La protección del partido del Gobierno frente a una investigación judicial de dicho partido y el intento de frustrar una posible formación de gobierno haciendo uso de la policía, en el caso de ser confirmadas, deberían conducir a la disolución del PP

"Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales", dice el artículo 22.2 de la Constitución. Dicho precepto se reproduce en el artículo 2.7 de la LO 1/2002, reguladora del derecho de asociación y a él se remite el artículo 10.2.a de la LO 6/2002, de partidos políticos.

En la Constitución es la única causa que se contempla de suspensión o disolución de un partido político. Y, como no podía ser de otra manera, es la primera que se contempla también en la ley de partidos. Después, se contemplan otras de naturaleza no penal. Pero la primera y la única que tiene un fundamento constitucional inequívoco es la de naturaleza penal. Una democracia no puede convivir con partidos políticos que se constituyan para perseguir fines o utilizar medios tipificados como delitos, aunque, obviamente, encubran dichas finalidades en los estatutos que depositan en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior.

A la luz de la información que se ha ido acumulando desde hace ya bastantes años, ¿puede aceptarse que el PP pueda formar parte del sistema de partidos de la democracia española? El número de conductas de altísimos dirigentes del PP, que han sido, además, ministros, presidentes de Comunidades Autónomas, alcaldes o presidente de Diputaciones Provinciales, que están residenciadas ante diferentes tribunales de justicia es lo suficientemente elevado como para que los ciudadanos puedan interrogarse legítimamente si realmente el PP es un partido político o es un asociación de malhechores, que hace uso de las prerrogativas que el ordenamiento concede a los partidos políticos en cuanto asociaciones de relevancia constitucional (art. 6 CE), para fines que no tienen nada que ver con lo que la Constitución y el legislador previó al reconocerlos de esta manera.

No tengo la menor duda de que la mayoría de los militantes del PP y la inmensa mayoría de sus votantes no han participado en esas operaciones delictivas y están teniendo conocimiento de las mismas como lo estamos teniendo los demás ciudadanos. Pero tampoco tengo que dudas de que lo que podríamos denominar el "núcleo duro" del PP sí ha participado. Porque, además, como cualquier sociólogo del derecho sabe, las conductas constitutivas de delito en una asociación que acaban en los tribunales no son todas las que se produce, sino un número relativamente reducido de ellas.

En mi opinión, la información que tenemos desde hace años debería haber sido suficiente para que la Fiscalía General del Estado iniciara hace ya tiempo una investigación. Un partido político es una asociación clave para el proceso de formación de la voluntad general y, por lo tanto, el control de los fines que persigue y los medios que utiliza es indispensable para que la voluntad general no se constituya de manera viciada. Con la información que se ha ido acumulando en múltiples procesos judiciales existen indicios que apuntan a que el PP lleva mucho tiempo actuando fuera de la ley.

Las últimas informaciones apuntan ya directamente a la Presidencia del Gobierno bajo Mariano Rajoy y al Ministerio de Interior con Jorge Fernández Díaz. Se trata, nada menos, que de la protección del PP frente a la investigación judicial de la trama Gürtel, con la utilización de la policía sin control judicial y la utilización de fondos reservados para pagar al chófer de Luis Bárcenas con la finalidad de obtener las pruebas en poder del ex tesorero, que pudieran ser incriminatorias para el partido o de la puesta en marcha de una operación de acoso contra el Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, con la finalidad de frustrar una posible fórmula para la formación de Gobierno.

Ambas operaciones no puede haberse iniciado y desarrollado sin el conocimiento del Presidente del Gobierno y del Ministro. La protección del partido del Gobierno frente a una investigación judicial de dicho partido y el intento de frustrar una posible formación de gobierno haciendo uso de la policía, en el caso de ser confirmadas, deberían conducir a la disolución del PP, aparte de la responsabilidad penal para el expresidente Mariano Rajoy y el exministro Jorge Fernández Díaz.

La democracia española necesita que haya una sentencia judicial en la que se decida si el PP tiene cabida en ella o no. No se podría tolerar que un partido que ha actuado de la forma en que lo ha venido haciendo, pudiera seguir operando en el sistema político español.

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Fuente: El Diario