El pasado 14 de abril los republicanos conmemorábamos el 81º aniversario de la proclamación de la República en nuestro país. Una proclamación que se vio refrendada en las urnas en junio de 1931 en la convocatoria de Cortes constituyentes y, posteriormente, el 9 de diciembre del mismo año, cuando fue aprobada una de las constituciones más progresistas de su tiempo. La idoneidad y lo avanzado de su texto hicieron que parte de su articulado, más de cuarenta años después, pasara a formar parte de la Carta Magna actual. Sin embargo, al mismo tiempo, también se introdujeron otros añadidos, y no precisamente menores, como el relacionado con la monarquía.

Los españoles tuvieron que votar un texto de 169 artículos en unos momentos complicados y de gran agitación: con una democracia restaurada después de una dictadura de terror de casi cuatro décadas, con el ruido de sables en los cuarteles y con el búnker de la ultraderecha haciendo todo lo posible por desestabilizar el país y provocar una regresión indeseable. Sería poco riguroso y extemporáneo hablar ahora, desde el año 2012, de si entonces había que haber tensado más la situación o plantear si se debió preguntar a un pueblo como el español, lastrado por cuarenta años de dictadura, acerca de qué forma de Estado quería.

Sin embargo, precisamente desde la atalaya que nos brinda este mismo año 2012, la sociedad española debe despojarse de miedos y corsés y acometer el necesario debate que merece este asunto. Un debate que no sólo ha de circunscribirse a qué forma de estado queremos, sino también a los valores que deben impregnar y asociarse a ese estado.

No hablamos solo de un cambio en la jefatura del Estado, que no es poco. El hecho de que los ciudadanos y ciudadanas españoles puedan elegir y ser elegidos como presidentes de una futura república, constituye en sí mismo un extraordinario avance en las cotas de democracia e igualdad en nuestro país. Estamos hablando de cambios mucho más profundos, donde valores como la libertad, la justicia social, la igualdad, la laicidad (y no sólo la aconfesionalidad), la Democracia en definitiva, sean prioritarios. Donde los españoles adquieran la condición de Ciudadanos y Ciudadanas, con mayúsculas, porque estén implicados de forma efectiva en la gestión de su país, en la elaboración de sus políticas, participando activamente de todo lo que tenga que ver con la “res pública”.

Para ello tenemos que seguir trabajando para promover ese debate, abrir las mentes, remover las conciencias y comenzar a romper el anquilosamiento con que las elites cortesanas han intentado paralizar cualquier otra forma de pensar que no fuera la oficial, no digamos ya cualquier cambio que pudiera poner en peligro su estatus de clase dominante. Es imprescindible que se abran las ventanas para que entre el aire fresco que conlleva el debate y la discusión sobre el punto que aquí tratamos. Un debate presidido por la reflexión serena, por la limpieza y no por los intereses que tradicionalmente han atrofiado o desvirtuado cualquier intento de ponerlo en práctica.

En las últimas semanas, o más bien en los últimos meses, la monarquía española no ha vivido sus mejores momentos. Los escándalos que rodean a la familia real se han multiplicado. Desde los turbios negocios de Iñaki Urdangarín y el disparo en el pie de Froilán, yerno y nieto del rey respectivamente, hasta el accidentado viaje del jefe del Estado en Botsuana y su caza de elefantes. Una afición, la de cazar animales en peligro de extinción en muchos lugares del planeta, que está obviamente bastante mal vista y peor considerada en nuestra sociedad. No es necesario que recordemos también la polémica que rodeó la caza del oso “Mitrofán” hace algunos años en Rusia.

Todos estos episodios parecen haber coincidido, además, con una publicidad de los mismos en los medios de comunicación que ha situado a la monarquía en una situación como poco complicada. Ante la avalancha de noticias y opiniones que cuestionaban y criticaban el viaje del jefe del Estado al continente africano, precisamente en unos momentos de una aguda crisis que cada vez se agrava más, don Juan Carlos se vio en la necesidad de pedir disculpas. Su “lo siento” tuvo diferentes acogidas y no todas han sido de buen grado.

Por todo ello, los republicanos pensamos que es buen momento para comenzar a deshacer el nudo que aquél dejara “atado y bien atado”. Somos hijos de nuestra historia. Tenemos que analizar con rigor y seriedad lo ocurrido entonces y, en función de ello, asumir consecuencias y mirar hacia delante. El futuro puede ser nuestro, pero antes tenemos que mirar al presente. Es el momento de avanzar para nuestra democracia, para que la igualdad de todos los españoles sea real y desde la cuna. Para que aquellos valores que impulsaron e ilusionaron a los españoles en 1931 se trasladen de alguna manera y se adapten a este nuevo siglo, para que vuelvan a ilusionarnos ahora y dejar atrás anacronismos reales e imaginarios cuando ya llevamos consumida algo más de una década del s. XXI.

(*) Cayo Lara es coordinador federal de Izquierda Unida