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Chile: Bachelet profundiza desprecio del Estado al pueblo mapuche PDF Imprimir E-mail
Imperio - Latinoamérica
Escrito por Raúl Zibechi   
Lunes, 03 de Julio de 2017 00:00

Ninguna de las medidas anunciadas por Bachelet apunta hacia un cambio estructural que restituya territorios al pueblo mapuche.

El 22 de junio la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó el “Plan de Reconocimiento y Desarrollo para la región de la Araucanía”. En el acto dijo que el Estado chileno había fallado en Wallmapu. «En mi calidad de Presidenta de la República, quiero solemne y humildemente, pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en su relación con ellos o sus comunidades».

Desde las organizaciones mapuche se formularon duras críticas al pronunciamiento de la presidenta, realizado en el año nuevo indígena, uno de los días sagrados de los pueblos indios de América Latina. Según el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, el pedido de perdón no tiene efecto alguno y fue hecho «para la autocomplacencia de la jefa de Estado y de esta manera seguir omitiendo su responsabilidad en el crimen de lesa humanidad cometido contra el pueblo mapuche» (“El Desconcierto”, 25 de junio de 2017).

El Plan presidencial fue presentado en uno de los momentos más álgidos del conflicto en el sur de Chile, cuando la polarización entre terratenientes y comunidades está llegando a niveles alarmantes por la militarización y violencia que ejerce el Estado –aliado incondicional de los propietarios– contra el pueblo mapuche.

El 10 de junio fueron asesinados dos jóvenes, Luis Marileo Cariqueo (de 24 años) y Patricio González Gajardo (de 23) por el terrateniente y excarabinero Ignacio Gallegos. El crimen forma parte de una ofensiva sistemática contra las comunidades que intentan recuperar las tierras usurpadas, con el argumento de «legítima defensa» frente a supuestos actos «terroristas».

El 14 de junio Carabineros allanó la Comunidad Autónoma Temucuicui, una de las más combativas en la lucha por la tierra, disparando gases al interior de la escuela donde niños y niñas mapuche de 4 a 14 años asistían a clase. Fue un hecho brutal pero no aislado. Incluso Unicef manifestó «preocupación» por estos hechos que suceden en el sur de Chile.

Un «manifiesto internacional» de intelectuales chilenos, del 21 de junio, recuerda que en democracia fueron asesinados diez mapuche como parte de un proceso de militarización y violencia sistemática, por parte de «un Estado de Ocupación Colonial que se forjó a raíz de la ocupación militar de la Araucanía y la violenta colonización» en los siglos XIX y XX (“Mapuexpress”, 21 de junio de 2017).

En efecto, la mal llamada Pacificación de la Araucanía fue una guerra colonial contra el pueblo mapuche (entre 1860 y 1881), que habría causado la muerte de 50 a 70 mil indígenas, según historiadores mapuche jóvenes. Un genocidio de enormes proporciones toda vez que la población mapuche apenas superaba las cien mil personas. Alrededor del 90% del territorio ancestral fue despojado y esas tierras fueron entregadas a colonos europeos, italianos, alemanes y suizos, cuyos bisnietos que heredaron tierras robadas, siguen haciendo la guerra para defender sus latifundios.

Sobre el telón de fondo de esta historia de despojo, hay dos hechos actuales en los que parece necesario profundizar. El primero es el modelo económico impuesto por la dictadura pinochetista y profundizado por la «democracia» actual. El “manifiesto internacional” señala que bajo el actual modelo neoliberal, la situación de la población de Wallmapu «se agrava con la violencia que el capital extractivo (forestal, minero, acuícola, hidroeléctrico, etc.) y la economía de activos ejercen sobre el territorio histórico mapuche, las vidas humanas y no humanas que en éste habitan».

Estamos ante una profundización del modelo colonial de la mano del extractivismo, que ahora usurpa también las aguas a las comunidades que cada vez tienen mayores dificultades para sobrevivir. Ante esta situación, el plan de Bachelet es sentido como una burla. Establece el 24 de junio como feriado nacional, instaurando el Día Nacional de los Pueblos Originarios, crea un Ministerio de Pueblos Indígenas que fue definido por el jurista Alfredo Seguel como «una extensión del aparato burocrático estatal que no considera autonomías» y, por el contrario, busca «legitimar vicios e irregularidades» en las consultas a los pueblos.

Ninguna de las medidas anunciadas por Bachelet apunta hacia un cambio estructural que restituya territorios al pueblo mapuche. Incluye un «fondo de forestación» dedicado a «predios indígenas con aptitud forestal», siendo ese modelo una de las principales causas de la crisis humanitaria que se vive en las comunidades, desde que se arrasaron los bosques nativos y se destruyeron los ecosistemas ancestrales. Son medidas que siguen buscando neutralizar la resistencia para profundizar el modelo de robo y rapiña.

La segunda cuestión de estricta actualidad, hace referencia a la democracia y al papel de las izquierdas. La ofensiva anti-mapuche ha sido, desde el fin de la dictadura, pergeñada por el progresismo denominado en Chile «Concertación Democrática», donde convergen partidos de centroderecha y de centroizquierda. Entre ellos, está el Partido Socialista al que pertenece Bachelet.

Una vez desprestigiada la Concertación por la pujanza del movimiento estudiantil que cuestiona el continuismo respecto a la dictadura, se creó en 2013 la Nueva Mayoría, integrada por los mismos partidos a los que se sumó, entre otros, el Partido Comunista. Por primera vez desde el golpe de Estado de 1973, los comunistas retornan al gobierno de la mano de Bachelet. Ese viraje fue posible por las luchas populares que se registraron bajo el gobierno derechista de Sebastián Piñera (2010-2014).

Las amplias movilizaciones estudiantiles, mapuches y de pobladores de varias regiones del país, abrieron espacios para el retorno de la actual presidenta en alianza con el PC. La figura de Camila Vallejo formó parte de esa camada de personas que se destacaron en la lucha social, prestigio que fue utilizado como moneda de cambio para acceder a las instituciones.

Al PC le han otorgado dos ministerios, el de la Mujer y el de Desarrollo Social. Permanece en un gobierno que mantiene la militarización, la represión contra el pueblo mapuche y decenas de presos políticos. La deslegitimación de esta «democracia» se resume en el crecimiento exponencial de la abstención: en las municipales de 2016, el 65% de los chilenos no acudieron a las urnas. Por eso, vale preguntarse: ¿qué papel juega la izquierda en un gobierno represivo, que criminaliza la protesta social y a todo un pueblo?

El primer paso que debería dar un gobierno de izquierda, o meramente progresista, para resolver el largo conflicto con el pueblo mapuche, consiste en desmilitarizar los territorios al sur del río Bio Bio, retirar los Carabineros para comenzar un proceso de negociaciones con las autoridades comunitarias.

La autonomía y la restitución de los territorios, son dos demandas elementales que las nuevas generaciones mapuche están tomando en sus manos, a través de la acción directa de las comunidades dispuestas a impulsar cambios sistémicos de larga duración.

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Fuente: Gara