Se cumplen en estos días 28 años del secuestro, tortura, asesinato y entierro en cal viva de los nacionalistas vascos José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano. Un año antes, exactamente el 28 de octubre de 1982, había obtenido mayoría absoluta en las elecciones generales el partido Pseudo Socialista Obrero Español (PSOE). Su padrino, Felipe González, no sabía nada de lo que hacían los componentes de la honorable compañía para financiarse y para oponerse a la lucha armada de los nacionalistas vascos. Por eso afirmó chulescamente: “No he recibido ni un duro ni una peseta, ni de Flick ni de Flock.” Decía la verdad, por una vez, ya que no eran un duro ni una peseta, sino un millón de marcos los recibidos del consorcio alemán Flick, antiguo colaborador del nazismo, condenado en Nuremberg.

Tampoco se enteró el padrino González de la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) por su ministro del Interior, el compañero José Barrionuevo, el 29 de abril de 1983, para combatir en Francia a los nacionalistas vascos exiliados. El 16 de octubre comenzaron su carrera criminal, con el secuestro de Lasa y Zabala, que se hallaban en Bayona tramitando la petición de asilo político, al estar perseguidos por el Gobierno español a causa de su ideología.

Hace ahora 28 años Lasa y Zabala fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, en donde fueron “hábilmente interrogados”, según la terminología oficial de la Policía, para que dieran nombres y direcciones de otros compañeros exiliados. Las torturas llegaron a ser tan crueles que fallecieron, por lo que resultaba imposible decir que se habían suicidado en la cárcel, según comentario habitual de la Policía. Trasladados sus cadáveres en secreto a un pasaje solitario de Busot (Alicante), se los enterró en cal viva para hacerlos desaparecer.

Casualmente sus restos fueron hallados en enero de 1985, y se inició una investigación, concluida por la Audiencia Nacional el 27 de abril de 2000 con la condena al general de la Guardia Civil Enrique Domínguez Galindo, al teniente coronel Ángel Vaquero, a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, y al compañero Julen Elgorriaga, gobernador civil de Gipuzkoa. Recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo, incrementó las penas a 71 y 75 años de cárcel. Fueron confirmadas por el Tribunal Constitucional en 2002, y por el Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en 2010. Nadie puede poner en duda la culpabilidad de los condenados, pero sí es deducible que no han sido juzgados sus superiores.

Todo el reino se ha conmovido estos días al ver al compañero Alfredo, o P., o Rubalcaba Sí Sabe Sí Contesta, llorar mientras abrazaba a unos familiares de muertos en atentados. Desde entonces sus compañeros madrileños ya no le apodan Ratón Pérez, sino Cocodrilo Pérez. Sin embargo, el gesto que los electores esperamos de él es que acuda a llorar con los familiares de Lasa y Zabala, y les pida perdón por el crimen cometido por su partido mafioso cuando lo presidía su padrino González, el que ahora le apoya en sus mítines hacia el batacazo final. Tenemos memoria.