Este tipo de declaraciones visibilizan cómo el control del cuerpo de las mujeres sigue siendo uno de los elementos clave del sistema patriarcal para limitar la autonomía de las mujeres y mantener las desigualdades. Se traduce en restricciones de derechos como el aborto, la reproducción de estereotipos sexistas como el vincular ser mujer con ser madre y el mantenimiento de las violencias machistas, entre otras cuestiones.
Los organismos internacionales de derechos humanos reconocen el aborto como un derecho que forma parte de los derechos sexuales y reproductivos. Así lo han difundido a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, el de Derechos Humanos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros; así como a través de las plataformas mundiales de Beijing y El Cairo[1]. Todos ellos han denunciado la relación entre las altas tasas de mortalidad materna y los abortos ilegales o inseguros, suponiendo estas leyes restrictivas una violación de los derechos de las mujeres y un alto coste para sus vidas.
El derecho al aborto, la decisión de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos, es la parte más visible y polémica de los derechos sexuales y reproductivos, que siguen teniendo muchas carencias en su reconocimiento y garantía. Hay dos matices clave que ayudan a comprender su alcance y algunos de los límites o confusiones que se pueden generar sobre los mismos.
La salud como derecho. Van a hacer ya 20 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo y de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, espacios en los que el movimiento feminista consiguió un gran avance en el reconocimiento internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos como tales derechos humanos y su incidencia directa en la situación de las mujeres y las desigualdades de género. Este enfoque de derechos le confiere un grado más transformador, la obligación de su cumplimiento y garantía de parte de las instituciones y otros agentes.
Derechos sexuales además de reproductivos. En muchos argumentos, por otro lado, nos encontramos con un mayor énfasis en lo reproductivo, énfasis que oculta otras luchas también incluidas relacionadas con el derecho a la intimidad, a la libre opción sexual, al control y disfrute de nuestros cuerpos, al placer sexual o a la información y educación sexual integral, entre otras. Es imprescindible destacar que si sólo hablamos de reproducción y salud visualizamos a las mujeres no como sujetas de derecho por sí mismas, sino que vinculamos el derecho a la salud y la garantía de reproducción al ser mujer y madre.
Control del cuerpo
La restricción del derecho al aborto ha sido históricamente uno de los ejemplos más evidentes del control del cuerpo de las mujeres. La legislación mundial en esta materia es muy diversa, desde recogerlo como delito con la penalización con años de prisión tanto para quienes practiquen el aborto como para las propias mujeres, hasta su consideración como un derecho que debe garantizarse a través del libre acceso desde los servicios púbicos de salud. Según datos de 2011[2], un 26 por ciento de la población mundial reside en países donde el aborto está en general prohibido o sólo se permite para salvar la vida de las mujeres (68 países); un 35 por ciento reside en países en los que se permite el aborto para preservar la salud o por razones socioeconómicas (73 países) y un 39 por ciento de la población reside en países en los que se permite sin restricciones (58 países).
En los últimos años han aumentado los abortos realizados en condiciones peligrosas (representando un 49 por ciento del total). Sólo en 2008, 47.000 mujeres murieron por complicaciones relacionadas con el aborto en el mundo[3].
Una reciente investigación realizada sobre el aborto a nivel mundial impulsada por el Instituto Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ayuda a romper algunos de los mitos aún existentes sobre el aborto, demostrando que la tasa de abortos es menor en los países con leyes más permisivas. Según esta investigación, “aprobar leyes restrictivas no reduce la tasa de abortos, pero sí aumenta la muerte de mujeres”[4]. Ejemplos de esta realidad son el caso de Sudáfrica, donde después de legalizar esta práctica las muertes relacionadas con los abortos cayeron un 91 por ciento, siendo la tasa más baja del continente; o el caso de Holanda, donde el aborto está permitido hasta las 24 semanas y la tasa es la más baja de Europa. Las legislaciones más restrictivas, además de plantear un déficit de derechos y de reconocimiento de la autonomía de las mujeres, no suponen una reducción de los abortos, sino una mayor clandestinidad, privatización y mayores riesgos para la vida de las mujeres.
En el Estado español
La posible reforma restrictiva de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2010 se anunció en el programa electoral del Partido Popular (PP): “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Sin embargo, el programa nada decía de cambiar la ley de plazos, mayoritaria en Europa, como ha planteado el ministro de justicia en algunas de sus últimas declaraciones: “La legislación volverá a un sistema de supuestos, que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos, porque la experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben ser revisados”. La amenaza implica un gran retroceso: no sólo es la vuelta a una ley de supuestos, sino incluso el cuestionamiento del aborto en caso de malformación del feto.
Si hacemos un poco de historia, veremos cómo la sociedad española pasó tras finalizar la dictadura franquista por una transición también sexual, impulsada por el movimiento feminista, como plantea Justa Montero[5]. La defensa del derecho a una sexualidad libre y el derecho a decidir de las mujeres en una sociedad capitalista y patriarcal se abordó ya en las primeras jornadas sobre el derecho al aborto (Madrid, 1981), y los avances logrados han sido impulsados por el movimiento feminista, reconociéndolos uno de los elementos clave de su agenda.
En 1985, estando el aborto tipificado como delito contra la vida en el Código Penal, se logró su despenalización en los supuestos de riesgo grave físico o psíquico para la mujer, violación (hasta la semana 12) o malformaciones del feto (hasta la semana 22), en los tres casos con informes o denuncia de terceras personas. En 2010 la aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo[6] supone un gran avance para el reconocimiento del aborto como un derecho de las mujeres, eliminando la criminalización y planteando el aborto libre hasta las 14 semanas. Así mismo, es clave el abordaje de la salud sexual y reproductiva de manera integral y como asunto de salud pública, incorporando medidas para promover la educación afectivo-sexual y reproductiva en el sistema educativo o mejorando la planificación familiar, entre muchas otras. Centrándonos en el aborto, plantea una ley de plazos, en vez de supuestos, se mantiene el derecho como responsabilidad de la sanidad pública y reconoce la autonomía de las mujeres a partir de los 16 años para tomar esta decisión.
Los retrocesos planteados por el PP en la posible reforma de la ley actual (vuelta a una ley de supuestos, la necesidad de consentimiento paterno para las menores y la eliminación del supuesto de anomalías fetales) situarían al Estado español junto con Malta, Irlanda o El Vaticano, quienes cuentan con las legislaciones más restrictivas en Europa.
Uno de los argumentos planteados por el PP contra la ley actual y específicamente contra el derecho al aborto era que se dispararían las intervenciones. Sin embargo, y en línea con lo que expuesto anteriormente, los informes del Ministerio de Salud sobre abortos financiados por la sanidad pública[7] muestran una tendencia muy similar a los años previos a la aprobación (en 2010 los abortos sólo aumentaron un 1,3 por ciento y fueron mayores en el primer semestre, sin la ley aprobada aún).
Esta reforma iría contra las recomendaciones planteadas en mayo de 2012 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas al Estado español[8], entre las que se encontraba el garantizar la plena aplicación de la ley en todo el territorio nacional, haciendo hincapié en el acceso equitativo en la sanidad pública en las distintas comunidades autónomas y con atención especial a las mujeres adolescentes y migrantes. La posible reforma también podría ir contra el principio internacional de derechos humanos de no regresividad, que obliga a los Estados a no disminuir derechos sociales ya adquiridos.
En este contexto, con la crisis sistémica que estamos viviendo (financiera, de cuidados, medioambiental, de valores…) y las medidas conservadoras propuestas en los últimos tiempos, vemos cómo la vuelta a la penalización del aborto implica una pérdida de derechos de las mujeres. No permitamos que la “necesidad” de nuevas medidas y modelos oculten cambios legislativos y pérdida de derechos. Como se planteaba en Bilbao en una de las últimas manifestaciones del movimiento feminista[9], “tenemos que desempolvar viejos lemas y pancartas para reivindicar derechos ya adquiridos”. Así, las reivindicaciones por el derecho al aborto libre y seguro dentro de la sanidad pública y la necesidad de laicidad del Estado siguen claramente vigentes.
Son múltiples las acciones y estrategias a impulsar y en las que tomar parte activa. Desde Mugarik Gabe, con parte del movimiento feminista y social vasco, estamos organizando un Tribunal de Derechos de las Mujeres[10] en el que el derecho al aborto será abordado específicamente, tanto a nivel mundial como en nuestra realidad más cercana. Como plantea Carme Valls, restituyamos el derecho a la salud de las mujeres que se articula a través del derecho a decidir sobre su cuerpo; a su sexualidad y sensualidad; al propio deseo; a ser o no madre; a acceder a los recursos de salud y a participar en las decisiones relacionadas con su salud.
NOTAS:
- La Plataforma Mundial de Beijing fue aprobada después de la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres en 1995. La de El Cairo, después de la Conferencia Mundial sobre Población, 1994.
- Center for Reproductive Rights: www.reproductiverights.org.
- Sedgh, Gilda; et al (2009): Aborto a nivel mundial: una década de progreso desigual, Guttmacher Institute (USA) yOMS. Disponible en: www.guttmacher.org.
- Ídem.
- Montero, Justa (2009): “Las aspiraciones del movimiento feminista y la transición política”, en Martínez Ten, Carmen; Gutiérrez López, Purificación; y González Ruiz, Pilar: El movimiento feminista en España; pág. 175-186.
- Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de 2010.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2010. Ministerio de sanidad, política social e igualdad (2011).
- Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 12/05/2012. http://imagenes.publico-estaticos.es/resources/archivos/2012/5/30/1338411574260informeonu.pdf
- Extraído del manifiesto de la Coordinadora Feminista para el 8M y 25N de Bilbao.
- Junio de 2013. www.tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com