A 300 kilómetros del Ebro, en el Ayuntamiento de Madrid, se acaba de sufrir una réplica del movimiento sísmico-político desatado en Cataluña. La voluntad interventora, esto es, recentralizadora y autoritaria, del Gobierno del PP se ha manifestado también en Madrid, apenas dos semanas después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat y al Parlament. Aviso para navegantes, parece que quiere decir el Gobierno: una vez se abre la puerta a la intervención fiscalizadora de la Administración central, parece difícil entornarla.

Esta intervención soft del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid hay que verla desde dos perspectivas. Primero, el ministro Montoro aplica la ley de forma totalmente arbitraria, pues hay más de 600 ayuntamientos en nuestro país que incumplen la regla de gasto. Este factor introduce un sesgo político e ideológico a la hora de examinar las decisiones del Ministerio de Hacienda, lo cual es muy preocupante para la salud de nuestra democracia. 

Si una administración central trata de forma desigual al conjunto de sus administraciones locales y autonómicas, está incumpliendo uno de los principios constitucionales, el artículo 14: todos los españoles son iguales ante la ley. No puede ser que los madrileños, por haber votado a una alcaldesa progresista, vean reducidos sus niveles de gasto público municipal, más cuando el comportamiento presupuestario del Ayuntamiento de Madrid durante estos dos años ha sido todo menos manirroto, sin desatender además crecientes necesidades sociales como en el caso de las escuelas infantiles.

Carmena ha reducido la deuda en más de 2.000 millones de euros, un 40% del total del débito al que había llevado al consistorio la ruinosa gestión de los anteriores alcaldes del PP; y ha alcanzado un superávit presupuestario de 1.000 millones de euros. Que la intervención de Hacienda se anuncie coincidiendo con la confirmación, por parte del jefe de la UDEF y en el Congreso, de que Rajoy cobró sueldos en dinero B, solo añade sarcasmo y amargura a la medida de Montoro. 

En segundo lugar, la intervención desafía además la ilógica lógica económica de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta norma, hay que recordarlo, es un desarrollo legislativo de la reforma constitucional pactada en agosto de 2010 por el PSOE y el PP al cambiar el artículo 135 de la CE. Aunque la ley fue finalmente aprobada en 2012 solo con los votos a favor del PP, CiU, UPyD y UPN, la Ley de Estabilidad Presupuestaria da continuidad a la absurda senda ideológica del “déficit cero” de las administraciones públicas que se inició con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) adoptado por el Consejo de la Unión Europea hace ya veinte años. 

En nuestro país, la Ley de Estabilidad Presupuestaria elevó a rango normativo una parte importante de los componentes de la ideología neoliberal, cuyo principal objetivo es socavar el Estado del Bienestar, a pesar de sus importantes limitaciones metodológicas y empíricas.

La equivocada interpretación ideológica que impregna esta ley, en contra de toda la teoría de la Hacienda Pública, parte de la consideración de que la estabilidad o el superávit presupuestario son las situaciones de equilibrio ideales de las administraciones públicas. Ello supone negar al Estado la capacidad de actuar con medidas contracíclicas en situaciones de crisis (los efectos de las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial ya los hemos visto: una década perdida), pero también de financiar infraestructuras productivas y sociales que requieren inversiones plurianuales y, por tanto, un endeudamiento público. Keynes, arrojado al rincón de la Historia.

Hay que recordar también que la democracia representativa surgió hace varios siglos, a través de los parlamentos, como una forma de participar en la elaboración del presupuesto público, que hasta entonces era una potestad reservada al rey. Si el nivel de endeudamiento, y consecuentemente el nivel de gasto público, de una administración pública no puede ser decidido por sus ciudadanos, se rompe un principio básico de la democracia representativa. Esta ley permite entronizar a un sofisticado aparato econométrico inspirado en supuestos y teorías falsas, como un nuevo rey absoluto que está por encima de la voluntad ciudadana. 

La regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que “los gastos no podrán superar la  tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española”. En España es habitual que en épocas de crecimiento los impuestos crezcan más que el PIB, por lo que la aplicación de esta ley llevará a que el gasto público crezca siempre por debajo del incremento de los ingresos, con lo que se pretende, de hecho, reducir paulatinamente el tamaño del sector público. 

La ley en su conjunto, y la regla de gasto en concreto, tienen como principal objetivo impedir el crecimiento del Estado del Bienestar sin que la opinión de los ciudadanos resulte relevante a tales efectos. Ya surgirán tecnócratas que, inspirándose en los sacerdotes preconciliares que hablaban en latín para que no les entendiese el vulgo, se dirigirán a la población para explicarles aquellas fórmulas matemáticas que impiden que se abran nuevos colegios para sus hijas e hijos, mejores residencias de ancianos para sus madres y padres, nuevos hospitales públicos, plantas de energía solar... El Leviatán neoliberal nunca descansa.

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Fuente: CTXT

Viñeta/Caricatura de Luis Grañena

LUIS GRAÑENA