“Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. Artículo 28. 2 de la Constitución Española.

“Yo fui a trabajar, ya no por perder el dinero de ese día (que no era mucho) sino por miedo a que no me renovaran. El resto de trabajadores hizo lo mismo, no faltó personal en ninguno de los pasillos que había que reponer”. Es el testimonio de David (nombre falso), trabajador de una cadena de supermercados en Almería durante la pasada hulega general.

Este empleado explica que desde días antes  de la huelga se rumoreaba que allí sólo hacían huelga los afiliados a un sindicato. El resto acudían a trabajar por miedo, porque si no te despedían “por haber fallado a la empresa”.

“Ante tales comentario empecé a plantearme el no hacerla”, explica David. En su caso, como el de tantos otros, las presiones ante la convocatoria de una huelga iban de la mano de la precariedad laboral. Contratado mes a mes desde hacía casi medio año, cualquier problema con la empresa podía suponer la no renovación el siguiente día 30. No haría falta ni un despido.

Con la justificación de informar sobre “medidas de seguridad”, David recibió la llamada en su domicilio de la jefa de personal el día antes de la pasada huelga general. Tras informarle de que se entraría por otra puerta, a otro horario y sin uniformes para evitar los piquetes, le dijo que tenía que confirmarle si acudiría al trabajo al día siguiente, siempre con el argumento de defender su seguridad, aunque él lo vivió como “un control de asistencia en toda regla”.

El mismo día de la huelga, además del habitual “fichar” a la entrada, David cuenta como los jefes de personal bajaron con un listado marcando a los asistentes, algo “extraño” para él, ya que los pagos de las horas trabajadas está controlados por una máquina.

David tuvo claro que en el caso de haber secundado la huelga no le hubieran renovado al mes siguiente y hubieran vetado su candidatura en el resto de supermercados de la cadena. Unas consecuencias que decidió que no podía permitirse.

El derecho ignorado

“Para hacer huelga un trabajador no tiene que hacer absolutamente nada, solo no ir a trabajar”. Así de rotundo se expresa Juan Lama, abogado laboralista, quien califica de “ilegales” casos como el de David. “Una de las formas que se tiene de coaccionar [al trabajador] es preguntarle si va a hacer huelga. Puede decidirlo dos minutos antes, no hace falta ningún impreso ni ninguna explicación”.

Según este activista de los derechos laborales, “mucha gente va a trabajar” los días de huelga “porque sabe de las represalias”. Y cita prácticas como cambios de turno, encargos de los trabajos más ingratos e incluso despidos.

Para Lama, el derecho de huelga no está bien regulado, más allá del principio constitucional, por lo que su aplicación se basa en la doctrina que han ido estableciendo desde los distintos tribunales y sólo podría limitarse por otros derechos fundamentales como la movilidad o la seguridad pública. Unos límites que, según él, se sobrepasan con el “abuso de los servicios mínimos” tanto en el sector público como en el privado. “A veces se imponen los servicios a los trabajadores que se piensa que les gustarían hacer huelga”, denuncia este abogado.
 

El registro de las amenazas

Oficina Precaria es una iniciativa de colectivos como Juventud Sin Futuro entre otros, con la idea de crear “nuevas formas de lucha frente al nuevo mercado laboral”, especialmente duro frente a los más jóvenes.

Ante cada convocatoria de huelga general, desde esta organización abren cuestionarios abiertos para que, bajo el lema de #sinmiedo, cualquier trabajador pueda denunciar de forma anónima a las empresas que cortan a sus empleados el derecho a la huelga.

Eduardo González, portavoz de Oficina Precaria cuenta que con este panorama la nota predominante en la sociedad es “mucho miedo y aceptar cualquier cosa”, por lo que intentan “dar un espacio para a los que tienen ese miedo y quieren denunciar”. Según la voluntad del trabajador, pueden iniciar una campaña de desprestigio de la empresa, enviar piquetes informativos o asesorarle jurídicamente en caso de que el trabajador decida llevar su caso a los tribunales.

En esta ocasión, el “registro de amenazas” para el 14N cita más de 250 casos de presiones a los trabajadores para que no acudan a sus puestos de trabajo el día de la huelga. Algunos dan detalles como “dan ejemplos de personas que fueron despedidas por ser reivindicativas”, “nos obligan a trabajar con la amenaza de la amenaza de ir al paro” o “en la última huelga despidieron al 20% de los que la secundaron”.

Aparecen industrias, supermercados, grandes almacenes, incluso centros educativos o escuelas de idiomas. Ningún sector parece ajeno a este tipo de prácticas. En la pasada huelga del 29 de marzo un documento similar registró también hasta 250 denuncias de presiones de diferentes empresas.

“La amenaza de despido y el empeoramiento de condiciones son las amenazas más frecuentes”, concluye González.

“El que vaya a la huelga se va a la calle”

 En el sindicato CNT también tienen constancia de este tipo de prácticas. Su secretario de organización de Transportes y Comunicaciones en Madrid, Julio Reyero, cree que los sectores donde se producen más presiones para no hacer huelga son las pequeñas y medianas empresas, aunque también se den presiones en las grandes corporaciones.

Como ejemplo, cita una fábrica donde el jefe reunió a todos sus empleados y les comunicó que “el que vaya a la huelga se va a la calle” y sería sustituido desde ese día por alguien de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). Después pidió que levantara la mano quien iba a hacer huelga…

Para Reyero, en estos casos “se vulnera la legislación más básica”. Se aprovechan de que la gente es inocente y no saben que no tienen por qué responder”. De la pasada huelga en su grupo sindical han sabido de dos despedidos por secundar la huelga, y otros casos de “traslados a peores puestos y más carga de trabajo”.

El portavoz de este sindicato reconoce que “no hay datos” sobre este tipo de prácticas, pero apunta que son “mucho más frecuentes de lo que se piensa”, sobre todo en las grandes cadenas de alimentación, la hostelería y el comercio, así como en grandes empresas nacionales como Mercadona o El Corte Inglés. Contra la primera han iniciado una campaña nacional de boicot. Sobre la segunda, reconoce que no saben qué pasa más allá de una “cuidada selección de personal”, tan sólo que “todas las huelgas abren y hay un ejército de policía para garantizarlo”.

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Fuente: Periodismo humano