Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional y en su día miembro de la comisión consultora de la reforma del Estatut de Catalunya, acaba de publicar La reforma constitucional inviable (Los libros de la Catarata, 2015), donde expone su visión acerca de la situación actual.

Usted ha asegurado que de facto España ya no tiene Constitución porque la de 1978 murió a consecuencia de un golpe de Estado judicial.
Lo he dicho y lo mantengo. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional que echó abajo la reforma del Estatut catalán nacida del acuerdo político, España carece de constitución territorial.

La Carta Magna de 1978 estableció la integración de las nacionalidades en el Estado como un acto complejo que negociaban los parlamentos del Estado y el de la nacionalidad correspondiente. Y establecía sistemas de garantía: el Estado debía aprobar en las Cortes el texto autonómico, y la autonomía consultaba a su pueblo en referéndum si aceptaba o no las posibles modificaciones establecidas por el Estado. Eso se rompe en el 2010.

¿Nos encontramos entonces ante un vacío constitucional, sin posible salida?
Una autonomía no puede imponer un estatuto con el que el Estado no esté de acuerdo, pero tampoco el Estado puede imponer un estatuto con el que la comunidad no trague. Y para eso está el referéndum, para que el pueblo tenga la última palabra. Pero el TC desautorizó el pacto entre el Congreso y Catalunya y eliminó el derecho del pueblo a decidir. Por eso digo que fue un golpe de Estado. La estructura del Estado tiene que volver a ser definida a través de un pacto constituyente.

¿Qué lectura hace del resultado electoral en Catalunya?
Yo creo que se constata una realidad sobre la que ya he alertado. El binomio Constitución-Estatut de Autonomía ya no sirve para la inmensa mayoría de los catalanes. En Catalunya se ha demostrado que hay dos millones de independentistas, otros dos millones que no lo son y un 20% que está fuera del juego político. Pero son una inmensa mayoría los catalanes que consideran que hay que reformar la Constitución y repensar el encaje de Catalunya en el Estado. Para esa realidad no tenemos respuesta, de momento.

Asegura que el problema catalán ha sido el de más difícil solución en los dos últimos procesos democráticos, los de 1931 y 1978, y no se ha podido resolver.
La integración de Catalunya en España ha sido el problema constitucional de referencia y se ha intentado dar respuesta de la misma manera: no resolviendo el problema en la Constitución, sino remitiendo el problema a los estatutos de Autonomía. En 1978 se hace lo mismo que en 1931, y así hemos estado hasta la sentencia de un Constitucional que, jaleado y empujado por el PP y los sectores más derechistas del Estado, nos ha abocado al desastre en el que nos encontramos.

Según su tesis, la reforma constitucional que apoyan ciertos grupos políticos, como el socialista, ya es inviable. ¿Ve entonces alguna solución?
No creo que haya que reformar la actual Constitución. Hay que volarla, hacerla saltar por los aires. Deberíamos ir a un proceso constituyente, y en el tema territorial habría que fijar en la Constitución la fórmula de integración, no volver a escurrir el bulto. Sin que el TC tenga que decidir nada. Un pacto político y la norma que de él emane no pueden ser definidos por un tribunal de justicia. Eso sólo lo pueden hacer las instituciones que están legitimadas para ello por el voto popular.

Una 'voladura' que debería ser iniciada por el Congreso y refrendada por el Senado y eso parece más bien una quimera...
El sistema de poder que se estableció en la Constitución del 78 procede de la ley de Reforma Política de Adolfo Suárez, que sólo tenía una finalidad: restablecer la monarquía, todo lo demás estaba subordinado a este objetivo. Se buscó garantizar el bipartidismo en el Congreso mediante la alternancia de dos grandes partidos que apoyaban la monarquía; y se utilizó el Senado para evitar que la Constitución pudiera tener una impronta federal. Tenemos una constitución monárquica, bipartidista y antifederal.

¿El más que probable ingreso de nuevos partidos en diciembre puede alterar la situación?
Con las reglas actuales para elegir las Cortes la sociedad ya no se siente reconocida. Hasta ahora el sistema electoral ha servido porque veníamos de donde veníamos, pero ya no se puede mantener. La sociedad ha avanzado, es mucho más compleja y ya no se siente representada en un bipartidismo mayoritario. Catalunya es un precedente de lo que va a ocurrir en el conjunto del Estado. La disgregación, la falta de gobernabilidad es lo que se nos viene en España. Ahí está el ejemplo de la ley Wert, que no se va a aplicar a pesar de que ha sido aprobada por mayoría absoluta. Las comunidades van a arrastrar los pies para evitar su implantación.

En su opinión, ¿la Constitución de 1978 ha sido un fiasco?
En su momento sirvió, permitió salir adelante y ha dado juego. Ha habido alternancia en el poder, algo que en otros países europeos llevó mucho más tiempo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Ha permitido que se haya aprobado el matrimonio homosexual o la interrupción del embarazo. Yo no voy a decir que todo se hizo mal o que no sirvió para nada. Lo que digo es que ya no representa a la nueva sociedad española. Estamos en un momento en el que el Congreso que salga en diciembre no va a poder gobernar. Este sistema electoral no ofrece ningún incentivo para que los partidos pequeños faciliten la gobernabilidad porque se enfrentan a un riesgo permanente de desaparición. O cambia el sistema electoral o no hay solución.

Javier Pérez Royo: Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.

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Fuente: La Vanguardia