La guerra sucia del Gobierno británico. PDF Imprimir E-mail
Imperio - Unión Europea
Escrito por Daniel Finn   
Miércoles, 25 de Diciembre de 2019 00:00

El concepto de "Estado profundo" es recurrente en el vocabulario político. Originalmente remitía al entramado que unía las instituciones represivas del Estado, el crimen organizado y la extrema derecha en países que vivieron dictaduras militares, como Grecia y Turquía. Su contenido quedó desdibujado al apropiarse de él los partidarios del brexit y los seguidores del presidente estadounidense Donald Trump. Lo que estos llaman "Estado profundo" no es sino el Estado en sí, la "gobernanza permanente" de funcionarios y jueces con quienes cualquier poder electo ha de contar.

En el Reino Unido, el "Estado profundo" tomó sin embargo una forma tangible durante el llamado período de los "Disturbios" en Irlanda del Norte. Se dio en aquel momento un enfrentamiento entre las fuerzas nacionalistas, favorables a la reunificación de Irlanda y mayoritariamente católicas, y los grupos lealistas, protestantes y dispuestos a cualquier cosa con tal de que Irlanda del Norte permaneciera en el seno del Reino Unido. Mientras duró el conflicto (1.968-1.998), las fuerzas de seguridad británicas colaboraron con paramilitares responsables de centenares de asesinatos comunitaristas. Sobran hoy testimonios para reconstruir la historia de actuaciones que sobrepasaron en magnitud las de los tristemente famosos Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en España-escuadrones de la muerte amparados por el Gobierno de Felipe González (1.982-1.996), ideados para eliminar a los militantes vascos de Euskadi Ta Askatasuna (ETA)-. En Irlanda del Norte, la historia de este tipo de contubernios evidencia a que extremos ha consentido llegar el "Estado profundo" contra aquellos a quienes había identificado como adversarios en el territorio nacional.

En su lucha contra el poder británico, el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y los demás grupos republicanos de menor importancia mataron a 2.057 personas, es decir el 58% del número total de víctimas del conflicto (3.532). Por su parte, los grupos lealistas-especialmente la Ulster Volunteer Force (UVF), fundada en 1.966, y la Ulster Defence Association (UDA), fundada en 1.971- mataron a 1.027 personas. Pero tan implacables eran en elegir como blanco a los no combatientes que son responsables de casi la mitad de las víctimas civiles del conflicto. El 85% de las personas asesinadas por paramilitares eran civiles frente a un 35% del lado de los republicanos.

Oficialmente, los sucesivos Gobiernos siempre han declarado que sus fuerzas de seguridad seguían las mismas pautas frente a todos los combatientes, republicanos o lealistas. Sin embargo, existían dos razones evidentes que les movían a adoptar una actitud distinta con los lealistas. A diferencia del IRA, estos no intentaban matar a soldados, a policías o a responsables políticos; y tenían un fuerte arraigo en la comunidad protestante y unionista, de la cual procedía la mayor parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad de la región. No podía existir la más mínima cooperación entre el Estado británico y el IRA. En cambio, si existía una base potencial para que colaboraran fuerzas de seguridad y grupos lealistas contra su común adversario.

Los portavoces del Gobierno siempre han achacado a la propaganda republicana cualquier referencia a algún tipo de contubernio, incluso cuando surgía de dirigentes nacionalistas hostiles al IRA. Desde los años 1.990, sin embargo se acumulan las pruebas. Aunque no habido una Comisión de la Verdad y la Reconciliación como en Sudáfrica tras el apartheid, una serie de informes oficiales han evidenciado que existió una colaboración generalizada entre agentes del Estado y paramilitares lealistas.

Las formas de violencia lealista han variado en el transcurso del tiempo. El primer despunte se produce a mediados de los años setenta: entre 1.972 y 1.976, los grupos protestantes matan a 567 personas, civiles católicos en su gran mayoría. Sigue un período de relativa inactividad en la primera mitad de los ochenta, cobrando luego renovada intensidad la campaña de asesinatos comunitaristas. Los lealistas matan a 50 personas entre 1.983 y 1.987; a 224 entre 1.988 y 1.994. En 1.992, la UVF y la UDA sumaban un mayor número de víctimas que el IRA- la mayoría de las veces civiles católicos designados al azar.

La parcialidad de las autoridades a favor de los paramilitares lealistas quedó claramente plasmada en el estatus de la UDA, una organización que permaneció en el marco legal desde su fundación hasta 1.992. En 1.972, una nota del Gobierno estipula que no se ha de imposibilitar el alistamiento de algunos de sus miembros en las filas del Ejército británico a través del Ulster Defence Regimnet (UDR): "La UDA no es una organización ilegal, y formar parte de ella no constituye un delito tipificado en las leyes militares. Igualmente es una gran organización cuyos miembros no pueden ser considerados todos como extremistas peligrosos. Resultaría contraproducente excluir a un miembro del UDR con motivo de su afiliación a la UDA. Un documento clasificado, publicado al año siguiente, revela que entre un 5 y un 15% de los miembros del UDR "tenían vínculos con paramilitares y con frecuencia pertenecían de forma simultánea a ambas organizaciones". También desvela que soldados del UDR entregaban de manera periódica armas y municiones a los grupos lealistas, conformando dichas remesas "su única fuente significativa de abastecimiento en armas modernas".

Efectivos del Ejército Británico en Irlanda del Norte.

En 1.978, el Gobierno irlandés presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el fin de que condenara la política de detenciones sin juicio del Gobierno británico.Durante las audiencias, los representantes del Estado reconocieron que no se trató con idéntico rasero a los paramilitares republicanos y lealistas. ¿Su argumento?. Los grupos lealistas no eran organizaciones disciplinadas y estructuradas como el IRA. La UDA "no era una organización terrorista; era, por así decirlo, la manifestación fuertemente militante-y aterradora-de un punto de vista", explicó por ejemplo Harry Tuzo, comandante de las fuerzas británicas en Irlanda del Norte de 1.971 a 1.973. En privado, el Gobierno reconoció que semejante argumento no se sostenía.

Buena parte de la investigación sobre dicha colusión en los años setenta se ha centrado en la actividad del Glenanne Gnag, milicia lealista responsable de más de un centenar de muertos. Entre las atrocidades que perpetró, la historia recuerda la explosión de varias bombas que mataron a treinta y siete personas en Dublín y Monaghan en 1.974. Formaban parte de esa milicia miembros en activo del UDR y de la Policía Real del Ulster (ROyal Ulster Constabulary, RUC)-la fuerza armada que estuvo en primera línea en las acciones británicas de contrainsurrección.

Tras el acuerdo del Viernes Santo de 1.998, la RUC pasa a ser el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI). Su equipo de Investigaciones Históricas (Historical Enquiries Team, HET) investiga el caso del Glenanne Gang. Este reconoce que numerosas personas han acusado a la RUC de no haber perseguido eficazmente a esa milicia cuando más actividad desplegó: "Miembros de la comunidad nacionalistas así como familiares de víctimas están convencidos de que en tales casos, las investigaciones no se llevaron a cabo de forma rigurosa, con el objetivo de disimular la implicación de las fuerzas de seguridad y de permitir a los paramilitares lealistas que continuarán con una campaña de terror contra los civiles católicos. El HET no está en situación de rebajar o despejar esas sospechas. La investigación realizada ha evidenciado omisiones preocupantes y echado en falta una estrategia de investigación estructurada".

Según el HET, existen pruebas fehacientes de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares lealistas. Tales evidencias deberían haber "activado una señal de alarma" hasta la cúpula del Gobierno y sin embargo "no se hizo nada y prosiguió la espiral mortífera". A finales de los años 70, miembros del RUC fueron inculpados por un ataque contra un pub católico. Estudios balísticos asociaron sus armas con las que fueron utilizadas por el Glenanne Gang en diversos asesinatos. El tribunal solo dictó contra ellos penas suspendidas, salvo una excepción: la que afectaba a un oficial de policía anteriormente condenado por asesinato. En su dictamen, el juez describe a los acusados como "hombres que se habían extravíado y eran principalmente unos pobres infelices", impulsados por "la idea de que se necesitaba y estaba justificado hacer algo más que el desempeño ordinario de la policía para librar al país de la pestilencia que en él había arraigado".

Así se entiende por qué, a finales de los setenta, varios ministros se mostraron poco proclives a ahondar en semejante trama. En aquella época, la política de contrainsurrección de Londres en Irlanda del Norte va evolucionando hacia la "ulsterización". En la lucha contra el IRA, se trata de apoyarse cada vez más en efectivos locales, limitando así las bajas entre los soldados y reduciendo la presión sobre los dirigentes políticos para que pongan punto final al conflicto.De haberse publicado las "pruebas fehacientes" del contubernio, habría resultado mucho más dificultoso para el Gobierno justificar una política de seguridad que descansaba de forma tan significativa sobre la RUC y el UDR.

Cuando a finales de los ochenta y principios de los noventa, se reanuda la campaña lealista,en el centro del dispositivo se halla un miembro de la UDA: Brian Nelson. Agente de la Force Research Unit (FRU), estructura secreta de inteligencia del Ejército británico, se convierte en responsable de los servicios de seguridad de la UDA. Su función sale a la luz debido al papel que desempeñó en la preparación del asesinato, el 12 de febrero de 1.989, de Patrick Finucane, un abogado de altos vuelos que había defendido a sospechosos del IRA.

Atentado del IRA con coche-bomba, marzo de 1.973.

Bajo la presión del Gobierno conservador del señor John Mayor, el fiscal acepta pactar con él una declaración de culpabilidad-Nelson será condenado a diez años de cárcel y liberado al cabo de cuatro-, garantizándole que no tendrá que enfrentarse a un contrainterrogatorio en el transcurso de la vista oral en 1.992. Su ordenante, el señor Gordon Kerr. declara en su lugar, toma "la responsabilidad moral personal" de las acciones de su subordinado y describe a Nelson como un hombre "perfectamente leal al sistema". Se revela después del juicio que el señor Kerr ha inducido a error al tribunal acerca de las actividades de Nelson en el seno de la UDA: en vez de impedir actos terroristas, había organizado los ficheros de los servicios de información de la FRU para mejorar la selección de objetivos.

La carrera de Nelson ilustra un punto crucial sobre como se gestionaba el tema de los confidentes por parte de las fuerzas de seguridad. La sección especial de la RUC, puntera en la guerra de los servicios de inteligencia, disponía de centenares de confidentes en los grupos lealistas hasta los años 2.000. Los defensores de las fuerzas de seguridad argüían que a veces convenía hacer la vista gorda sobre determinadas actividades criminales de algunos de ellos si las informaciones que transmitían contribuían a frustrar atentados. Ahora bien, este argumento cae por su propio peso si la auténtica misión de confidentes era reforzar los grupos en los que se habían infiltrado.

Poco a poco se va esbozando con claridad como las fuerzas de seguridad mostraron complicidad con la violencia de los lealistas: vehículos utilizados para el bloqueo de carreteras que desaparecieron misteriosamente ante la inminencia de una acción; confidentes puestos sobre aviso cuando van a ser detenidos; pistas evidentes a las que no se da seguimiento; pruebas ocultadas o destruidas...

Si responsables situados en la cúspide de la cadena de mando no tenían una visión completa de lo que ocurría en el terreno, es porque no lo querían saber.

Los sucesivos Gobiernos han opuesto la misma resistencia a la apertura de una investigación pública completa sobre el asesinato de Finucane; probablemente temen que que permita ajustar las piezas del puzzle y reconstituir la imagen completa. La batalla por depurar responsabilidades no va a terminar y solo puede exacerbar las turbulencias de un escenario político de por sí desestabilizado por la crisis del brexit.

 

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