Becerril se niega a actuar ante la amenaza de ilegalización de FACUA y le "sugiere" que "revise" sus campañas contra los recortes

La Defensora del Pueblo ha eludido sus funciones rechazando la petición de amparo solicitada por FACUA-Consumidores en Acción ante su amenaza de ilegalización por criticar los recortes y la subida del IVA.

En su carta de respuesta, Soledad Becerril no solo indica que no se dirigirá al Ministerio de Sanidad, sino que se permite la licencia de "sugerir" a la organización que "revise" sus campañas, saliéndose con ella de las competencias que tiene como Defensora de Pueblo.

"Nos permitimos sugerirle que tenga a bien revisar las campañas llevadas a cabo por esta organización, por si, en algún caso, se hubiera o hubiese producido alguna actividad que no encaje, precisamente, en los fines que deben presidir las actuaciones de las asociaciones de consumidores y usuarios", señala Becerril en su respuesta a FACUA.

La Defensora del Pueblo no hace ninguna sugerencia al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ni a su secretaria general de Sanidad y Consumo y presidenta del Instituto Nacional del Consumo (INC), Pilar Farjas, que firma la carta de amenaza a FACUA.

Para elllo, Becerril argumenta "por el momento, no se ha dictado acto o resolución alguna por parte del Instituto Nacional del Consumo en este sentido, no siendo posible, por ello, pronunciamiento alguno al respecto".

"La posible intervención de esta Institución en el asunto sometido a nuestra consideración", continúa la Defensora, "únicamente sería posible en el supuesto de que la Administración promoviera el citado procedimiento [de retirada a FACUA de su condición de asociación de consumidores] y éste, por cualquier circunstancia, no se acomodara al marco legal vigente en la materia".

No asume sus competencias

FACUA lamenta que la Defensora del Pueblo se niegue a asumir las claras competencias que posee para atender a su petición.

Y es que su Oficina tiene como misión "la protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Además controla que la Administración pública actúe conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución, es decir, que sirva los intereses generales con objetividad y que actúe de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación, y con sometimiento pleno a la ley y al derecho, prohibiéndose expresamente toda arbitrariedad".

Y en esta cuestión, advierte FACUA, resulta evidente que el Gobierno está intentando cercenar libertades y derechos tan fundamentales como la libertad de expresión, opinión e información.

En una contradictoria respuesta, escasamente motivada, Becerril pone de manifiesto que ha eludido entrar en el asunto objeto de la queja de FACUA evitanto realizar un análisis en profundidad del fondo y de la forma del procedimiento instruido por el Ministerio de Sanidad contra la asociación.

Y especialmente grave es, advierte FACUA, que si la Defensora del Pueblo ha entendido que de momento no puede ni tan siquiera analizar la cuestión, se tome la licencia de "sugerir" a la parte que pide su amparo frente a un abuso de la Administración que "revise" las campañas que el Gobierno quiere censurarle.

FACUA considera preocupante que Becerril le dé una respuesta carente de objetividad y neutralidad, totalmente impropia del cargo que ostenta.

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Fuente: Facua