En España estamos acostumbrados a que los gobiernos importen todo lo malo de la Unión Europea (que es mucho), pero no trasladen las escasas cosas buenas, entre las que quizá se encuentre una cierta defensa del consumidor. Así, la semana pasada la Corte Europea de Justicia de Luxemburgo ha emitido una sentencia en la que establece que las leyes españolas vulneran las normas europeas de protección de los consumidores. A pesar de la algarada mediática suscitada, la sentencia tiene un corto recorrido, una aplicación limitada y concreta. Concede tan solo capacidad a los jueces (de la que hasta ahora carecían) para suspender los procesos de desahucio en aquellos casos en los que se aduzcan cláusulas abusivas, hasta que se haya sustanciado si estas existen o no y en qué medida afectan al proceso.