Llantos, desgarros de ropas, rechinar de dientes, cenizas sobre las cabezas de los analistas económicos, artículos catastrofistas en Expansión: el Gobierno se ha atrevido a hacer un poco más rígido el mercado laboral. Los gurús vaticinan la quiebra de las empresas y el fin de la economía de mercado: “¿a quién se le ocurre exigir a los empleadores que controlen la entrada y la salida de los trabajadores? ¿Y qué pasa con el derecho inalienable del trabajador a trabajar donde y cuando quiera? ¿Cómo se va a hacer en este sector que me acaba de venir a la cabeza y en el cual hay una dificultad objetiva?” Y así todo.

Después de muchos años de reivindicaciones, de renuncias y de reclamaciones, después de mucho tiempo esperando, este fin de semana entra en vigor, por fin, la obligación de las empresas de realizar un registro efectivo de jornada de trabajo de sus empleados y empleadas. Durante años, especialmente a raíz de la crisis, muchos empresarios han aprovechado la situación para explotar a las trabajadoras y trabajadores. España, en este tiempo, se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea donde los trabajadores se ven obligados a “regalar” más horas extras, con números realmente preocupantes en sí mismos y por lo que supone.