Si por “sistema” entendemos el marco establecido en la Constitución Española de 1978, habremos de entender como “antisistema” a todos los que se oponen al mismo y a los que tratan de anular sus efectos garantistas para lograr que las políticas antisociales que pergeñan no reciban una contestación ciudadana visible en las calles del país.
Entre ellos hay que incluir, por supuesto, a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que en octubre de 2012 hablaba de “modular” el derecho de manifestación; al eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja, que ese mismo mes hablaba de limitar el derecho a la información periodística sobre movilizaciones sociales; o a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que en noviembre se mostraba partidaria de prohibir las huelgas generales, por considerarlas “políticas”, de acuerdo con lo dispuesto en un decreto franquista anterior a la aprobación de nuestra Carta Magna.
El actual presidente madrileño, Ignacio González, tomó ayer el relevo de su antecesora al reclamar una regulación restrictiva del derecho a la huelga al considerar que se está realizando un “uso abusivo” del mismo. González cometió también la indecencia de tratar de que los trabajadores se enfrenten entre sí, al contraponer el buen convenio del que disfruta la plantilla del Metro de Madrid (ahora en huelga) con muchos trabajadores madrileños que “han visto reducidas sus jornadas, han perdido su empleo y han visto reducido de manera muy importante su sueldo”.
Olvidó decir el presidente madrileño que estas tragedias cotidianas que ciertamente sufren muchos trabajadores en la Comunidad de Madrid y en el resto del Estado, no son responsabilidad de los trabajadores del Metro de Madrid y de la mejora de sus condiciones laborales y salariales que éstos han ido consiguiendo convenio tras convenio, sino de aquellos empresarios y gobernantes que ahora se atreven a meter la mano en los bolsillos de trabajadores, pensionistas y dependientes para pagar los platos rotos de una crisis inmobiliario–financiera generada en las altas esferas económicas del país.
Pero lo peor es que este presidente de segundo plato se atrevió a llamar “insolidarios e injustos” a los sindicatos convocantes de los paros en el Metro, en la sanidad pública madrileña y en Telemadrid, justo el mismo día en que su Partido Popular aclaraba en el Congreso que no tiene intención de subir la actual fiscalidad de las sociedades de inversión de capital variable (1%) por miedo a que se deslocalicen hacia otros países de la UE.
Argumentos como éstos son los que nunca debería decir en público un presunto representante del pueblo, sobre todo si tenemos en cuenta que ha costado muy poco imponer desde Bruselas las medidas antisociales que han abaratado el despido, alargado la edad de jubilación, recortado el gasto público y cercenado el ejercicio práctico de muchos derechos sociales. En cambio, parece misión imposible alcanzar una armonización fiscal o una mutualización de la deuda, incluso después de que los países de la Eurozona hayan renunciado a seguir ejerciendo sus propias políticas monetarias.
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Fuente: Crónica de Aragón