Hace varios siglos el Apóstol San Pablo en su Epístola a los Romanos sostuvo, siguiendo las tradiciones bíblicas, que todo el poder procede de Dios. En los siglos posteriores esta idea fue recogida y reforzada por numerosos teólogos que llegaron incluso a sostener esta teoría hasta tiempos muy recientes, y así se puede comprobar repasando los textos de algunas constituciones, elaboradas cuando ya se había producido la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En consecuencia, nadie podía exigir responsabilidades al Soberano sin ofender a Dios, que le había otorgado su poder.

Este martes, PSOE, PP y Vox rechazaron en la Mesa del Congreso la comisión que formaciones como Unidas Podemos, ERC, PNV, EH-Bildu o Más País, pedían para investigar las actuaciones del rey emérito Juan Carlos I en relación a la adjudicación del contrato del AVE a la Meca.

Las formaciones que votaron en contra, para justificar su posición, esgrimieron estar siguiendo el criterio de los letrados del Congreso, quienes consideran que la inviolabilidad del Rey es “permanente” y, por tanto, afecta también tras su abdicación, llevada a cabo en junio de 2014. Dejando a un lado la cuestión de la permanencia en el tiempo, creo conveniente analizar el ámbito de aplicación de la inviolabilidad en cuanto a los actos a los que se refiere, es decir, ¿puede el Rey hacer lo que le plazca sin ser juzgado, incluso aunque ese acto esté tipificado como delito en el Código Penal? Porque quizás el debate no esté tanto en si al convertirse en rey emérito continúa o no gozando de dicha inviolabilidad, sino en si aún manteniendo dicha inviolabilidad, ésta aplica también a aquellos actos que no guardan una relación directa con su cargo de Jefe del Estado.