Entre 1960 y 1990 se produjeron en nuestro país dos millones de adopciones nacionales anónimas, muchas mediando un pago. Los afectados estiman que un 15% de los casos fueron bebés robados a sus madres mediante engaño y posteriormente vendidos.

Es una de las herencias más palpables del franquismo. Entre los años 1960 y 1990 se produjeron en España cerca de dos millones de adopciones nacionales, buena parte de ellas mediando un pago, según los datos obtenidos por los abogados de las asociaciones de afectados de los registros oficiales. A tenor de la casuística que se han encontrado, ellos mismos estiman que un 15% de esas adopciones tendrían su origen en el robo del recién nacido a su madre, mediante engaño, en clínicas y hospitales de todo el país, para posteriormente ser vendidos a sus padres adoptivos.

Más de 1.500 casos están en estos momentos en los tribunales. Con anterioridad a esas fechas, durante los años cuarenta y cincuenta, la investigación preliminar realizada por la Audiencia Nacional calculó la sustracción de unos 20.000 niños por parte del régimen militar a familias republicanas o izquierdistas, como parte de la operación de 'limpieza' ideológica realizada durante la dictadura. El resultado es que, en la actualidad, miles de ciudadanos españoles desconocen aún que fueron bebés robados.

A sus 82 años, María Vázquez no puede todavía evitar el sobresalto cuando se pone a tejer crochet junto a la ventana de su casa de Estepona (Málaga) y observa a "tanta gente joven" paseando por las aceras. "Algunas se me dan un remedo, pero a ver qué le voy a hacer", lamenta con expresión de tristeza resignada. Más de cuarenta años después de haber dado a luz a una niña que le dijeron nació muerta, sigue escudriñando la calle en su búsqueda, porque nunca creyó la versión que le dieron en el Hospital Civil de Málaga, antiguo San Juan de Dios, aquel asfixiante mes de julio de 1970. Ella no vio el cuerpo, ni encontró posteriormente la tumba de su hija.

Mientras tanto, al otro extremo del país, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Antonio Barroso observa un álbum de fotos familiares con gesto de extrañeza, como si toda su vida partiera de una gran mentira. Está seguro de haber sido robado recién nacido a su madre biológica en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, y posteriormente vendido a los padres que le criaron. Tras muchas pesquisas, se lo confesó una monja que ejercía allí de enfermera, cuya voz tiene incluso grabada. María y Antonio fueron los primeros en España en denunciar individualmente el robo de bebés como parte de una trama organizada en nuestro país, pero tras dos años de lucha en los juzgados, de lo único que están seguros es de que ellos, al menos, no son madre e hijo.

Ante la sensación de impunidad, y con idea de ejercer presión ante los poderes públicos, Antonio fundó la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), y la hija de María, Isabel Agüera, hizo lo propio con la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa). A ellas se ha unido una tercera, SOS Bebés Robados, más otras plataformas de afectados que claman contra las supuestas irregularidades cometidas en clínicas de toda España. Entre todas reúnen a unos 3.000 madres, padres, hijos e hijas con enormes dudas sobre cuál es su verdadera familia, y de las cuales unas 1.500 han presentado denuncias en los juzgados.

Pero el número de casos no deja de crecer ¿Cuál es la verdadera dimensión del problema? El abogado Enrique Vila lleva 17 años dedicado, desde su bufete, a ayudar a hijos adoptivos a encontrar a sus padres biológicos. Él mismo se enteró hace años que fue adoptado, pero aún no ha podido encontrar a su madre. Su despacho ha tramitado ya más de 2.000 consultas, y producto de su dilatada experiencia asegura que en un 15% de los casos la documentación está falseada, la partida de nacimiento no se corresponde con ningún parto datado en la provincia de que se trate. La metodología clásica del robo de bebés, puesto que eran inscritos en una provincia distinta de donde nacieron.

Si ese porcentaje se aplica a las 2 millones de adopciones nacionales registradas, resultaría que unos 300.000 ciudadanos españoles actuales habrían sido robados de bebés y todavía lo desconocen. Sus verdaderos padres aún hoy día los deben creer muertos. Los datos de evolución de la mortalidad infantil en España parecen avalar esta tesis. Según estudios de la Fundación BBVA, la tasa oficial de mortalidad infantil en nuestro país durante los años sesenta y setenta no bajó del 20 por mil. Mejoraron mucho las tasas de mortalidad de niños una vez superado el primer mes de vida, debido a la extensión de cuidados terapéuticos, antibióticos y vacunas. Sin embargo, persistía una alta mortalidad neonatal, ya que las defunciones en las cuatro primeras semanas de vida superaban a las de los restantes once meses del año. Durante los años ochenta y noventa las muertes neonatales bajaron espectacularmente, hasta situar actualmente nuestra tasa de mortalidad infantil en apenas un 4 por mil, una de las más bajas del mundo. El estudio de la Fundación BBVA lo atribuye al progreso de los cuidados obstétricos y perinatales. Pero la pregunta que se hacen muchos de los afectados es si son ésas las únicas causas, y si era real esa altísima tasa de muertes de recién nacidos en aquellos años.

A juicio de Antonio Barroso, la estimación del 15% de bebés robados se queda corta, porque esas dos millones de adopciones significarían que, durante 30 años (1960-1990) cada día 148 madres españolas renunciaban a sus hijos recién nacidos. "Eso es inverosímil, yo no me lo creo". Antes al contrario, asegura que han acudido a Anadir personas de Texas (Estados Unidos), Italia o Perú que sospechan fueron sustraídos a sus madres en nuestro país. "Si venías a España con dinero sabías que te podía llevar a un recién nacido, esto era el supermercado mundial de bebés", como más tarde lo fueron China o Ucrania, lamenta.

También en esos países la inseguridad jurídica propiciada por sus dictaduras fue el caldo de cultivo del mercado ilegal de niños. Enrique Vila explica que debía haber "alguna conexión entre los proveedores de padres y los proveedores de bebés, médicos, matronas o religiosas que ejercían labores sanitarias, siempre en ciudades diferentes". "Lo importante era que los padres no tuvieran suficiente cultura ni medios económicos como para perseguir el delito, si lo descubrían", corrobora. Durante todo el franquismo y la transición democrática, las adopciones se realizaban mediante un contrato privado, hasta que en 1987 la Ley de Adopciones exigió la intervención del Estado en las mismas. Eso dificultó la actuación de tales mafias, hasta que la transferencia de esta competencia a las comunidades autónomas, ya en la década de los noventa, consiguió prácticamente extinguir su actividad.

Pero el delito de detención ilegal persiste hasta que no se identifique a la persona desaparecida, no prescribe, según reitera el auto de la Audiencia de Barcelona del pasado mes de diciembre que rechazaba el archivo de uno de estos casos por parte del juzgado de instrucción. Sin embargo, por ahora no hay ningún imputado. Al contrario, se están produciendo archivos de causas por falta de pruebas, normalmente al haber fallecido el médico o matrona firmante del certificado de defunción del bebé. Otro método de prueba podría ser la exhumación de los restos de los niños. Hasta ahora se han practicado 16 exhumaciones de tumbas ordenadas por el juez, y la fiscal jefe de Valencia acaba de anunciar otras cuatro próximas. En cuatro de los casos los ataúdes estaban vacíos, y en otras dos no coincidía el ADN de los restos con el de sus padres.

Uno de estos últimos es el caso de Eduardo, abogado granadino de 38 años, cuya hija supuestamente nació muerta en 1990. Eso al menos le dijo el médico. Tras desenterrar el cadáver, dos pruebas de ADN en laboratorios distintos han dado negativo. Quien fue allí enterrada no era su hija. Eduardo, como todos, ha realizado su propia investigación, y cree incluso haber identificado a su hija supuestamente robada a través de internet. Sin embargo, el dictamen oficial del Instituto Nacional de Toxicología determina que los restos no son aptos para realizar análisis concluyentes, por lo que su caso está abocado al archivo judicial. "Me avergüenzo de ser español", exclama indignado.

Todos los afectados sin excepción apuntan dos causas de la "pasividad" de los poderes públicos con el problema. En primer lugar, las indemnizaciones millonarias que el Estado tendrían que afrontar en caso de confirmarse los robos de bebés en centros públicos, como son los hospitales. Y en segundo lugar que existen "personas muy poderosas" relacionadas con las presuntas tramas de compraventa de niños. Eduardo señala claramente las informaciones periodísticas aparecidas los últimos meses sobre supuestas vinculación de familiares de Jaime Mayor Oreja o Ana Botella, entre otros, con posibles casos de robos de bebés.

Antonio Barroso, fundador de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado ha rechazado realizar una investigación global, remitiendo a la denuncia individual de los casos. En la entrevista que mantuvieron el pasado 10 de febrero las asociaciones de afectados con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, éste sólo les prometió un seguimiento de la situación mediante reuniones periódicas, cada mes en principio. Así las cosas, a los afectados sólo les queda la vía judicial individual.

Isabel Agüera ha cogido el testigo de su madre, María Vázquez. Cuando ella dio a luz, el 15 de julio de 1970, su marido que había emigrado para trabajar en Suiza, regresó inmediatamente a Málaga, y se presentó en el Hospital Civil en la tarde-noche de ese mismo día, pero para entonces ya habían supuestamente enterrado a su hija en el mismo ataúd que otro fallecido, "un señor de mucho dinero". "En aquella época lo que decía un médico o una monja era sagrado", comenta Isabel. Pero en ningún cementerio de Málaga existe la menor referencia a su hermana.

El certificado de defunción firmado por la matrona indica que la causa de la muerte fue el desprendimiento de placenta, lo cual se contradice con otro documento del hospital que señala a la rotura de la cicatriz de una antigua cesárea. No existe historial clínico ni legajo de aborto. Cuando el Juzgado los reclamó al hospital, contestaron que se habían perdido en unas inundaciones, y el caso se archivó. Sin embargo, la Fiscalía de Málaga lo ha reabierto al acreditar que ningún otro historial de ese mes ni de ese año desapareció en esas supuestas inundaciones. Isabel dice haber recibido en dos ocasiones llamadas telefónicas de quien asegura ser una antigua enfermera, explicándole los métodos de engaño, sustracción y posterior venta de los recién nacidos que presuntamente se practicaban en ese centro médico. Isabel lo ha puesto en conocimiento del juzgado, que ahora debería realizar la pertinente investigación.

También Antonio Barroso tiene grabada la conversación con una exenfermera del Miguel Servet de Zaragoza detallándole cómo fue vendido en 1969 a sus padres adoptivos, que habrían pagado por él 200.000 de las antiguas pesetas a plazos durante diez años, porque se trataba de "una familia humilde". Antonio siempre sospechó que no era hijo natural, los compañeros se lo decían en el colegio, pero su madre lo negaba rotundamente. Al cumplir los 18 solicitó su partida de nacimiento, y todo parecía normal. Sin embargo, hace dos años recibió una llamada de su amigo José Luis, informándole que su padre, en el lecho de muerte, le había confesado que los dos habían sido comprados recién nacidos. Las pruebas de ADN han confirmado que, efectivamente, la que hasta ahora consideraba su madre no lo es en realidad.
Los orígenes

¿Cómo y cuándo surgieron estas supuestas mafias? Abogados como Enrique Vila o Marina Pérez interpretan que provienen de la práctica generalizada puesta en marcha por el régimen franquista, mediante la legislación de 1940, para la retirada obligatoria de niños de corta edad a familias republicanas presas o vinculadas a guerrilleros maquis, siguiendo las teorías de "limpieza" y "regeneración de la raza" dictadas por el que fuera jefe del equipo de psiquiatría de Franco, Antonio Vallejo-Nágera. Teorías que extrajo de su experiencia en Alemania durante la primera guerra mundial, como inspector de campos de concentración de prisioneros, y en contacto con eminentes psiquiatras alemanes, como Gruhle o Scwalb, precursor de la "higiene racial" mediante la eugenesia.

Según el auto de la Audiencia Nacional firmado por el juez Baltasar Garzón sobre la represión política de la dictadura, en 1938 Franco autorizó a Vallejo-Nágera la creación del Gabinete de Investigación Psicológicas con la finalidad primordial de averiguar "las raíces psicofísicas del marxismo". Se seguía así la estela del Instituto para la Investigación y Estudio de la Herencia que Heinrich Himmler, comandante jefe de las SS, había fundado poco antes en la ciudad de Mecklenburg.

(AP Photo)

El Gabinete comenzó sus investigaciones con miembros de las Brigadas Internacionales presos en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos) y mujeres republicanas encarceladas en Málaga. Los brigadistas liberados de ese campo aseguraron que auxiliaban a los psiquiatras españoles miembros de la Gestapo en labores de mediciones antropométricas e interrogatorios. El auto judicial cita las actas del Gabinete para mostrar su objetivo: "las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos (...) La comprobación de nuestra hipótesis tiene enorme trascendencia político-social. Si de preferencia militan en el marxismo psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría librar a la sociedad de plaga tan terrible...". De esta forma, los niños nacidos en ambientes izquierdistas o simplemente democráticos debían ser internados en centros especiales, en los que se promoviese "la exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degradación del biotipo".

Sobre esta base, el entramado legal del franquismo facilitó la segregación infantil y la sustracción o eliminación de la custodia de madres sobre sus hijos. La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que las reclusas podían quedarse con sus hijos hasta los tres años, una vez transcurridos los cuales podían ser excarcelados y adoptados por otra familia. La Ley de 4 de diciembre de 1941 completó el andamiaje jurídico facilitando la inscripción de los menores en el Registro Civil con nuevos apellidos. Todo de forma legal.

El mismo año 1940 se inauguró en Madrid la Prisión de Madres Lactantes, cuyo objetivo era poner en práctica las teorías del Gabinete de Investigaciones Psicológicas. Los menores permanecían con sus madres apenas una hora al día, pasando el resto del tiempo separados, hasta que, al cumplir tres años, o incluso antes, eran montados en trenes con destino a sus nuevos hogares. Había casos más expeditivos, como apropiarse del bebé justo en el momento del parto o al ir a bautizarlo, aunque siempre era necesario detener a la madre en esos momentos, aunque fuera unas horas o unos días, bajo la acusación de sedición.

El otro método preferentemente utilizado fue la captura de niños en el extranjero, hijos de exiliados republicanos. Esto resultó relativamente fácil al principio, mientras duró el dominio nazi en Europa. Primero actuó la Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores, que a partir de 1941 fue sustituida en esta labor por el Servicio Exterior de Falange Española, según detalla el auto de Garzón. Las capturas se realizaban sobre todo en Francia, Reino Unido y Finlandia, para reunir después a todos los menores en Berlín y trasladarlos desde allí a España.

A partir de abril de 1942 esta labor se realizó con mucha más eficacia, puesto que el Gobierno francés de Vichy clausuró los centros de refugiados españoles, enviando a las mujeres con niños a España, para ingresar en instituciones penitenciarias, y el resto a los campos de exterminio de Auschwitz y Mathausen. Incluso algunos menores españoles nacidos en estos dos conocidos campos de la muerte fueron separados de sus padres y enviados a instituciones franquistas para su "regeneración".

Hasta 1954, la cifra de niños tutelados por el régimen franquista, normalmente a través de centros religiosos, no bajó de una media anual de 30.000, según los documentos del Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de las Penas y también del Patronato de San Pablo que cita el auto. En la segunda mitad de las cincuenta ya no quedaban mujeres ni presas republicanas en edad de procrear, pero la práctica de la sustracción de bebés para darlos en adopción continuaría durante los años sesenta y setenta, transformándose en las presuntas tramas de adopciones ilegales ahora denunciadas por algunas de sus víctimas. Pocas todavía. "Mucha gente emigró, otros muchos hijos que fueron bebés robados no lo saben, otros han muerto, o no se han enterado, o son personas mayores que no quieren recordar", concluye Barroso.

--------------

Fuente: Periodismo humano