FACUA Madrid critica las medidas aprobadas por el Gobierno de la Comunidad para incrementar las tasas e imponer el pago  de un euro por receta médica, incluidas en los prepuestos regionales de 2013.

Desde el 1 de enero, cada madrileño está obligado a pagar un euro por receta para recibir el medicamento directamente en las farmacias, con un límite de 72 euros anuales.

Para FACUA- Consumidores en acción Madrid, esta medida de carácter recaudatorio penaliza la enfermedad y puede dar lugar a consecuencias tan graves como el abandono de los tratamientos.

La asociación critica esta política fiscal basada en el empobrecimiento paulatino de los ciudadanos madrileños, que limita el acceso a una sanidad pública y gratuita recogida en la Constitución española.

FACUA Madrid considera que para llevar a cabo una política de consumo racional en los medicamentos se debe de apostar por un sistema de salud justo e igualitario, donde se fomente el uso razonable de los fármacos.

Aunque están exentos de este pago los parados de larga duración, las personas con pensiones no contributivas, los perceptores de renta mínima de inserción, discapacitados y personas en tratamiento derivado de accidentes laborales y con síndrome tóxico, FACUA Madrid señala que los jubilados sí están obligados a afrontar este pago.

La asociación recuerda que la Comunidad de Madrid podría haber recaudado entre el ejercicio de 2011 y 2012 alrededor de 1.000 millones de euros si hubiera aplicado el Impuesto de Patrimonio a las rentas más altas, frente a los 85 millones de euros que se estima recaudar por la aplicación del pago por receta.

El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha indicado que Facua considera esta tasa "inaceptable" y ha recomendado a los consumidores que en el momento de la dispensación del medicamento, en lugar de realizar el abono, entreguen una carta al farmacéutico con sus datos personales en la que planteen el rechazo a la tasa y su negativa a pagarla.

En ese momento, ha añadido, sería la administración la que debería ponerse en contacto con el ciudadanos para "reclamar si quiere".

Sánchez ha explicado que esta "insumisión fiscal" no va en contra de las farmacias, que "no tienen que ser recaudadoras de impuestos", sino contra la tasa.

"Entendemos que esta medida es un repago más, un atentado contra el sistema público de salud tal y como lo venimos conociendo", ha referido Sánchez, que ha insistido en que el consumidor "no debe pagar" una tasa "recaudatoria" que "penalizar la enfermedad".

La Comunidad de Madrid ha distribuido por las farmacias unos impresos para aquéllos que se nieguen a pagar el euro por receta. Los que hagan uso de ellos tendrán que rellenar -con cada receta- sus datos en tres copias, de las cuales una será para el usuario, otra para la farmacia y otra para la Consejería de Sanidad, que deberá ser remitida por el establecimiento, informa Elena Mengual.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), también

Por su parte, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) presentará este miércoles una reclamación a la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado para solicitar la paralización de la aplicación de la tasa de un euro por receta, que se aplicará en la Comunidad de Madrid a partir de este martes. La solicitud se basa en la "ausencia de competencias" de la Comunidad para poder establecer una tasa sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con varias leyes. El mismo escrito ya fue registrado el pasado 31 de diciembre en la sede del Ministerio de Sanidad.

Entre ellas, ADSP se ha referido a los artículos 14, 139.1 y 149.1 de la Constitución Española; los artículos 3.2 y 10.14 de la Ley General de Sanidad; los artículos 4, 5, 16 y 30 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; y el Real Decreto 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Además, la Asociación se ha referido también al dictamen del Consejo de Estado de 21 de junio de 2012, que a su criterio apreciaba signos de "inconstitucionalidad de esta tasa que se aplica en Cataluña, así como la resolución del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 acordando interponer recurso contra esta misma tasa en Cataluña".

La ADSP de Madrid entiende que esta tasa, "aparte de ser ilegal por invadir competencias exclusivas del estado, impide que el acceso a las prestaciones sanitarias, en este caso las farmacéuticas, se realicen en condiciones de igualdad efectiva, y supone una discriminación a los ciudadanos a los que se dispensa recetas de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social en Madrid".

La Asociación ha indicado que los organismos a los que ha recurrido "deberían de realizar de inmediato las acciones oportunas para paralizar la aplicación de esta tasa en Madrid, al menos hasta que se produzca la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional".

Comunicado de la ADSP

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha presentado sendos escritos ante el Ministerio de Sanidad, en los que solicita se paralice la aplicación de la tasa de un euro por receta que ha aprobado la Comunidad de Madrid en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29/12/2012).

La solicitud se basa en la ausencia de competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid para poder establecer una tasa sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con las siguientes leyes:

• Constitución Española: artículos 14, 139.1 y 149.1
• Ley General de Sanidad: artículos 3.2 y 10.14
• Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: artículos 4, 5, 16 y 30
• El RD 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud

Además esta el Dictamen del Consejo de Estado (623/2012) de 21 de junio de 2012 que señala la inconstitucionalidad de la tasa de un euro por receta impuesta en Cataluña, y la resolución del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 acordando interponer recurso contra esta misma tasa en Cataluña.

Desde la ADSP de Madrid entendemos que esta tasa, aparte de ser ilegal por invadir competencias exclusivas del estado, impide que el acceso a las prestaciones sanitarias, en este caso las farmacéuticas, se realicen en condiciones de igualdad efectiva, y supone una discriminación a los ciudadanos a los que se dispensa recetas de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social en Madrid.

Entendemos que los organismos a los que se ha recurrido, que son los responsables de garantizar el cumplimiento de las leyes y de evitar que las administraciones públicas realicen prácticas abusivas sobre la ciudadanía, deberían de realizar de inmediato las acciones oportunas para paralizar la aplicación de esta tasa en Madrid, al menos hasta que se produzca la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID

31 de Diciembre de 2012

Nota.- se ha presentado el día de ayer, 2 de enero de 2013 

El 15M vuelve a animar a los madrileños a que no paguen el euro por receta

La cruzada emprendida por el 15M contra la decisión de Ignacio González de implantar una tasa a partir de enero de 2013 con la que se cobrará un euro por cada receta se ha intensificado. A falta de quince días para que la medida entre en vigor, los ‘indignados’ han hecho un nuevo llamamiento a los madrileños para que se nieguen a pagar, y aseguran que si son muchas las personas que no repagan “la tramitación de la medida puede hacerse inviable”.

La plataforma ‘Yo no pago’, vinculada al 15M, sigue adelante con la campaña con la que los ‘indignados’ pretenden boicotear la entrada en vigor del euro por receta. Por ello, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía difundiendo una “guía para la insumisión” en la que explican cómo evitar este nuevo impuesto.

El colectivo, que asegura que “cobrar un euro por receta es una injusticia”, ya que la Comunidad de Madrid quiere “obligar a pagar algo que ya se ha pagado” con el fin de “liquidar el Sistema Público de Salud y el derecho a la sanidad pública”, recuerda que para no pagar esta tasa sólo se requiere la receta dispensada, el DNI y una fotocopia del mismo y la tarjeta sanitaria, y con ellos rellenar un formulario simbólico en el que se manifiesta el rechazo a esta medida.

Una vez en la farmacia, dice el 15M, los ciudadanos tienen que manifestar que ‘no quieren repagar’, aportar dos copias del formulario que se puede encontrar en sus páginas web al boticario (mientras el usuario se queda otro) y “decir adiós con cortesía, determinación y con la firmeza de quien tiene razón” para, como último paso, tomar la medicación con total tranquilidad.

Los ‘indignados’, que indican que “en ningún caso actuamos contra los farmacéuticos, sino contra su actuación obligada como recaudadores”, señalan que “si son muchas las personas que ‘no repagan’ la tramitación de la medida puede hacerse inviable”.