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 Primero fueron las sucesivas reformas del mercado laboral, después los recortes en aras del Pacto de Estabilidad, y a continuación la reforma constitucional para priorizar el pago de una deuda que en su mayor porcentaje es ilegítima.
Y ahora, tras comprobar que el paro aumenta, y con él la pérdida de horizonte para la juventud española con un 53 por ciento de desempleo, viene la nueva consigna para calmar a los mercados: el adelgazamiento de la estructura del Estado.
Se obvian, a la hora del análisis, el aumento de los desempleados públicos como consecuencia de los recortes, la falta total de perspectivas para una economía que no ha sabido o querido trabajar seriamente para otro modelo que no fuera el ladrillo y la explotación de una mano de obra barata.
Ya no quieren acordarse del fervor con el que aplaudieron la involución legal y social so capa de que las nuevas reformas traerían la recuperación. Siguen obstinados en el dogmatismo de que la confianza de los mercados es la única que puede devolvernos a la senda del empleo (el empleo, siempre el empleo, aunque sea abaratando el despido, facilitando los ERE, degradando las relaciones laborales y volviendo al siglo XIX).
Ahora le toca al Estado. Y lo hacen falsificando datos, como incluir en el colectivo de políticos otras categorías que no lo son; olvidando que la privatización de servicios públicos no garantiza, en absoluto, su calidad ni tampoco unas condiciones laborales concordes con el texto constitucional de 1978. Y lo hacen quienes en los momentos dorados del europeísmo de guardarropía no denunciaron las sabrosas subvenciones del Estado, la proliferación de cargos de confianza, la reduplicación de funciones en las tres Administraciones de ese Estado, los gastos faraónicos y las operaciones bursátiles, urbanísticas y de intermediación perfectamente incursas en el Código Penal.
Racionalicemos el Estado, de acuerdo, empecemos por ponerlo al servicio de los derechos humanos y la democracia.
Julio Anguita. Excoordinador general de IU.
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Fuente: El Economista |
