Venezuela es un estado democrático, a pesar de los ataques que sufre por parte de los sucesivos gobiernos españoles y de los medios de comunicación cómplices. En los 16 años que lleva el Gobierno Bolivariano ha habido 19 elecciones de las que sólo ha perdido una. Todos los comicios han sido vigilados por observadores internacionales (ONU, UNASUR, UE,...) y han coincidido en la limpieza de los resultados. Es más la constitución venezolana recoge aspectos avanzados que la nuestra no contempla. Por ejemplo revocar un cargo público mediante referéndum, incluido el presidente del gobierno o convocar un referéndum vinculante para el Gobierno.

¿Qué pensaría y cómo actuaría nuestro Gobierno si un país extranjero hubiera pedido la liberación de terroristas o de los golpistas del 23F? Hubiera sido un escándalo, tachado al país de antidemocrático y posiblemente llevado el caso a instancias internacionales. Bien, pues estos es lo que hecho el Congreso de los Diputados. En su reunión del pasado 14 de Abril, con los votos del PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV (en contra toda la izquierda) se aprobó una resolución para pedir al gobierno venezolano la liberación de los "pacíficos opositores injustamente encarcelados", los señores Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. Antonio Ledesma era Gobernador de Caracas y Carlos Andrés Pérez, Presidente del Gobierno, cuando las fuerzas de seguridad, en una violenta represión dispararon con fuego real contra una manifestación pacífica en Caracas que protestaba contra la subida del transporte y de los alimentos. Murieron 3.000 personas. Era febrero de 1989 (caracazo). El entonces presidente del gobierno español, Felipe González, apoyó a su par, Carlos Andrés Pérez y le ofreció 600 millones de dólares para "ayudarle en esos críticos momentos" (El País, 2-3-89). Los señores Ledezma y López ya participaron en el frustrado golpe de estado de 2002 (apoyado por el gobierno de Aznar) y son los cabecillas de la situación de violencia callejera alentada por sectores terroristas (guarimba) de la oposición (Febrero de 2014) para desestabilizar al Gobierno del Presidente democrático, Nicolás Maduro. Costó la vida a 43 personas y múltiples daños en edificios públicos. Ellos son los instigadores del último intento de golpe de estado (Febrero 2015), apoyados por la extrema derecha y la oligarquía con la ayuda de los gobiernos, las grandes corporaciones y medios de comunicación norteamericanos y europeos. Su objetivo: frenar el proceso revolucionario abierto en 1998 con la elección del presidente Hugo Chávez.

El expresidente del gobierno, Felipe González, se ha postulado para ejercer de abogado de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Defender a estos personajes que la justicia venezolana juzgará por delitos gravísimos contra la seguridad del estado encaja perfectamente con su perfil de presidente. Era íntimo amigo de Carlos Andrés Pérez, condenado a dos años y cuatro meses de arresto por Corte Suprema de Justicia acusado de malversación de fondos públicos y fraude. Como presidente no nos dejó un legado muy digno: nos metió en la OTAN, dilapidó una parte importante del sector público (70 empresas), su partido se financió de forma ilegal y permitió la corrupción (Caso Filesa, Vera, Guerra y Roldán), recurrió a terrorismo de estado (GAL) y, sin ser un experto en energía, es colocado de consejero en Gas Natural para pagarle las privatizaciones (puerta giratoria).

Otro expresidente, José María Aznar, le va a la zaga. Quiere dar lecciones de dignidad y honradez, acusando a Podemos de financiación ilegal por el chavismo. Sabe todo el país que las cuentas de están partido están claras (se financia de sus militantes y simpatizantes). Si no fuera así, ya estaría en los tribunales, porque el acoso del PP hacia este partido, ante el miedo a perder su poder y temor a que se levanten las alfombras de la corrupción, se está volviendo enfermizo. Pero este señor que nos metió en una guerra ilegal, cuyas consecuencias padecen todavía los iraquíes, que privatizó las principales compañías de 11 sectores fundamentales de la economía española (Gas Natural. Telefónica, Tabacalera, Endesa, Repsol, Argentaria, Red Eléctrica, Aceralia, Casa, Iberia), que está salpicado por la corrupción (Gürtel, Bárcenas), que su partido se ha estado financiando de forma ilegal las últimas décadas, que los sobres con dinero negro han corrido en el PP, que liberalizó el suelo posibilitando la burbuja inmobiliaria y que hizo una reforma del subsidio de desempleo (decretazo) le supuso afrontar una huelga general (2002) convocada por todos los sindicatos. Al final, otro experto en energía, acabó de Consejero en Endesa (puerta giratoria).

Por último, no quiero dejar de comentar a la aspirante a Alcaldesa de Madrid por el PP, Esperanza Aguirre. Ella misma se retrata ante la opinión pública, utilizando un lenguaje soez y barriobajero en su confrontación con Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid, acusándola de sintonía con ETA. Cuando no se es capaz de ofrecer argumentos y propuestas, los ataques personales son la respuesta de la insensatez y la incoherencia. Esta señora, ahora lo sabemos, que cobró 30.000 € mensuales (369.000 € al año) por trabajar de "cazatalentos" para una empresa privada, no resulta muy convincente en una actividad que ha dilapidado como Presidenta del PP de Madrid al elegir los "talentos" de su formación en puestos importantes de responsabilidad que han resultado imputados por casos de corrupción (Ignacio González, Francisco Granados, Lucía Figar). Algún día se descubrirá si ese sueldazo tiene alguna relación con puertas giratorias. A exigencia de Esperanza Aguirre, el PP ha sido muy diligente para intentar descubrir de dónde ha salido la filtración de su renta de 2013 ¡Ojalá hubieran actuado para otras filtraciones (Juan Carlos Monedero) que el PP ha utilizado para denigrarlo!

Juan García Ballesteros es Presidente del Colectivo Prometeo y miembro del FCSM