Deesde el blog creado recientemente, 20N libreparticipación,  se ha puesto en marcha una iniciativa que tiene por objeto solicitar al Gobierno de Rodríguez Zapatero la derogación inmediata de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), aprobada mediante Ley Orgánica 2/2011 el 28 de Enero con el voto a favor de las fuerzas políticas mayoritarias: PSOE, PP, CiU y PNV.

Según esta reforma, todos los partidos políticos y coaliciones que no tengan representación parlamentaria están obligados a recoger el 0,1 % de las firmas de las personas con derecho a voto en cada una de las circunscripciones por las que se quieran presentar.

"[Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria [...] necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos -http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t2.html#c5s2 - en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura"

La doctrina de la Junta Electoral Central establece que no se pueden recoger firmas antes del inicio del proceso electoral y que dichas firmas deben ser presentadas ante notario.

Las formaciones políticas sólo dispondrán de 20 días para cumplir su objetivo, es decir, tendrán que hacerlo entre el 27 de septiembre y 17 de octubre, último día para presentar sus candidaturas ante la JEC.

Izquierda Anticapitalista considera que la nueva norma es un impedimento para la celebración de unas elecciones en igualdad de condiciones, dado el carácter abusivo de los requisitos exigidos. Desde la organización denuncian que esta disposición busca excluir de la participación a un sector significativo de la ciudadanía que no se identifica con los actuales partidos parlamentarios, bloqueando así la aparición de nuevas alternativas y nuevas formas de hacer política frente a los aparatos profesionales que controlan el Parlamento.

En primer lugar, la reforma constituye una violación del principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE) y restringe el derecho reconocido en el artículo 23.2 de la CE, por el cual los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

También atenta contra el artículo 3 del Protocolo nº 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al romper la obligación de los estados de organizar elecciones que garanticen la libertad de expresión de los pueblos.

Izquierda Anticapitalista recuerda, asimismo, que en otros ámbitos existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que opta por la "interpretación de la legalidad más favorable a la eficacia de los derechos", es decir, por que las condiciones se orienten "hacia un criterio antiformalista", tal como se expone en la sentencia 89/1999 del Tribunal Constitucional, dictada el 25 de mayo de ese año.

Cabe plantearse muy seriamente hasta qué punto esta norma es compatible con una Constitución que consagra el pluralismo político como uno de los valores supremos de su ordenamiento jurídico (art 1.1 CE), y que atribuye a los partidos la misión de expresar dicho pluralismo contribuyendo a la formación y manifestación de la voluntad popular en las elecciones (art 6 CE).

La citada reforma supone que todo partido sin representación parlamentaria que quiera presentar lista en todas las circunscripciones tendrá que reunir más de 35000 firmas. En ciudades como Madrid y Barcelona será necesario reunir un mínimo de 4490 y 3980 de firmas respectivamente.

De los 98 partidos que se presentaron al Congreso y al Senado en 2008, sólo 12 obtuvieron algún escaño. De los 86 restantes que tendrán que recoger firmas, la inmensa mayoría de ellos probablemente no lograrán presentarse puesto que obtuvieron menos votos anónimos que firmas necesarias para poder hacerlo. El número de candidaturas que corren el peligro de no concurrir a las elecciones supera la mitad en casi todas las circunscripciones.

Firma de

Uno de los posibles efectos de la aplicación de esta ley es un aumento de la abstención o del voto en blanco, puesto que nadie puede garantizar que los votos de los partidos políticos eliminados vayan a ser trasvasados a alguno de los partidos que tienen asegurada su participación en el proceso electoral.

Adjuntamos el texto del manifiesto en contra de la reforma:

Las elecciones generales del 20-N van a desarrollarse bajo una Ley Electoral que ya era escandalosamente antidemocrática. Pero hay un nuevo y gravísimo recorte democrático fabricado por el PSOE y el PP, con el apoyo de CiU y el PNV, que ha pasado inadvertido durante estos meses. Se trata de una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ( LOREG), aprobada mediante Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero por la que, entre otros cambios menores, se introduce la obligación para todos los partidos y coaliciones que no tengan representación parlamentaria de recoger el 0,1% de las firmas de las personas con derecho a voto en cada una de las circunscripciones por las que se quieran presentar. Todo el procedimiento se agrava porque, según la doctrina de la Junta Electoral Central (JEC), no se puede proceder a la recogida de firmas antes de que se inicie el proceso electoral y estas deben estar convenientemente acreditadas ante un notario o fedatario público. Es decir, una candidatura que se quisiera presentar en las 51 circunscripciones del Estado español debería recoger más de 35.000 firmas, ponderadas por provincia y acreditadas con la copia del DNI, y presentarlas en el periodo comprendido entre el 27 de septiembre, fecha oficial de convocatoria de las elecciones, y el 17 de octubre, plazo límite para la presentación de candidaturas ante la JEC.

Para organizaciones con medios materiales modestos la barrera se antoja infranqueable. En realidad, esta medida busca excluir de la participación electoral a un sector significativo de la ciudadanía que no se identifica con los actuales partidos parlamentarios, bloqueando así la aparición de nuevas alternativas y nuevas formas de hacer política frente a los aparatos profesionales que controlan el Parlamento.

Cuando el movimiento del 15-M pide una reforma en un sentido más proporcional de la Ley Electoral, los partidos mayoritarios, añaden en la práctica, nuevos e intolerables atentados contra el derecho de participación política. Para impedirlo exigimos al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que derogue de inmediato esta disposición de la LOREG, y al candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba que apoye esta derogación. De lo contrario, la supuesta "democracia" en la que vivimos sufrirá un nuevo y grave recorte, que se añade a los demás recortes sociales y democráticos que se están imponiendo desde hace largo tiempo.

Firma del Manifiesto