Hace apenas unas horas caía en nuestras manos la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que daba respuesta a años de pelea para defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas. Apenas 24 horas después, el mismo tribunal, en una decisión inaudita, ha decidido paralizar la sentencia con el fin de revisarla. Saber el terreno en el que nos movemos es importante, puesto que el propio TS señala como motivo para paralizar su propia decisión el impacto de “su enorme repercusión económica y social”. Curioso giro de última hora del tribunal, que toma en consideración las posibles consecuencias para las entidades bancarias en detrimento de las ciudadanas y ciudadanos.

Es conveniente destacar que la sentencia dicta que a partir de ahora deberán ser los bancos quienes asuman los impuestos derivados de escriturar las hipotecas y que debería tener una retroactividad de aplicación de al menos 4 años. Lo que traducido en dinero contante y sonante supone que cada familia se ahorraría de media entre 1.000 y 2.500 euros cuando fueran a escriturar su hipoteca, ya que en la práctica serían las entidades bancarias quienes deberían hacerse cargo de sufragar ese gasto, o en su caso podrían reclamar la devolución de lo que tuvieron que pagar en su momento.

Hagamos memoria para saber cuál es el punto de partida. Rivas es un pueblo de la Comunidad de Madrid en el que vivimos 85.000 personas, y que gobierna Izquierda Unida desde el año 1992. Nuestra lucha por la defensa de lo público, durante décadas, se ha mantenido infranqueable en los tiempos más duros de la crisis. Por ello, si de algo nos sentimos orgullosas es de haber defendido nuestras empresas públicas frente a la ola liquidadora derivada de las políticas de recorte del Partido Popular y de haber luchado por mantenerlas a flote, por ser un instrumento clave del despliegue de políticas públicas y garantía de distribución justa de recursos. Precisamente, este instrumento es el que nos ha permitido litigar hasta el punto de conseguir un cambio de tal envergadura.

Por ello es necesario señalar que esta andadura se remonta al año 2015, cuando desde la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) esgrimíamos ante la justicia que nuestra demanda estaba impulsada por una cuestión de sentido común: si son los bancos quienes están interesados en acudir a un notario para poder registrar las hipotecas, deberían ser ellos quienes se hicieran cargo de los gastos asociados a este acto, puesto que las familias bastante tenemos con soportar las cargas de las hipotecas. Nuevamente una necesidad de los bancos convertida en obligación comunal.

En este contexto debemos reconocer que recurrir a este camino desde el gobierno local no ha sido una decisión neutral, teniendo en cuenta que como empresa pública promotora de planes de vivienda pública, ha supuesto durante años una provisión de fondos que en cualquier caso salían del bolsillo de nuestros vecinos y vecinas, todo ello para hacer frente al pago de un acto que nada tenía que ver con el interés general, sino exclusivamente con un atajo para los bancos. En última instancia ha sido una cuestión de justicia dar la pelea en este sentido. Más aun cuando la norma desarrollaba una la ley con un enfoque sesgado que ha permitido que se beneficiara a los bancos a costa del esfuerzo de las familias trabajadoras. Otro peaje que estábamos pagando quienes queríamos adquirir una vivienda.

El resto de la historia la conocéis. Ahora hay una sentencia del Tribunal Supremo a favor de los intereses de todos y todas, lo que significa básicamente que los bancos deberán devolvernos el dinero de un trámite que nunca debimos asumir. Además, a partir de ahora y en adelante, no podrán imponer que sufraguemos este gasto, algo que no sólo afecta a quienes viven en Rivas, sino que va a beneficiar a millones de personas de este país. Por supuesto, la consecuencia inmediata no se ha hecho esperar y, en las horas posteriores a la publicación de la sentencia, la Bolsa se resentía y los valores de las entidades bancarias bajaban. Las preguntas son inevitables: ¿Qué clase de sistema se resiente cuando una condena ejemplar falla a favor del interés general? ¿Qué clase de Justicia paraliza una sentencia que nos beneficia a todas?

Debemos recordar que el fondo de este asunto tiene que ver con una apropiación indebida de recursos por parte de la banca, con un modelo que permite hacer interpretaciones arbitraras siempre a favor de los mismos, las corporaciones, los oligopolios y las entidades bancarias. Reglas del juego diseñadas para que los bolsillos de la gente trabajadora paguen. Al igual que ya sucediera con el rescate bancario.

No puedo evitar sentir un orgullo inmenso al mirar hacia atrás y recordar alguna de las decisiones que nos han traído hasta aquí, impulsadas siempre por la firmeza en defender lo público. Esta sentencia demuestra que Goliat no siempre gana, que somos pequeñas pero que unidas, golpeando juntas, podemos llegar lejos. Nos demuestra que desde el municipalismo podemos encontrar las grietas que ponen en evidencia que este modelo no está sirviendo para sustentar los proyectos de vida de las capas populares y trabajadoras del país. Que aquel viejo sueño de Robin Hood, hoy se ha hecho realidad.

Sira Rego es Portavoz de la dirección federal de IU y Segunda Teniente de Alcalde de Rivas Vaciamadrid

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Fuente:  Cuarto Poder