El juez  Baltasar Garzón, encausado por intentar investigar crímenes del franquismo pese a una ley de amnistía, presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por considerar que sus derechos habían sido violados, informó el viernes su bufete de abogados.

El juez español, quien actualmente está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional y es consultor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), fue acusado por el Supremo de un presunto delito de prevaricación por haberse declarado competente en 2008 para investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil española, entre 1936 y 1939, y la posterior dictadura franquista.

El juez Garzón presentó esta demanda contra España el jueves, considerando que con las causas en su contra en su país "se ataca o perjudica la independencia de los jueces, la libertad de interpretación de la ley y por tanto al estado de derecho al dejar indefensas a las víctimas", según un comunicado de Interights, bufete de abogados y ONG con sede en Londres, que representa al juez.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH), con sede en Estrasburgo, todavía debe decidir si considera admisible la demanda.

El magistrado deberá ser juzgado por el Tribunal Supremo español por "prevaricación", tras haber intentado investigar sobre los desaparecidos de la Guerra civil (1936-39) y del franquismo (1939-75) pese a la existencia de una ley de amnistía, votada tras la muerte del dictador Francisco Franco (1975).

"España no ha podido cumplir su obligación de proteger a un juez de procedimientos penales infundados y ha puesto en grave peligro tanto la independencia judicial como los derechos de las víctimas de acceder a la justicia al actuar de este modo", afirmó Helen Duffy, directora del departamento de litigios de Interights.

Conocido por sus acciones contra el grupo vasco armado ETA y contra las dictaduras latinoamericanas, el juez Garzón, de 55 años, está expuesto a una pena de 20 años de prohibición de ejercer su profesión.

Suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el mes de mayo, el magistrado fue autorizado a trabajar temporalmente en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, como asesor.

Recibió el apoyo de numerosos juristas que consideran que los crímenes contra la humanidad no prescriben y que la ley de amnistía española no es conforme al derecho internacional.

Por otra parte, luego de conversaciones con la OEA se decidió que Garzón irá a Colombia como "asesor" de la misión de apoyo que el organismo continental mantiene en Colombia, según informó la agencia AFP. La posibilidad de que Garzón asesorara al gobierno colombiano en materia de derechos humanos había sido esbozada en enero en París por el presidente Juan Manuel Santos.

Garzón, actualmente asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya, había declinado la invitación en una visita a Colombia a finales de febrero. El juez es conocido internacionalmente por su defensa del principio de la jurisdicción universal y por ordenar en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet

Varias asociaciones de memoria histórica también denunciaron que se está cometiendo "una injusticia" con Garzón y firmaron un manifiesto para "iniciar un movimiento de carácter nacional que sirva de apoyo" al juez.

Estas asociaciones, que cuentan con el apoyo de personalidades como el cineasta Pedro Almódovar, el cantante Miguel Ríos o la actriz Pilar Bardem, entre otros, advirtieron contra el "desprestigio" que esta acción contra Garzón supone para la justicia española en el exterior y anunciaron una campaña de movilización hasta la celebración del juicio, para el que todavía no hay fecha.