La izquierda transformadora de este país, si de verdad existe, no debe caer en las trampas de la derecha, ni renunciar a los grandes objetivos de la ruptura democrática. El debate ideológico se sitúa, como venimos contando, entre quienes plantean en la agenda política la Tercera República, o quiénes desean trabajar en algún sucedáneo, tal como la reforma constitucional, o una "segunda transición" (son típicamente los que alaban la primera Transición, del período posfranquista). La Constitución de 1978 no puede colocarse como ejemplo, ya que fue la Carta Magna que permitió el actual régimen, con todas sus consecuencias, y supuso la desmovilización y desorganización de la clase obrera en nuestro país. El actual régimen se basa en aquéllos puntales, ya que supuso la renuncia a la reivindicación de la República (los partidos republicanos no pudieron participar en las primeras "elecciones libres" de 1977), y dio carpetazo a los crímenes franquistas y a sus ejecutores, algunos de los cuales todavía pasean por nuestras calles.

Un régimen que bajo la excusa de terminar con el aislamiento del régimen franquista, nos introdujo en las caducas instituciones de la Guerra Fría, como son la OTAN y la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea, y aún sin el Euro). Un régimen que consagró el capitalismo (la Constitución proclama en su articulado el reconocimiento de la economía de libre mercado, aunque reconoce al Estado las facultades de intervenir y planificar la economía). Con todo ese terreno abonado, el bipartidismo imperante desde entonces se ha dedicado a fomentar y extender las políticas neoliberales, a expoliar el patrimonio público industrial, a desmontar el Estado del Bienestar, a debilitar la función social del Estado, y a fragmentar la clase obrera implantando la precariedad laboral de modo generalizado.

Un régimen que está además protegido por la Corona, a la que le dedicaremos los artículos finales de la serie, y por leyes al servicio del bipartidismo, tales como la Ley Electoral, la prohibición del derecho de autodeterminación de los pueblos históricos que constituyen el Estado Español, que mantiene los privilegios de la Iglesia Católica, que destina a las Fuerzas Armadas funciones constitucionales del pasado, que impide la democratización del Ejército y la de los Cuerpos de Seguridad del Estado, y que deja sin la debida protección el estatus de los derechos sociales fundamentales (trabajo, vivienda, etc.). De aquéllos polvos (1978), estos lodos (2018). Un régimen que no pudieron ni siquiera votar los que hoy son menores de 50 años, y que por tanto, deja fuera del consenso a una gran parte de la población. No podemos volver a repetir los fatales errores de aquélla Transición, a más de 40 años de separación histórica. Nuestro país se encuentra ya lo suficientemente maduro como para volver a regenerar su tejido político, social y económico, desde la asunción de un modelo radicalmente democrático. Pero diseñarlo y proyectarlo no es tarea fácil, de ahí la necesidad del Proceso Constituyente. Hay que dejar sentado la necesidad de romper democráticamente con el régimen que emana de la Constitución de 1978, dejándonos de parches y de reformas, y apostando por un nuevo proyecto de país. El Proceso Constituyente debe desarrollar un programa político integral, que además ligue la labor institucional-parlamentaria a la lucha histórica de la clase obrera. No se trata sólo de revertir los recortes o las leyes proausteridad, sino de diseñar políticas en favor de los trabajadores en todos los frentes (sanidad, empleo, pensiones, vivienda, etc.).

Para ir finalizando esta serie, reforzamos el mensaje que se sitúa en el epicentro del Proceso Constituyente, como es la lucha por la Tercera República. La abolición de la Monarquía es la base de la pirámide para construir todo lo demás. Bien, vamos a basarnos a continuación en un reciente artículo de Esteban Rosador para el medio digital Meneame, donde nos ofrece una historia reciente de nuestra Monarquía, así como una perspectiva actual sobre el resultado de los sondeos de población en torno a este tema. Como sabemos, la actual Monarquía española se origina en una decisión del dictador fascista Franco, que tras derrocar el legítimo régimen democrático de la II República mediante un Golpe de Estado militar, al que le siguió una cruenta Guerra Civil, reinstauró la Monarquía designando como su sucesor a título de Rey al entonces Príncipe Juan Carlos (hijo de Juan de Borbón y nieto de Alfonso XIII). La buena relación entre ambos no ha sido nunca desmentida, pero además la tenemos documentada históricamente (Juan Carlos se educó desde muy pequeño bajo la influencia del dictador), y por si fuera poco, sólo hay que recurrir a la hemeroteca de los discursos de la época para darse cuenta hasta qué punto la figura del dictador fue alabada por el padre del actual Rey. De hecho, sólo Felipe VI ha sido capaz de llamar "dictadura" a la dictadura, todo un logro. Juan Carlos no permitía que se hablara mal del dictador en su presencia, y parece ser que también creó el Ducado de Franco para sus herederos, un título de Grande de España que justificó calificando a la dictadura como "una gloriosa etapa histórica de nuestra Patria". Este título sigue aún vigente, para mayor vergüenza de este país, y recientemente ha sido reclamado por la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiu, a la muerte de su madre, que lo ostentaba con anterioridad.

Tras la muerte del dictador, la Monarquía se presentó a la sociedad como la única opción posible para recuperar un sistema democrático en España. No era verdad. Sólo era el diseño que el dictador había planeado para dejarlo todo "atado y bien atado", según sus propias palabras. Los políticos de entonces nos plantearon la encrucijada (presionados también por los Estados Unidos, y por la socialdemocracia alemana): implicaba elegir entre Monarquía y "democracia", o seguir con la dictadura fascista hasta que ella misma se agotara de manera inevitable en un tiempo de duración imprevisible. A su favor tenían a las Fuerzas Armadas, a todos los gobernantes y simpatizantes franquistas, y a todo el aparato del Estado, dispuesto a continuar con la execrable labor del dictador. La izquierda acababa de salir de la clandestinidad, así que la correlación de fuerzas no estaba muy equilibrada. Así que el Presidente Suárez y sus colaboradores elaboraron la famosa Ley para la Reforma Política (en 1995 confesaba a la periodista Victoria Prego que pusieron la palabra "Rey" y "Monarquía" de facto, con lo cual consagraban el régimen monárquico, sin consultar a la ciudadanía, tal como le pedían los observadores internacionales, precisamente porque había encuestas que indicaban que la elección mayoritaria iba a ser la República). A aquélla Ley para la Reforma Política sucedieron los Pactos de la Moncloa (1977), la Ley de Amnistía (1977), y finalmente, las primeras Elecciones "democráticas" (1977) y la actual Constitución (1978), delimitando las bases principales de lo que hemos denominado el Régimen del 78. Pero como indica Esteban Rosador en su artículo, una Monarquía ilegítima como la nuestra, es lógico pensar que necesite una serie de especiales medidas de protección para impedir el deterioro de su frágil imagen.

Es imprescindible para ello que los medios de comunicación (a los que hoy se suma Internet) colaboren eligiendo las noticias relativas a la Familia Real que deban llegar a la opinión pública, y las que no. Y este tamiz informativo funcionó de manera casi perfecta durante la mayor parte de la duración del reinado de Juan Carlos I. Todos los diarios, emisoras de radio y cadenas de televisión, o al menos todos los más influyentes, presentaban a la Familia Real española como un ejemplo de comportamiento frente a otras familias reales foráneas, e incluso algunos Presidentes de otros países, que acumulaban un escándalo tras otro. Evidentemente, esa no era la realidad de la Familia Real, pero lo más peligroso para la salud democrática era que se escondían deliberadamente otros datos, informaciones y actividades de sus miembros (comenzando por el propio Rey), que sí constituían prácticas perversas y deleznables. Comenzaron a conocerse su increíble fortuna, su desmedida afición por sus amantes femeninas, o hobby de la caza de determinadas especies, lo que unido a los casos de corrupción que salpicaban a otros miembros de la Familia Real, así como la falta de desclasificación de documentos y la aparición de textos que comprometían su labor en el intento fallido de Golpe de Estado del 23-F, propiciaron la caída. Todo ello, unido a la progresiva aparición de sucesivos enredos, líos, negocios sospechosos, actividades dudosas, e incluso posibles delitos dilucidados judicialmente desembocaron en la abdicación de Juan Carlos, en favor de su hijo Felipe. Pero esta drástica solución (impensable incluso varios meses antes) sólo pretendía llevar a la práctica el famoso lema gatopardista: "Si queremos que todo siga igual, es preciso que todo cambie". En palabras de Esteban Rosador: "El barniz de virtudes ejemplares pasaba así, sin solución de continuidad, del "campechano" al "preparado" sin que, al parecer, se hiciera mella relevante en la opinión de los españoles, que en este caso hacían el papel de obedientes súbditos". Tampoco hubo en esta ocasión consulta popular, referéndum Monarquía-República, y la sucesión real fue preparada y celebrada en apenas 15 días. Era junio de 2014. Nosotros escribimos entonces el artículo "El momento de la elección republicana", que recomiendo a todos los lectores y lectoras que no lo hayan leído. Continuaremos en siguientes entregas.

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Fuente: Blog de Rafael Silva