Asistimos estos días al desenmascaramiento del Poder Judicial como un instrumento del Poder Político.  Fiscales, Jueces y Órganos Supremos de Apelación aparecen ante nosotros como una prolongación del Ejecutivo. Plegados, obedientes y jugando un papel subordinado a los puros y simple intereses de una determinada y extractiva capa de nuestra sociedad. Es un poder hecho a la medida de la “democracia” para delincuentes y ricos en la que vivimos.

Es una “justicia” que mantiene en libertad a personas como Rato o Urdangarín mientras sostiene presos a dirigentes nacionalistas o líderes civiles. Que condena a dos años de cárcel a jóvenes músicos, casi niños,  por el delito de hacer letras que molestan a los que gobiernan o que mantiene durante más de un año en duras condiciones a otros jóvenes que se pelearon en un bar de madrugada con dos guardias civiles.

Es una “justicia” que acepta sin remilgos ser  la “solución” de un conflicto político en una nacionalidad histórica, descabezando o reduciendo a presidio a una de las partes en conflicto. Que libera y mantiene “in illo témpore” en libertad a terroristas de derechas  que destrozaron en Madrid la librería  Blanquerna, de encerrar a titiriteros o de tardar años y años en juzgar a miles de casos de miles de corruptos.

Es una justicia para los ricos, los grandes defraudadores, los ladrones en serie o los partidos mal llamados “constitucionalistas”.

El PP diseñó una elaborada estrategia para copar el Poder Judicial y se introdujo mediante militantes o compras en la esencia. Mueve, nombra, cambia, cesa o degrada jueces, fiscales, supremos, constitucionales…en función de sus variopintos intereses o para la esencial labor de tapar  la enormidad de sus casos de corrupción y del carácter franquista de su ejecutoria.

Siempre que el Gobierno se beneficia de algún acto escandaloso de la administración de Justicia, Rajoy y sus ministros, perfectamente aleccionados,  hablan de “la independencia del Poder Judicial” y de su “enorme” respeto por la Ley.

Un “respeto” que ni tan siquiera es empírico o conceptual, porque sólo con que una decisión le sea contraria ya critican, maniobran o manipulan, cesando, destituyendo o renombrando.

La Fiscalía General del Estado es una prolongación de sus decisiones, ideología o intereses. El actual estado de la Justicia es prácticamente calcado de la Justicia franquista.  La alabada “Transición” mantuvo intacta la jerarquía y la estructura judicial. Se sirve a los intereses de las grandes fortunas, las grandes familias o las grandes empresas. Un fraude de las proporciones colectivas de las “Preferentes” no ha acabado con ningún culpable condenado y muchos menos privado de libertad.

El propio presidente del CGPJ lo dice: “esta es una Justicia para robagallinas”.  La también alabada Constitución de 1.978 no ha hecho nada, o menos que nada, para cambiar este estado de cosas.

Los “robagallinas” transmutados por los millones que roban, nos gobiernan. La Ley no es la ley, es “su” Ley.

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Fuente: Blog de Lucas León Simón