Tiempo habrá, lamentablemente, para ocuparse de los efectos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para "desbloquear" el "diálogo social" mediante el empobrecimiento de los jubilados, pero no tanto para denunciar la ominosa prescripción de un delito aberrante, el del robo masivo y continuado de miles de niños españoles. Entre 1950 y 1980, como se sabe, una mafia compuesta por médicos, matronas, curas, monjas y enterradores se dedicó a robar, para su posterior venta, recién nacidos de familias humildes y con escasa instrucción en las propias clínicas donde se producían los alumbramientos.

A las madres se les decía que las criaturas habían nacido muertas y que mejor no ver los cadáveres, para qué, en tanto el siniestro engranaje comercial de venta de seres humanos se ponía en marcha en la trastienda de los paritorios. La entrega a la Fiscalía de una relación documentada de casi 300 de aquellos casos, efectuada por la Asociación de afectados de aquél expolio de cuerpos y almas, quedaría desleida en el lienzo de la actualidad que ocupa casi en exclusiva el pensionazo y las escaramuzas en torno a la Ley Sinde contra las descargas ilegales.

Por un prurito natural, por la necesidad insoslayable de conocer el origen y la identidad, aquellos niños robados durante el franquismo y su Transición (continuación de los secuestrados en la inmediata posguerra), solicitan la intervención de la Justicia para recuperar ambas cosas, pero ello no sería enteramente posible sin la identificación de los delincuentes que les arrancaron de los brazos y el calor de sus madres. Aquellos miles de delitos prescribieron, se dice, pero ¿prescribe el derecho a ser quien se es, a saberlo siquiera? Todos aquellos golfos e indeseables que, encargados de cuidar, proteger y amparar a las madres, les robaron su bien más preciado, el hijo que traían al mundo, cambiándoselo por un espectro y por un dolor imprescriptible, no deberían marcharse de rositas de este mundo que tanto contribuyeron a hacer deplorable.

Tiempo habrá para hablar del triste pago a una vida de trabajo honrado, pero no para señalar como cosa viva, dolorosamente viva, lo que la indolencia institucional ha prescrito.