80 años de una historia truncada Imprimir
Nuestra Memoria - La Segunda República
Escrito por Arturo del Villar / UCR   
Viernes, 15 de Abril de 2011 04:18

Colectivo Republicano Tercer MilenioOtra conmemoración del 14 de abril para la añoranza. Es terrible tener que decir esta palabra, en vez de esperanza, pero nada debemos esperar desde el panorama presente. Lo único que podemos hacer es añorar aquel tiempo tan breve de la historia, en que España estuvo organizada en régimen de libertad y de justicia, según señala el primer artículo de la Constitución de la República Española.   Aquel 14 de abril de 1931 fue el día más jubiloso de cuantos se registran en nuestra historia. El pueblo español se sintió libre, supo que dejaba de ser súbdito para convertirse en ciudadano, como explicó acertadamente don Manuel Azaña, y creyó que inauguraba una etapa definitiva, en la que se encontraría igualado a los ciudadanos de los países desarrollados. 

 

 

 

   No fue posible. Desde antes de la proclamación popular de la República se hallaban conspirando contra ella las fuerzas más reaccionarias: los monárquicos civiles y militares nostálgicos del pasado, los nobles desprovistos de sus títulos, los terratenientes temerosos de una reforma agraria, los banqueros acostumbrados a imponer su voluntad, los enriquecidos gracias a los trapicheos facilitados por la monarquía, los eclesiásticos intocables en sus privilegios por ser el apoyo del trono, y los fascistas que en esos años comenzaban su actividad con pleno disfrute de las libertades políticas que deseaban abolir para los demás.

   Colaboraban con ellos los anarquistas, enfrentados siempre a cualquier forma estatal ordenada, lo que les llevó a organizar una guerra por su cuenta dentro de la guerra general, y una fracción socialista deseosa de sustituir la República burguesa por otra socialista, impulsora de la absurda revolución de octubre en 1934, caricatura de la verdadera Revolución de Octubre que modificó la historia, la soviética, y por ello terminada en fracaso.

 

La República imposible

 

   Desde ese planteamiento la Segunda República se presentaba tan inviable como la Primera. La conjunción republicano-socialista triunfó en las elecciones municipales del 12 de abril, resultado que motivó la huida apresurada del rey, pero no pudo repetirse en las elecciones generales de octubre de 1933, ante la negativa de la fracción extremista, con lo que se facilitó el triunfo a la derecha anticonstitucional.

   Como explicó Azaña al examinar las causas de que se perdiese la guerra, la República no contaba con republicanos para defenderla. El grupo político liderado por él, que no era un partido, Acción Republicana, dio muestras de su sensatez al unificarse en 1934 con la Organización Republicana Gallega Autónoma y el Partido Republicano Radical Socialista Independiente para constituir un partido fuerte, Izquierda Republicana,

   Los demás, por el contrario, se disgregaban en facciones o grupúsculos. En el partido mayoritario de la izquierda, el Socialista Obrero, se enfrentaban tres sectores, el prietista, el caballerista y el besteirista, a los que se añadió durante la guerra el negrinista, cada uno de ellos enemigo de los otros, y así continuaron incluso en el exilio. Por su parte, en el Partido Republicano Radical se produjo una escisión que dio paso al Partido Republicano Radical Socialista por un lado, a su vez escindido en el Partido Republicano Radical Socialista Independiente, y por otro a la Unión Republicana. No es preciso añadir más ejemplos, porque con éstos se demuestra la atomización de los partidos republicanos de izquierdas, partícipes de una primera idea común, aunque separados a la hora de aplicarla a la realidad cotidiana.

 

La desunión culpable

 

   Por desgracia, 80 años después no hemos aprendido nada de la lección proporcionada por la historia. Hoy existen muchos más partidos y agrupaciones de ideología republicana que durante la II República. De esta forma, resulta imposible alcanzar acuerdos de actuación conjunta, fuera de la organización de dos manifestaciones anuales. Por cierto: en esas manifestaciones cada grupo desfila separado de los demás, con sus banderas, sus pancartas y sus eslóganes particulares, para patentizar su independencia.

   Además hoy es impensable contar con la colaboración del actual Partido Socialista Obrero, que sólo tiene en común el nombre con el fundado por Pablo Iglesias en 1879, después de la refundación a que lo sometió Felipe González un siglo después. Lo convirtió en un partido derechista, capaz de tomar medidas ultraconservadoras al servicio del capital en perjuicio de los trabajadores, alineado con la derecha europea más retrógrada, y sometido al dictamen del imperialismo yanqui.

   Este partido se alterna en el Gobierno con el llamado Popular, fundado por un ministro de la dictadura, Manuel Fraga, igualmente ultraderechista en sus programas sociales, hasta el punto de no ser factible apreciar variaciones en la aplicación práctica de la ideología distintiva de cada uno cuando gobiernan.

   Están unidos también por el afán de enriquecerse fraudulentamente, los partidos como organizaciones y sus responsables como eso mismo, responsables del delito. En este momento se encuentran pendientes de juicio dos grandes casos de corrupción económica, uno en Valencia que afecta a los autoproclamados populares al ser gobernantes de su autonomía, y otro en Andalucía, feudo de los usurpadores del nombre Socialista Obrero, culpables de una sucesión de chanchullos variados que han facilitado la aparición de unos nuevos ricos de manos largas y ética olvidada.

   Ninguna provincia española se halla libre de escándalos económicos organizados por estos dos partidos políticos mayoritarios. En realidad no son partidos, sino mafias dedicadas al robo y la extorsión, e incluso el asesinato por parte de los supuestos socialistas, creadores de los criminales Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

 

Monarquías dictatoriales

 

   Con este panorama es inimaginable pretender conseguir alguna cierta unidad entre los grupos republicanos, ocupados en descalificar a sus colegas, por el mero hecho de serlo. Mucho más imposible es pensar, en el supuesto de alcanzar una limitada unión de grupos republicanos, involucrar a los presuntos socialistas en una identidad de acción política, para consolidar una conjunción electoral semejante a la que trajo la República a España hace 80 años.

   Sin embargo, la monarquía de Juan Carlos I está muy enlazada con la de su abuelo Alfonso XIII. Alcanzó el trono por designación de un ex-general golpista convertido en dictadorísimo, así como su abuelo se mantuvo en el poder gracias al golpe de Estado de un general proclamado dictador con el beneplácito real. Después el ya ex-rey felicitó al dictadorísimo por su triunfo sobre el pueblo español en 1939.

   Los dos monarcas se identifican en su protección a las guerras. En tiempos de Alfonso XIII se combatió inútilmente en Marruecos contra los islamistas, para defender los intereses de unas empresas coloniales, y ahora mismo tropas españolas luchan estúpidamente en Irak, Afganistán y Libia contra los islamistas, para defender los intereses de las multinacionales norteamericanas ansiosas de poseer las riquezas naturales de esos países, empezando por el petróleo. En cambio, el artículo sexto de la Constitución republicana decía que España renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional, y el 77 exigía al presidente de la República que agotase todos los medios defensivos posibles antes de firmar una declaración de guerra, y eso solamente en las condiciones prescritas por la Sociedad de Naciones.

   Tanto en la Constitución de 1876 como en la de 1978 se considera al rey por encima de las leyes. En la primera dice el artículo 48 que "La persona del rey es sagrada e inviolable", y en la segunda declara el 56 que "La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". En cambio, el artículo 85 de la Constitución de 1931 proclama que "El presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales". En las monarquías el jefe del Estado es un ser superior a los ciudadanos, mientras que en la República es un ciudadano con mayor responsabilidad que los demás.

 

Conjunción altar y trono

 

   El poder de la Iglesia catolicorromana durante las monarquías es ilimitado, ya que la tradicional alianza entre el altar y el trono equipara a las dos instituciones. La Constitución de 1876 aclaraba en el artículo 11: "La religión católica, apostólica, romana es la del Estado", mientras que la de 1978 disimula su poderío, dado que el artículo 16 anuncia que "Ninguna confesión tendrá carácter estatal", pero añade que el Estado mantendrá "las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica", lo que de hecho se traduce en concederle unos millones de euros anuales, exonerarla de pagar impuestos, y permitir que evada al Vaticano todas las divisas que quiera para contribuir al llamado óbolo de san Pedro. Por el contrario, el artículo tercero de la Constitución republicana aclaraba: "El Estado español no tiene religión oficial", y los artículos 26 y 27 especificaban las normas a las que habían de sujetarse los eclesiásticos.

   A pesar de los privilegios de que goza la Iglesia catolicorromana bajo la monarquía de Juan Carlos I, continuamente se queja la Conferencia Episcopal de la laicidad del reino, se inmiscuye en la legislación, impone sus criterios en materias educativas, organiza todos los actos públicos que se le ocurren, exige la separación de sus cementerios de los civiles, reclama el mantenimiento de sus templos a cuenta del Estado, y se lamenta de estar perseguida cuando no se le permite hacer su voluntad, calificada por ella de santa.

   Mientras tanto, a los que no pertenecemos a la secta se nos prohíbe protestar contra sus prorrogativas, se nos impide celebrar actos que la Iglesia califica de ofensivos para ella, y se nos impone el silencio si pretendemos criticar sus fechorías, aparte del hecho ilegal, según la legislación de la Unión Europea a la que pertenece el reino, de destinar los impuestos que pagamos para sostenerla, en contra del deseo de la mayoría de vasallos contrarios a la prepotencia eclesial.

 

El pleito de las nacionalidades

 

   Lo mismo durante la monarquía de Alfonso XIII que en la presente existe un rechazo por parte de algunos vasallos a formar parte obligatoriamente del reino. Los atentados políticos son inevitables en los territorios que se consideran naciones dominadas por el poder real. La República estaba resolviendo este problema gracias a la concesión de estatutos de autonomía que agradaban a los ciudadanos, pero no logró completar los proyectos porque los militares monárquicos se sublevaron.

El enfrentamiento continúa abierto ahora mismo, sin perspectivas de arreglo: en Catalunya se han celebrado referendos sobre su independencia, a los que no se concede ninguna validez por el Estado, y en Euskadi se vive una tensión que degenera cada vez más en el rechazo ciudadano al reino y al rey, silbado cuando acude a visitar raramente alguna de sus localidades. La quema de banderas monárquicas y de fotografías de la llamada familia real es un uso habitual.

   La sublevación de los militares monárquicos impidió consolidar la actuación republicana durante la guerra, y después eliminó su legislación, obligando al pueblo español al vasallaje al dictadorísimo primero y seguidamente a su sucesor el rey designado por él. La II República inició una intensa labor renovadora de las caducas instituciones nacionales, aunque no tuvo tiempo de culminarla. En realidad la verdadera República Española, estrictamente hablando, sólo existió durante 35 meses, los períodos que abarcan del 14 de abril de 1931 al 3 de octubre de 1933, y del 19 de febrero al 17 de julio de 1936, porque el intermedio del conocido como bienio negro estuvo dedicado a abolir la legislación anterior, y durante la guerra fue preciso atender a la necesidad prioritaria de intentar derrotar a los sublevados.

 

Maneras de contar

 

   En los últimos meses se está imponiendo la moda de difamar la actuación republicana, lo mismo que sucedió a lo largo del período dictatorial. Los militares monárquicos se sublevaron contra el Gobierno republicano, y es comprensible que insistieran en presentarlo como absolutamente nefasto, para justificar su rebelión. Algunos de los detractores del régimen republicano durante la dictadura continúan incrementando sus publicaciones, con los mismos argumentos de costumbre.

   A ellos se les van uniendo ahora otros escritores que presumen de historiadores, en lo que denominan intento de desmitificar la República, ajustándola a la realidad. Para ello resaltan los aspectos negativos, que los hubo, naturalmente, porque ningún proyecto humano es perfecto, sin molestarse en analizar las causas. Por ejemplo, cargan las tintas negras al referirse a la inseguridad callejera, sin explicar que los pistoleros fascistas eran los culpables de su existencia. O critican negativamente el paro agrícola, sin recordar que los terratenientes se negaban a emplear a los jornaleros y preferían desperdiciar las cosechas, con tal de incrementar el descontento social para incitar a la sublevación militar.

   Debemos preguntarnos qué motivaciones existen para que se sucedan esas publicaciones por parte de editoriales comerciales. Seguramente las comprenderemos si tenemos en cuenta el aluvión de libros que se continúan sobre los diversos integrantes de la llamada familia real, con el intento de hacerlos populares. Son dos datos complementarios al coincidir en el tiempo. Los medios de comunicación social jalean unas ediciones y silencian otras, en sospechosa coincidencia.

   Las editoriales están pasando por muchos apuros económicos, como todas las empresas españolas, algunas de ellas en crisis total, y precisan ayudas para continuar su actividad. La forma de conseguirlas queda a su alcance, no es ningún secreto. Los periódicos saben igualmente cómo deben comportarse para merecer un trato beneficioso que les permita superar esta etapa dificultosa por la que atraviesan. Los ministerios disponen de unos llamados fondos reservados, por otro nombre de reptiles, que a veces se emplean para lo que fueron pensados, y otras se los apropian los funcionarios, como quedó patente con un Gobierno supuestamente socialista.

 

El pacto por la monarquía

 

   A la muerte por ancianidad elevada del dictadorísimo los partidos políticos acordaron un pacto secreto, pero conocido por todo el mundo, como ocurre cuando son varios los implicados. Era preciso aceptar la monarquía del 18 de julio instaurada por el difunto tirano, para evitar que se molestasen los poderes fácticos del Ejército, la Iglesia catolicorromana y la Banca. Puesto que bajo la dictadura no existió más que un partido político y un sindicato vertical, todos los demás estaban prohibidos. Si querían ser legalizados tenían que aceptar la monarquía sin ninguna reserva. Así lo hicieron, atentos a su beneficio más que al del pueblo.

   En esos meses se mantuvo la prohibición solamente para los partidos republicanos. Cuando Acción Republicana Democrática España (ARDE) solicitó su inscripción en el registro de partidos políticos, en el que ya figuraban el Socialista y el Comunista, se rechazó su petición. En conversación privada, se dijo a sus dirigentes que en cuanto eliminasen la R de su sigla quedarían inscritos inmediatamente, a lo que se negaron con plena lógica, puesto que hacerlo significaría perder su identidad.

   Más tarde fueron legalizados los partidos, asociaciones y grupos de carácter republicano, cuando las autoridades del reino descubrieron que son tantos y están tan desunidos que es imposible constituir una fuerza verdadera de oposición dinástica. No los toman en consideración. Es lógico.

 

Por un partido republicano

 

   Por eso conmemoramos con añoranza aquel 14 de abril de hace 80 años. La conjunción republicano-socialista hizo posible el cambio de régimen. Ahora los neosocialistas se muestran encantados con la monarquía del 18 de julio, en la que ocupan el Gobierno y cometen las corrupciones que les vienen en gana. Como para proponerles un cambio de sistema. En cuanto a los republicanos, cada grupo defiende un modelo republicano irreconciliable con los demás.

   Si continuamos así pasarán otros 80 años de añoranza republicana. Y la culpa la tendremos nosotros, por nuestra división en grupúsculos minúsculos que cada uno de ellos pretende instaurar un modelo de República, unitaria, federal, confederal, socialista, de derechas, libertaria, etcétera. Con tantos modelos nunca se alcanzará un acuerdo positivo, con tantas repúblicas teóricas nunca se proclamará la República.

   Este mensaje llevo años repitiéndolo, inútilmente según se ve. A lo que parece, carecemos de capacidad para aprender de los errores pasados, y por eso caemos de nuevo en ellos. Un Partido Republicano, sin otros apelativos, podría ganar las elecciones, porque el pueblo supuestamente soberano está desencantado de la monarquía y de los partidos que la gobiernan alternativamente. Más tarde llegaría el momento de asegurar el nuevo régimen con el apoyo de todas las fuerzas. No es una utopía. Mejor dicho, no debiera serlo.

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Arturo del Villar es Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio