Que en esta asignatura se estudie, histórica y científicamente, el ateísmo, el agnosticismo y el panteísmo con todos los contraargumentos y refutaciones con que estas creencias o certidumbres han negado la existencia de uno o varios dioses y la existencia de la inmortalidad del hombre. Y viceversa, por supuesto.

El pasado 16 de septiembre Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, publicó en este diario el artículo “La urgente necesidad de sacar los dogmas religiosos de la escuela”. Como defensor acérrimo del laicismo y contra los dogmas discrepo, no obstante, de la propuesta de Raquel Ortiz. Según ella: “Si esto es una democracia no se puede permitir que los dogmas, ninguno, tengan las escuelas abiertas (…) Una y mil veces lo repetiremos, nada que objetar a que las religiones se practiquen en sus lugares de culto ya que tienen todo su derecho PERO NO EN LA ESCUELA”.

Inmatricular un bien es inscribirlo por vez primera en el Registro de la Propiedad. Desde que se aprobó la reforma de la Ley Hipotecaria de 1946 la Iglesia Católica (artículo 206) ha tenido la prerrogativa de inmatricular bienes a su nombre en los Registros de la Propiedad sin aportar más justificación que una simple autocertificación eclesiástica. Sin publicitarlo, sin abrir un expediente de dominio, sin verificación ni control de tipo alguno. Por si esto fuera poco, la reforma de la Ley Hipotecaria realizada por el Gobierno de Aznar en 1998 permitió a la Iglesia inmatricular lugares de culto, algo que ni siquiera la anterior ley franquista se había atrevido a hacer. Es decir, que además de fincas, viviendas, locales, casas rectorales, viñedos, cementerios, murallas, parques... también pudieron poner a su nombre, con el mismo procedimiento, la Mezquita de Córdoba, el prerrománico asturiano, la Giralda de Sevilla y todo tipo de ermitas, iglesias y catedrales.