"Cuando las imposiciones de los acreedores condicionaron para España una política de recortes en derechos sociales, la respuesta de los ciudadanos fue la movilización. Y contra esa movilización que se manifestaba en la calle, orquestada en buena parte en las redes sociales, se dirigió el arsenal jurídico del partido gobernante durante la primera legislatura de Rajoy", explica el jurista Carlos Sánchez Almeida en la guía El periodismo y el activismo frente a las leyes mordaza, que fue editado por la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI). 

"Hay más represión, más castigo, más intromisión del Estado en la sociedad civil. Es triste pero es la jodida realidad. Hemos perdido libertad", señala Montero

Este arsenal jurídico, que señala Sánchez Almeida, consistió en la aprobación de una Ley de Seguridad Ciudadana mucho más restrictiva y punitiva que la anterior, conocida como la Ley mordaza; en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y en los cambios introducidos en el Código Penal, algunos de ellos en virtud del conocido como Pacto antiyihadista. El resultado, dicen los expertos, es que somos menos libres. El letrado Jaime Montero, que entre otros asuntos tuvo que pelear por la absolución de los titiriteros y que ahora está metido en el caso Alsasua, lo define de esta manera: 

"Hay más represión, más castigo, más intromisión del Estado en la sociedad civil.  Es triste pero es la jodida realidad. Hemos perdido libertad", dice Montero, que denuncia que el Estado está más cerca "de controlarlo todo a su antojo". La abogada penalista Sara Ruiz Calvo denuncia, además, que estas leyes imponen "un régimen legislativo que criminaliza, principalmente, los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad de pensamiento, expresión y reunión consagrados en nuestra Constitución Española". "La Ley mordaza debería derogarse ya que choca frontalmente con los derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos", sentencia la letrada, vocal en la Asociación Pro Derechos Humanos en España. 

En este sentido, Jaime Montero dice que la pregunta que todos debemos hacernos es la siguiente: "¿El Gobierno de Rajoy quería más seguridad ciudadana o quería castigar a los colectivos que en ese momento lideraban las protestas sociales?". 

Una perfomance en un banco para protestar por los desahucios

Imagen del desalojo de miembros de la PAH de la sucursal del Banco Popular.- EFE

Imagen del desalojo de miembros de la PAH de la sucursal del Banco Popular.- EFE

La explosión de la crisis económica en España y de la burbuja inmobiliaria llevó a miles de españoles a perder sus casas. Muchos de ellos, además, sin alternativa habitacional. El shock fue tremendo. De repente, las televisiones se hacían eco de cómo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado servían para desahuciar a la fuerza a ciudadanos que nada tenían. Salvo deudas. Así nació la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y así se fortaleció un activismo que hizo habitual escenas como la que protagonizaron el 11 de julio de 2013 en una oficina del Banco Popular en las ramblas de Barcelona.

Aquel día unas 120 personas entraron y se encerraron en el interior de la sucursal bancaria del banco en solidaridad con José Antonio, un hombre que contrató una hipoteca con divisas a la que no podía hacer frente tras divorciarse y perder su trabajo. Los Mossos d'Esquadra desalojaron la sucursal del Popular, pero ¿qué hubiera pasado en 2017? Los 120 activistas podrían estar violando el nuevo artículo 557-ter del Código Penal que prohíbe este tipo de acciones del Código Penal y lo castiga con una pena de prisión de entre tres a seis meses o una multa de seis a doce meses.

Alentar o jalear movilizaciones desde Twitter

La reforma del Código Penal también incluye penas de prisión de entre tres a doce meses por "la distribución o difusión pública" de "consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público" o "que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo". 

En palabras del reconocido abogado Sánchez Almeida este artículo del Código Penal lo que está haciendo es criminalizar que se aliente o se jalee movilizaciones en la calle, incluso cuando los mensajes o consignas se lancen a través de internet. El abogado pone el siguiente ejemplo de tuit que podría constituir un delito según el Código Penal.

 

Foto superior. Una activista de Greenpeace amordaza los leones del Congreso de los Diputados. - Foto: EFE

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Fuente: Público