Ni el frío ni la lluvia han disuadido a miles de mujeres y a cientos de hombres (entre 10.000 y 15.000, según las organizadoras) a la hora de tomar las calles en una nueva jornada contra la ley Gallardón y por un aborto libre en la sanidad pública.

A pesar de la cercanía con la manifestación del Tren de la Libertad, Madrid no ha quedado impasible ante esta nueva convocatoria, mucho más transgresora que la anterior en los objetivos, las consignas y hasta en el colorido: mucho violeta (el color que representa la lucha de las mujeres) en las ropas, tocados y banderas, pero también las tradicionales banderas republicanas y las rojas de la izquierda. Y muchas mujeres jóvenes.

Las reivindicaciones centrales se trasladaron a la ciudadanía en gritos que exigían la dimisión al ministro Gallardón, sobre todo al pasar por delante del Ministerio de Justicia; y la demanda central de aborto libre y gratuito, junto con la habitual cantata sobre la patriarcal y machista Conferencia Episcopal, que siempre va a ser quemada, en un paralelismo con la actuación de la Iglesia católica con las mujeres (brujas) en los siglos XVI y XVII.

Una mujer sostiene un cartel a favor del aborto durante la manifestación de Madrid. / Víctor Lerena (Efe)

En todos los corrillos la satisfacción era patente por el nuevo éxito de una convocatoria, que si bien no tuvo el apoyo mediático del Tren, sí ha tenido una buena respuesta en términos de asistencia, lo que viene a indicar que el Movimiento Feminista está vivo y dispuesto a luchar para que el gobierno del Partido Popular no prosiga con su actitud de “un paso para delante, tres pasos para atrás” en derechos y libertades de las mujeres.

Manifestaciones con los mimos objetivos que la de Madrid se han celebrado en una veintena de ciudades españolas -Barcelona, Bilbao, Cádiz o Santander, entre ellas- así como en capitales del extranjero como Londres, Dublín o Lisboa.

Y es que cada día se refuerzan más las voces contra un anteproyecto que vuelve a situar el aborto dentro del Código Penal castigando, por ejemplo, a quienes realicen una interrupción del embarazo fuera de los límites recogidos en la propuesta (riesgo para la salud física o psíquica de la madre y en las veintidós primeras semanas o porque el embarazo se debiera a una violación sexual) a una pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación profesional de uno a seis años – modificación del art. 145 del Código Penal-. Sin embargo, para quienes por imprudencia produzcan el aborto, el castigo sería de una pena de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses –modificación del art. 146 del Código Penal-.  La simple lectura de esta propuesta viene a demostrar la dualidad en la “protección del concebido y no nacido”.

En este caminar de cangrejo del gobierno, y aplicando una misoginia sin precedentes, horas antes de la celebración el pasado 6 de febrero del Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina (MGF),  hemos conocido que en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la reducción de los ámbitos de aplicación de la Justicia Universal y que se discutirá –y aprobará- el martes día 11 en el Congreso de los Diputados, se eliminan los casos de MGF realizados a niñas residentes en España, que se puedan producir en los países de origen de sus progenitores.

Parece, pues, cada vez más evidente que el gobierno protege al concebido, mientras desprotege a quienes ya han nacido.

Berta Cao es consultora de género y Máster en Género y Políticas de Igualdad.

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Fuente: Cuarto Poder