Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del generalísimo por parte materna, primo del rey Felipe por vía paterna y, desde este año y como por herencia, presidente honorífico de la Fundación Francisco Franco en sustitución de su abuela fallecida, afirmaba sin empacho que, para evitar la hipotética ilegalización de la mencionada entidad que preside, ya había indicado un cambio en la redacción de los estatutos para que aquello que aparecía como el enaltecer la figura de Franco, pasase a decir eso de difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco. Sencillamente con ese matiz, una entidad de corte fascista puede seguir existiendo en este país y tener acceso a subvenciones públicas para el desarrollo de sus fines fundacionales.

Así parece que ha debido de ser, si, pues el gobierno no ha dado paso necesario -que haya trascendido al menos- para la ilegalización que le recomendara la Unión Europea en relación con las entidades que ensalzan el fascismo (el pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado octubre una resolución por la que se posibilita la ilegalización de entidades que exalten o glorifiquen una dictadura y sus delitos), con el objeto de frenar el auge de la violencia neofascista.

Porque así las cosas, la Fiscalía de Madrid ha decidido archivar, hace pocas jornadas, las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por Izquierda Unida contra la Fundación FF por considerar que los mensajes difundidos por ella a favor del dictador no constituyen actuación alguna que, de forma directa o indirecta, promueva, favorezca o incite al odio, como denunciaba IU, sino que, por el contrario, forman parte de la libertad de expresión que asiste a todo ciudadano o entidad dentro de un Estado de derecho.

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VOX reclama la devolución de los documentos transferidos a la Generalidad de Cataluña, producto de la incautación de documentos realizada por la policía franquista a partidos, administraciones, sindicatos y particulares, para orquestar la represión y la incautación de bienes a los vencidos en la guerra y que se centralizó en la ciudad de Salamanca. También guardaba (y guarda) el fondo del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, en cuya junta directiva figuran personas del tallaje democrático de Mario Conde o Hermann Tertsch, lleva con el empeño de la no disgregación de los fondos del antiguo Archivo de la Guerra Civil años ya, pero este archivo fue reconvertido con la ley 52/07 en Centro Documental de Memoria Histórica y a él que se han transferido, para darle ese enfoque memorialístico del nuevo ente, fondos de otros archivos estatales, como la documentación de la Causa General en 2011 que hasta entonces se custodiaba en el Histórico Nacional de Madrid, o particulares, como el archivo privado del histórico sindicalista Marcelino Camacho. Evidentemente, se restituyeron los fondos incautados a las administraciones que así lo solicitaron.

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Terminamos con la partida de 15 millones del gobierno Sánchez destinada a la reparación de las víctimas del franquismo [sic] de los PGE 2019, si es que esos presupuestos se llegaran a aprobar en el Parlamento. Cierto es que la partida es superior a la destinada por los gobiernos de Zapatero -conocido es que durante la era Rajoy no se destinó ningún euro a la memoria- pero de ella pende la prometida Oficina de Víctimas y su mantenimiento. Por ejemplo.

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Fuente: Mundo Obrero