Ayer martes, el pleno del Congreso de Diputados debía decidir si aprobaba el proyecto de ley de ERC que debía sustituir, en caso de aprobarse, la ley de la memoria histórica de Rodríguez Zapatero de 2007 para dar paso a una ley que hiciera justicia, de verdad, a las víctimas del franquismo. Una argucia del Gobierno, al considerar que el debate podía suponer un incremento presupuestario, nos ha obligado a aplazarlo un par de meses.

Las organizaciones madrileñas por la memoria histórica que forman parte del Encuentro de la Memoria, un colectivo de más de 80 asociaciones de todo el Estado, están en contra del enfoque que utiliza el Comisionado del Ayuntamiento de Madrid en las medidas que propone sobre los nombres de las calles, las plazas o los monumentos franquistas de la capital. Creen que desde la institución ceden a las presiones de grupos de ultraderecha o de la oposición para volver a igualar “a los que fueron defensores del modelo democrático de la República con los fascistas que llevaron a cabo un golpe de Estado”. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es “defensora de un modelo transicional que reivindica un olvido del pasado y un proceso donde no hay Justicia, casi no hay verdad y no hay reparación”, declara a cuartopoder.es el secretario de organización del Foro por la Memoria de Madrid, Miguel A. Muga.