20110112/sociedad/destacados/recompensa-poder-20110112.html