Para terminar con la tortura PDF Imprimir E-mail
Derechos y Libertades - Derechos Humanos
Escrito por Amaia Izko / Gara   

No ala tortura La reivindicación es clara: la tortura ha de terminar y para ello el régimen de incomunicación que se aplica a detenidos por motivos políticos ha de terminar.

 
Todavía con el eco de la sentencia que condena a cuatro guardias civiles por un delito de torturas, nos han vuelto a sacudir por dentro duros testimonios de personas torturadas a manos de la Guardia Civil.

 

Quizás para Rodolfo Ares -para quien el hecho de que una sentencia ponga negro sobre blanco la existencia de la siempre negada y ocultada tortura a los militantes vascos es signo de que el estado derecho existe- también sean signo de esa intachable democracia los relatos escalofriantes que los detenidos la semana pasada en Nafarroa hicieron al juez y relataron luego a familiares y abogados, sobre toda clase de amenazas, intentos de vejación, golpes y abusos físicos, psicológicos y sexuales.

Pero a las personas de bien esta violencia sin límite sobre las personas detenidas no puede producirles sino un vivo escalofrío y un fuerte rechazo y repulsa.

A cuenta precisamente de la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que debería marcar un antes y un después en el tratamiento de la lacra de la tortura, un medio de comunicación lanzaba una pregunta que a muchos y muchas nos había venido a la cabeza nada más escuchar el fallo condenatorio. Y esta pregunta no era otra que, a la vista de la postura adoptada por Rubalcaba durante todo el proceso, defendiendo a capa y espada una versión que ha resultado mentira, protegiendo y defendiendo a quienes los jueces han condenado como torturadores, ¿qué debería hacer ahora el Ministro del Interior?

Y es una pregunta que se te queda dentro. Lógicamente, en un verdadero estado de derecho esta postura debería tener, sin lugar a dudas, drásticas consecuencias que pasaran, desde luego, por la asunción de responsabilidades y la actuación en consecuencia. Pero del Estado español esto ni lo soñamos.

Sin embargo, al hilo del sonsonete que el propio Rubalcaba ha mantenido tras el último anuncio de ETA: «sólo queremos oír...», «sólo queremos escuchar...», creo que a él se le debería decir exactamente lo mismo. Y es que sólo queremos escuchar de su boca que la incomunicación ha terminado. Sólo queremos oír que la tortura ha terminado. Mientras esto no ocurra, todo lo demás viene de boca de quien ninguna legitimidad tiene, ni puede tener, frente a las personas que han sufrido la tortura, que se cuentan por miles en este pueblo, a sus familiares y allegados, a las miles de personas que se han movilizado y se movilizan contra la tortura y su práctica sistemática y a las personas individuales y también agentes políticos y sociales a quienes, cada vez en mayor número, preocupa una práctica como la de la tortura que no están ya dispuestos a admitir.

Duele mucho escuchar los relatos de tortura. Duele ver el dolor de quien los ha sufrido y duele más, si cabe, cuando este dolor es el de alguien próximo o de un amigo. Duele ver la impunidad de quien practica la tortura y duele ver la pasividad de jueces y políticos que de este modo la protegen y la aseguran mientras pretenden dar lecciones de ética y moral. Pero no es ese dolor lo que quisiera reivindicar.

La reivindicación es clara: la tortura ha de terminar y para ello el régimen de incomunicación que se aplica a detenidos por motivos políticos ha de terminar. Y es que esta incomunicación, que impide que la familia del detenido pueda saber por qué y dónde está detenido, que impide que pueda ser asistido por un abogado de su propia designación, que permite que la detención pueda durar hasta cinco largos días y que, de hecho, impide cualquier conocimiento o incidencia que pueda tenerse sobre esa situación, no es más que el muro que asegura que la tortura se lleve a cabo y que quien la lleva a cabo quede en la absoluta impunidad.

El camino es, sin duda, el de la exigencia del fin de esta cruel práctica, el de la exigencia de responsabilidades políticas, el de la denuncia y el de la movilización. Y en este camino cada vez somos más las personas que nos vamos encontrando y muchas más, sin duda, las que nos vamos a encontrar. Ésta es la única forma, y la va a ser, de que esta infame práctica, más pronto que tarde, termine.

Mientras así ocurre, vaya por delante mi cariño y mi abrazo a todos y todas las que habéis sufrido esta infinita violencia del Estado y mi convencimiento absoluto de que el devenir de las cosas pondrá a cada cual en su lugar.

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A nacionalizar (temporalmente) CajasLuis de Velasco  No vale la pena ir a hemerotecas y repasar lo que las autoridades nos dijeron hasta hace muy poco. Es fácil recordar aquello de que la economía española estaba en la "Champions" o nuestro sistema financiero entre los más fuertes del mundo. Hasta hace pocos días, esas autoridades insistían en que lo hecho hasta ahora con las Cajas de Ahorro era más que suficiente. Ahora resulta que no y que vamos, con seguridad, camino de la nacionalización, eso sí temporal, de varias de ellas. Dicho de otra manera: se va a utilizar abundante dinero del contribuyente (las palabras nunca son neutrales, no se debe decir "dinero público" sino "del contribuyente" y la cifra adelantada de veinte mil millones de euros es considerada totalmente insuficiente por los analistas), dinero que muy probablemente no se recuperará y que servirá para entregarlas saneadas a inversores, seguramente extranjeros no comunitarios incluso no privados. Lo de siempre: privatización de beneficios, socialización de pérdidas.

Lo ocurrido aquí, en nuestra economía y en el sistema financiero, más allá de los tecnicismos con los que se pretenderá ocultar la esencia del asunto, es muy sencillo. Ha habido una tremenda juerga, organizada o permitida por unos pocos y esa juerga ha terminado y ahora hay que pagar, siempre pasa así, la cuenta. Y esa cuenta la están pagando ya los de siempre, la mayor parte de la sociedad mientras los beneficios van a los organizadores y compadres. Siempre pasa así.

Los responsables de la catástrofe financiera son los gestores de las entidades con problemas, los gobiernos de la nación y autonómicos, el Banco de España.

La intervención de cajas como la de Castilla-La Mancha y Cajasur han sacado a la luz parte de los manejos internos que incluyen no sólo gestión catastrófica sino también algo más importante como prácticas fraudulentas y delictivas. Nombramientos de amigos, compañeros sentimentales y parientes, autopréstamos, conflictos de interés, información privilegiada, en suma corrupción y sensación de impunidad. ¿Veremos algunas de estas conductas de los gestores sancionadas realmente y no sobre el papel?

Parte importante de culpa recae sobre los gobiernos autonómicos, responsables de la tutela de estas entidades y con clara tendencia a considerarse los dueños de las mismas actuando en consecuencia. Dos ejemplos entre muchos: el vodevil del nombramiento del último y actual presidente de Caja Madrid, Rato, con los primeros actores Esperanza Aguirre (siempre ha considerado la entidad como suya, un claro ejemplo de su proclamado liberalismo) y Rajoy – Gallardón, enfrentados. El consejo de administración, lleno de "expertos financieros", es una macedonia, resultado del reparto del botín entre partidos, incluyendo los de oposición. Segundo ejemplo, ya en el proceso de reestructuración de las entidades: ha primado el criterio geográfico, es decir el autonómico y sus intereses por encima del racional y eficiente. Por encima de todo, la "catalanidad" o "galleguidad" de la entidad resultante para que sigan siendo un instrumento de poder en manos del gobierno autonómico de turno. Otra de las "ventajas" del actual estado autonómico.

El "Gobierno" de la nación ha dado todo un ejemplo de cómo hacer mal las cosas. No vale la pena recordar todo el cúmulo de desaguisados. Tan importante como hacer un diagnóstico acertado y aplicar medidas son los tiempos. En todo eso se ha fallado lamentablemente, resultado de una mezcla de prepotencia, alejamiento de la realidad, influencias de grupos de presión e incompetencia profesional. Los bandazos, las rectificaciones, las improvisaciones, las mentiras han sido el pan nuestro de cada día con el resultado bien sabido y difícil y costoso de superar, del desprestigio interno e internacional y la pérdida de la confianza. El enorme coste, sobre la mayor parte de los ciudadanos.

La autoridad reguladora y supervisora, el todopoderoso Banco de España, tiene su tanto de culpa. No hace mucho tiempo que negaba la burbuja especulativa y que afirmaba que habría "un aterrizaje suave". No intervino cuando las entidades financieras concedían, por encima de toda prudencia, préstamos a constructores, promotores y usuarios en el sector inmobiliario, creando así un remedo celtibérico de las famosas hipotecas basura lastrando brutalmente los balances de esas entidades. Cuando ya existía conciencia del enorme problema, el gobernador se dedicaba a pontificar sobre la "necesaria reforma del mercado de trabajo" mientras dejaba que parte notable del sistema financiero se pudriese sin hacer nada.

El lúcido billonario norteamericano Warren Buffet dice que "cuando la marea baja, se ve quien estaba nadando desnudo". La marea está baja, muy baja en nuestras playas y las miserias del sistema salen a la luz. ¿Bastarán estas medidas para siquiera aminorar esas miserias?

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Amaia Izko es Abogada