Todas las poblaciones españolas están siendo afectadas desde hace tiempo por la incontrolada subida de los precios de los alquileres, tanto de viviendas como de locales de negocio. Desde luego no es un problema exclusivamente nuestro, afecta a medio mundo. Grandes compañías inmobiliarias y fondos de inversión multinacionales vienen efectuando compras masivas de inmuebles, bien para dedicarlos al alquiler o bien a la especulación pura y dura, actuaciones que no solo se permiten, sino que son vistas con buenos ojos por los gobiernos de turno, siempre a las órdenes del gran capital, de esos "mercados" todopoderosos a los que se invocaba al inicio de la última crisis económica. Por otro lado, y paralelamente, los propietarios independientes de viviendas y locales se han apuntado entusiastamente a las subidas de precios. Unos precios que parecen no encontrar un límite, olvidándose por los politicos que estamos hablando de un bien de primera necesidad como es la vivienda.

MUNICIPALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

No basta con una disposición impuesta por las circunstancias para abaratar temporalmente el alquiler de las casas de vecindad. Es preciso una honda transformación en el régimen de la riqueza urbana para que la baratura de la vivienda alcance a todos y sea permanente.

Nos parece muy bien lo que el Gobierno ha hecho para beneficiar de momento a los vecinos de modesta condición económica. Mejor nos parecería — repetidamente lo hemos dicho — la inmediata aparición en la “Gaceta” de un nuevo decreto complementario del publicado el día 2 para la rebaja en un 50 por 100 del precio de alquiler de los pisos que no renten más de 200 pesetas mensuales. Urge esa disposición, en virtud de la cual llegue el beneficio de la rebaja a vecinos pobres, que, sin embargo, se ven obligados, por exigencias de su profesión. Se ven obligados a pagar 250 o 300 pesetas por arrendamiento de tienda o vivienda, y se subsane el gran error de gravar al pequeño propietario, al extremo de sumirle en la miseria y de dejar intactos los considerables intereses de los caseros ricos.

Pero después de rectificados errores, que el deseo plausible de precipitar el beneficio al vecindario de las clases populares explica y justifica, es indispensable estudiar y llevar a la práctica cuanto antes una transformación de la riqueza urbana, ventajosa para todos los alquiladores y lo menos lesiva posible para los propietarios.

Para nosotros, el régimen más racional y de más rápida y fácil realización es el de municipalizar la vivienda. A grandes rasgos expondremos sus ventajas y nos referiremos a su implantación para que los técnicos recojan y estudien la idea y nuestro Ayuntamiento la tome en consideración.

Se trata, desde luego, de un asunto de gran volumen y extraordinaria importancia, para el desarrollo del cual habría que empezar por establecer un Banco municipal, encargado de la compra de todas las fincas urbanas de la ciudad, de su administración, de las futuras construcciones, etc. Este Banco tendría como capital inicial el que representa el conjunto de las fianzas de los inquilinos.

Las fincas serían adquiridas por el valor que constase en la última escritura de compra, con lo que si hubiese ocultaciones, y en muchos casos es muy posible que las haya, el propietario defraudador sufriría un justo castigo por su turbio proceder. Para la adquisición se emitiría un papel cotizable en Bolsa, a la par, y representativo del capital correspondiente a cada propietario, que cobraría un interés prudencial, desde luego mucho menor que el obtenido con los altos alquileres a costa de los arrendadores. Este papel sería también entregado al Banco Hipotecario,  librando así a las fincas de hipotecas, y considerando a aquel, en la parte que le correspondiera, como uno de tantos propietarios. 

La municipalización de la vivienda, así planteada, traería consigo la creación de una burocracia que resolvería en gran parte la precaria situación de la clase media, brindándole empleos de los que hoy carece, el abaratamiento de todos los alquileres, ya que con ella terminaría el abuso, en muchos casos indignante, de la propiedad particular y la desaparición del antipático impuesto del inquilinato. 

Municipalizada la vivienda, en poder del Ayuntamiento toda la riqueza urbana, los servicios de las casa serían municipales, naturalmente: los administradores, los porteros, que tendrían una autoridad delegada y constituirían una guardia de tipo urbano, muy conveniente como auxiliar de la policía gubernativa.

A estas ventajas se unirían las de la construcción de casas económicas e higiénicas, bien por el Ayuntamiento o por iniciativa particular, por medio de préstamos del Banco municipal y para adquisición del papel negociable y devengador de intereses.

El ensayo de la municipalización, que bien planteado y dirigido no podría fracasar, habría de hacerse en Madrid y en otras grandes capitales, para después extenderlo a la provincia y a la región. Estas revoluciones y otras no menos hondas las está reclamando la abandonada economía nacional desde la implantación de la República. Ya es hora de que se haga.