“Quienes pensamos que la forma legítima de resolver problemas políticos es votar, no tendríamos ningún inconveniente en que tal votación se pudiera llevar a cabo digan lo que digan los tribunales constitucionales.”.

Como era de esperar la consulta catalana ha durado jurídicamente cinco minutos. Con urgencias dignas de mejores causas tuvimos informe del Consejo de Estado, reunión del Consejo de Ministros, recurso del gobierno, pleno del Tribunal Constitucional, admisión a trámite del recurso y suspensión de la consulta en 24 horas. Era obvio que con este trámite administrativo el Gobierno intentaría acabar con el problema catalán y aquí estamos.

Desde hace meses se viene discutiendo cuáles serán los siguientes pasos. Una buena porción de los defensores de la consulta abogan por la desobediencia. Y ante esa posibilidad se ha escuchado una letanía según la cual la desobediencia es legítima en una dictadura, pero nunca en una democracia (como España, añaden) “porque en democracia las leyes se pueden cambiar si eres mayoría…”. Este argumento parte de un mundo maniqueo en el que sólo hay dictaduras y democracias y entre ellas hay una frontera nítida e incuestionable. Como siempre, esa diferencia entre dictadura y democracia es simplemente que se vote periódicamente aunque precisamente la propuesta catalana es que se vote para ver si hay una mayoría que quiera cambiar la relación de Cataluña con España. Más allá de eso, la restricción de la desobediencia legítima a la que se practica en dictaduras no tiene ningún sentido.

En primer lugar porque la desobediencia suele tener muchas más consecuencias directas simbólicas que prácticas. En las dictaduras la oposición no suele practicar la desobediencia civil sino la confrontación. Por supuesto ilegal, va de suyo. Pero no se suele tratar de actos de desobediencia que busquen generar en el gobierno una contradicción al tener que castigar acciones justas: a una dictadura como Dios manda no le genera ninguna contradicción reprimir injustamente. Los casos paradigmáticos de desobediencia civil (Rosa Parks, Gandhi, Martin Luther King) se dan frente a democracias representativas (la británica, la estadounidense) bajo cuya autoridad se discrimina a un grupo (racial, colonial, etc).

Seguramente alguien le dijo a Rosa Parks que se colocara en el lugar que le correspondía a una negra, que en democracia si quería podía modificar las leyes pero votando, que la desobediencia en una democracia era ilegítima… pero semejante cretino no ha pasado a la Historia, qué se le va a hacer. En España se produjo hace años la desobediencia masiva al servicio militar obligatorio con mucho sacrificio y absoluta legitimidad pese a que los gobiernos de Felipe González encarcelaban insumisos con la misma letanía supuestamente demócrata.

La desobediencia no es legítima o ilegítima sólo en función de qué tipo de gobierno dicte las leyes, sino de si las leyes que se desobedecen son justas o injustas. En una dictadura las leyes son injustas de raíz puesto que se imponen sin legitimidad. Pero alguien que en una dictadura se saltara los semáforos y lo presentara como un caso de desobediencia civil no sería más que un imbécil peligroso. Se desobedecen legítimamente las leyes injustas, que en una dictadura son prácticamente todas y en una democracia son menos.

Si la prohibición al pueblo catalán de votar qué quiere ser es injusta, la desobediencia a tal prohibición es legítima. Lo que legitima o no la desobediencia no es si España es una democracia sino si tal norma es justa. Quienes pensamos que la forma legítima de resolver problemas políticos es votar, no tendríamos ningún inconveniente en que tal votación se pudiera llevar a cabo digan lo que digan los tribunales constitucionales.

Sólo habría dos inconvenientes.

Uno de índole político-moral: no es lo mismo la desobediencia civil que la desobediencia institucional. Y en este caso parece claro que de lo que hablamos es de que la Generalitat de Catalunya se situara de facto como una organización política ajena a la estructura institucional del Estado español. Un Estado nunca tiene legitimidad para incumplir sus normas y la Generalitat es hoy Estado español y dejaría de actuar como tal: probablemente con legitimidad, pero sin duda con problemas. Es lo mismo, no lo olvidemos, que tendrá que suceder el día que las fuerzas rupturistas españolas ganemos las elecciones pues la Constitución de 1978 no deja más camino (realista) que la ruptura democrática: habrá un Gobierno que construya una nueva legitimidad institucional rompiendo con la anterior.

El otro problema es más práctico. La desobediencia se realiza no sólo porque sea legítima sino porque además sea eficaz. Es decir, se desobedece con la intención de tumbar esa legislación injusta. En el caso catalán ha habido consultas ‘alegales’ en muchísimos municipios, ha habido movilizaciones extraordinarias: gracias a todo ello, la legitimidad social que tiene hoy en Cataluña la consulta es inmensa. Y uno duda que una consulta organizada desde las instituciones catalanas frente a las decisiones de los tribunales tuviera la capacidad de aumentar esa legitimidad social. ¿Cuál sería la participación en una consulta en una situación tan conflictiva y dudosa?

Es difícil pensar que en esta hipótesis el clamor democrático de la sociedad catalana saliera reforzado. Otra cosa sería que en vez de sacar las urnas la Generalitat lo hiciera la ANC, la sociedad civil; pero ahí el problema sería que la consulta formal se convertiría en meramente simbólica pues no habría forma de obtener, por ejemplo, unos censos con los que seguir la votación con rigor. Sería, en realidad, un paso más en la movilización que lleva años, pero no una consulta con el peso de legitimidad popular que merece.

Más allá de los problemas tácticos, la desobediencia es legítima si la norma desobedecida es injusta, no si se da o no en una democracia. Y obviamente quienes pensamos que la única forma de resolver democráticamente un conflicto territorial son las urnas tenemos por injusta la norma que lo prohíba.

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Fuente: Cuarto Poder