Sr. Rajoy, Franco lo hacía mejor Imprimir
Opinión / Actualidad - Política
Escrito por Josu Iraeta   
Viernes, 10 de Noviembre de 2017 05:27

Si el Gobierno está facultado para nombrar y sustituir al Fiscal General del Estado, quién puede –sin mentir–, afirmar defender la independencia judicial, y a la vez la dependencia directa del Ministerio Fiscal, vinculado al poder político. Es imposible, es falso, no existe separación alguna.

En la historia de España, más allá de lo que han supuesto los diferentes regímenes o sistemas políticos, unos más longevos que otros, lo cierto es que lo que pervive y destaca es el evidente fracaso de su permanente centralismo. A lo largo de la historia, España ha cometido los mayores atropellos, buscando la desaparición de las viejas e ilustres nacionalidades peninsulares, de sus culturas, de sus idiomas, de sus costumbres políticas y jurídicas. También de sus geografías diferenciales, de sus economías propias y peculiares, de sus formas de ser y hasta de vivir

El motor impulsor siempre ha sido el mismo, los valedores del Estado viejo, caduco y fracasado. Los señores  feudales de la tierra, la iglesia belicosa e intolerante, la gran burguesía hoy escondida en los bancos, la burocracia social, oxigenada y renovada por el gobierno del P.P. durante años, proveniente del viejo régimen e incrustada en el actual para combatirlo desde dentro. En definitiva, las fuerzas de la reacción, en guardia permanente contra toda posibilidad de renovación.

Esta terrible y negra historia es difícilmente compatible con una democracia real, de ahí la situación actual de Catalunya. Para España debiera ser recomendable revisar su historia, volver la vista a su «Imperio» y estudiar las razones de su decadencia, muchas de ellas vigentes en la actualidad.

Soy consciente de que el análisis político debiera desarrollarse, siempre que fuera posible –hoy no lo es– con cierta perspectiva, con un periodo de sedimentación que propiciara la aproximación a la objetividad. Es así como el método permite recordar y analizar hechos y situaciones que en muchas ocasiones, habiendo estos adquirido un valor añadido en el tiempo –tras el periodo de sedimentación– resultar que lo que se daba por definido y correcto, de hecho no aguantar el necesario contraste.

Pretendo diversificar las fuentes de mi argumentación, y para ello quiero traer a estas líneas, un hecho del que se cumplen ahora justamente 10 años. Resulta que en un acto de apoyo a los encausados en el célebre macrosumario 18/98, celebrado en Bilbo, el Sr. Xabier Arzalluz máximo exmandatario del PNV, afirmó: «En el Estado español no hay separación de poderes y por tanto tampoco hay Constitución».

Apuntaba bien Xabier Arzalluz, porque hasta hoy, todos los gobiernos que han pasado por La Moncloa, se han esforzado en asentar caminos de blindaje para los gobernantes, anulando, rompiendo de hecho, el principio democrático de igualdad ante la ley.

Basta con mirar en el «currículum» de personajes como Felipe González, José María Aznar López o Mariano Rajoy, para poder afirmar que en la práctica han eliminado la responsabilidad política, alejando totalmente toda consecuencia penal.

Buscan la impunidad y para ello el camino se inicia en el «Consejo General del Poder Judicial». A partir de este órgano y en función de la correlación y orientación de los vocales del «Consejo», todo magistrado termina por saber a qué atenerse, cuando se trata de resolver conflictos en los que se dilucidan intereses de los partidos mayoritarios.

Un ejemplo práctico: Si el Gobierno está facultado para nombrar y sustituir al Fiscal General del Estado, quién puede –sin mentir–, afirmar defender la independencia judicial, y a la vez la dependencia directa del Ministerio Fiscal, vinculado al poder político. Es imposible, es falso, no existe separación alguna.

Lo cierto es que en una democracia –con genética golpista– como la española, el presidente del Gobierno –si tiene mayoría suficiente– puede nombrar los presidentes del Congreso, del Senado y del Consejo del Poder Judicial.

Ante esto, quiero recordar que a este sistema, en el franquismo se le denominaba «unidad de poder y coordinación de poderes». Hoy, le llaman pomposamente «democracia representativa». Es evidente que Franco lo hacía mejor.

Es pues evidente que este oscuro andamiaje jurídico no queda en la pura manifestación teórica, ya que tiene su traducción política, tal y como se viene comprobando tras la barbarie política consumada en Catalunya.

Creo poder afirmar que estamos asistiendo a la interpretación más rastrera de la historia de la democracia. ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo de un país que se dice democrático, se otorgue la capacidad de leer en el cerebro ajeno, juzgando «intenciones»? ¿Cómo es posible que tan alto tribunal prolongue su «climax intelectual» interpretando las intenciones como inaceptables en democracia?

 Ellos son así, y así es como poco a poco, quienes con su hacer profesional debieran apuntalar «su» sistema, lo están horadando de forma inmisericorde. Están debilitando, carcomiendo desde dentro las estructuras de lo que dicen defender. Con su permanente e interesado afán por mostrar ser los únicos quienes desde la «verdad» defienden el binomio paz y justicia, de hecho han conseguido mostrar la famélica desnudez de la democracia española.

Me estoy refiriendo a los que un día sí y otro también, emergen desde sus despachos, transformados con sus negras togas, como adalides de la democracia.

No son los únicos, puesto que la estructura de un Estado tiene siempre muchos tentáculos, y  estos se abastecen de infinidad de «colaboradores» que le son imprescindibles. Entre ellos podemos incluir a numerosos botarates deslenguados –casados o no– que exhiben impúdicamente su desconocimiento y escasa formación, llegando incluso a dar «clases» de historia.

Es de suponer que no soy el único que –con cierta perplejidad– ha buscado en vano en los medios de «comunicación e información» referencias históricas de lo que está ocurriendo en Catalunya, con el ánimo de contrastar la gravedad de los hechos. 

Lo cierto es que los medios de difusión han perdido una preciosa oportunidad para presentar ante el lector crítico e inteligente, cómo la historia –la de verdad–, se repite una y otra vez.

¿Por qué se niega una portada al Sr. Francesc Maciá i Llussá (1858-1933) quien proclamó la República Catalana, dentro de un Estado Federal en abril de 1931?

Tampoco ha merecido portada, ni mención alguna –en ningún periódico– el Sr. Lluis Companys i Jover (1883-1940). Que fue elegido presidente de la Generalitat en enero de 1934, después de la muerte de Maciá. Un presidente de Catalunya que tuvo que afrontar durante su gobierno momentos difíciles para Catalunya: La involución del Bienio Negro (1934-36) añadiendo los años de la guerra civil (1936-39). Lluis Companys, un presidente, que siguió luchando por las libertades perdidas hasta las últimas consecuencias en el exilio de Francia. Que fue detenido por la Gestapo y entregado a los franquistas, que lo fusilaron el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Monjuïc de Barcelona.   

Un análisis desapasionado de los hechos del reciente pasado y de la actualidad presente,  muestra una realidad que «aún hoy» algunos bien pudieran calificar de sorprendente: La atracción mutua y la convergencia política que se dan entre el conservadurismo rancio que vive en La Moncloa y el «psocialismo» que exhibe sus enseñas en la calle Ferraz de Madrid.
 
Siempre creí que lobos y zorros no yacían juntos, pero, viendo cómo se «amanceban» unos y otros, ya no sé qué decir. Sería interesante la opinión de aquel «otro» gallego nacido en Ferrol, me estoy refiriendo al Sr. Pablo Iglesias Posse.

 

Josu Iraeta es escritor
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Fuente: Naiz