La historia es conocida en su arranque. Cuando el Gobierno de Felipe González en 1985 aprobó la primera ley del aborto, lo que entonces era aún la Alianza Popular, montada con los 'progres del franquismo' y la derecha 'más dura de los demócratas' corrió al Tribunal Constitucional, artículo 15 en mano. El TC pareció que les daba la razón en su sentencia, y así lo celebraron, pero una lectura más cuidadosa demostraba que los magistrados lo que decían era que fallaba la forma, pero el fondo (los supuestos para abortar) salían refrendados.

La nueva normativa legal con la que nos amenaza el ministro de Justicia en materia de aborto no solamente traerá mucho sufrimiento a las familias y especialmente a las madres, no sólo significará que se agudicen las diferencias de clase, con la exclusión de las mujeres que tienen menos recursos del acceso a una clínica en buenas condiciones sanitarias en Londres o en Ámsterdam, y que deberán recurrir a abortos clandestinos y sépticos, con sus secuelas de enfermedades, procesos judiciales, quizá prisión para médicos y parteras –no sé si Ruiz Gallardón se propone también encarcelar a las mujeres–, y hasta muertes. Pero puesto que la salud y la felicidad de sus ciudadanos no constituye un problema para la conciencia del ministro de Justicia, lo que sí, desde el punto de vista de un jurista demócrata debería ser motivo de preocupación, cuando no de escándalo, es que fractura gravemente los principios de un Estado de Derecho.