Este puede ser el año con más desahucios en la historia del Estado español. Según las estimaciones de la Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH), el número de desahucios puede superar al de 2013, año en el que se produjeron 67.200 desahucios siendo el mayor número contabilizado. Según la PAH, durante los primeros tres trimestres de 2018 se han producido 44.606 desahucios. En el tercer trimestre de este año (el último contabilizado), el número de desahucios por impagos del alquiler (7.518) han superado por más del doble a los desahucios por ejecuciones hipotecarias (3.404). Cambia la tipología de los desahucios, pero el número sigue sin reducirse. De hecho, desde el año 2008, se habrían producido más de 700.000 desahucios. Sabemos que varias decenas de estos desahucios han llevado a sus víctimas al suicidio. Un conjunto de cifras que resulta, una vez más, escalofriante.

El cambio de tendencia que indica el aumento de la proporción de los desahucios por impagos de alquiler frente a aquellos por ejecuciones hipotecaria nos muestra, en primer lugar, que persiste una crisis hipotecaria en la que las y los hipotecados carecen de derechos y garantías.

  En segundo lugar, observamos, que tras una década de crisis el perfil del mercado inmobiliario está cambiando hacia una expansión del mercado del alquiler. No sólo cambian los patrones de conducta que daban por hecho que las viviendas debían ser adquiridas en propiedad, sino que esta expansión es una imagen nítida de la precariedad a la cual se ha sumido la población española, cuyas condiciones para endeudarse se han degradado enormemente. El aumento de la demanda de pisos de alquiler ha conducido a que se hinchen los precios en el mercado del alquiler, cuya rentabilidad ha sido calculada en 8,2% en este año. Factores han alimentado la burbuja especulativa sobre el alquiler en las principales ciudades españolas.

El primer responsable de esta situación de emergencia habitacional y de esta burbuja es sin duda el capital financiero. La banca posee aproximadamente una cuarta parte del parque inmobiliario en el Estado español. Muchas de estas viviendas están pasando a las manos de los fondos buitre, quienes están ya en manos de la mayoría de los pisos en alquiler. Además, la proliferación de plataformas como AirBnb, basadas en la capitalización altamente lucrativa de la vivienda con fines turísticos las grandes ciudades profundizan el proceso de mercantilización de la vivienda.

La crisis habitacional no ha hecho más que reforzar las lógicas de desposesión que sufren las y los de abajo. En la semana en la que se cumple el 70 aniversario de la Declaración de los DDHH, vemos que en el Estado español no se respeta el derecho a techo. Frente a esta situación debemos condenar la inacción de los diferentes gobiernos españoles, que siempre se han puesto del lado de los mercados financieros y de la banca. Así, mientras el Partido Popular y Ciudadanos bloquean la tramitación parlamentaria de la Ley hipotecaria propuesta por la PAH y que hubiese puesto fin a la Ley hipotecaria heredada de la dictadura franquista, el PSOE no ha mostrado ninguna voluntad ni siquiera de acotar el margen de acción del capital financiero en el mercado de la vivienda. Su reacción frente a la decisión del Tribunal Supremo de cambiar de criterio con respecto a la sentencia que obligaba a la banca a devolver a los clientes deudores las cláusulas abusivas que se habían cobrado fue en este sentido edificante. El decreto hipotecario tramitado blanquea la decisión de este tribunal proponiendo una ley que eximía de todo deber retroactivo por parte de la banca, perdonándole 4.000 millones de euros que tendría que haber pagado a las y los clientes. Más que nunca, observamos cómo la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un medio para la expropiación de riquezas de la sociedad por parte del capital financiero. Frente a la crisis social y habitacional, exigimos el derecho a la vivienda y la socialización del sector bancario.

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Fuente: Comité para la abolición de la deuda ilegítima