Recientemente estamos asistiendo a un frecuente y progresivo traslado de los rituales confesionales católicos al ámbito de la vía pública. Ello es especialmente ostentoso en el caso de grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Santiago, Zaragoza...). En muchas ocasiones, el boato propio de esta creencia viene refrendado por una amplia presencia de sus prelados y, en última instancia, de su máxima autoridad, Benedicto XVI (B16, en adelante). Y de manera persistente, dichas concentraciones se pretenden masivas. Asimismo, exigen unos cuantiosos desembolsos al erario público, "alimentado" como es lógico por los impuestos que recaen en tod@s l@s ciudadan@s españoles, independientemente de sus creencias o convicciones.

Comienza a ser habitual y a la postre cansino, leer y escuchar en prensa, radio y televisión noticias referentes a problemas que giran en torno a las relaciones existentes entre la Iglesia Católica y el Estado español: financiación de aquella y destino de fondos públicos para los colegios privados en su mayor parte católicos, con su capilla e ideario incluido.