La reciente apertura y posterior aplazamiento de las sesiones de la causa legal abierta contra Radovan Karadzic deberían haber propiciado –no ha sido, visiblemente, así– una discusión, tantas veces aparcada, sobre la condición del tribunal de La Haya para la antigua Yugoslavia. No está de más que nos preguntemos, antes que nada, por las razones que permitieron que en el pasado determinados conflictos –a decir verdad muy pocos– condujesen a la creación de tribunales ad hoc, en tanto otros, la abrumadora mayoría, se viesen privados de semejante honor. Por detrás es fácil intuir que en la perspectiva de las grandes potencias, y en virtud de razones de orden vario, hay, claro, conflictos que interesan y otros que no.Pero, más allá de lo anterior, hay que subrayar que las taras mayores del tribunal de La Haya para la antigua Yugoslavia no nacen de lo que ha hecho, sino, antes bien, de lo que no ha hecho. Bastará con que, para apuntalar esta idea, aduzcamos dos ejemplos llamativos.

         El primero nos recuerda que cuando, hace no mucho, fue detenido en las islas Canarias el general croata Ante Gotovina, acusado de crímenes de guerra en la Krajina en 1995, desde las instancias superiores del tribunal se adujo que el militar capturado era –junto con Franjo Tudjman, el presidente de Croacia fallecido a finales del decenio de 1990– responsable de execrables acciones armadas. La declaración tenía su miga por cuanto el tribunal que hoy nos ocupa bien que esquivó la decisión de procesar en vida al presidente croata. En un retrato cabal de las miserias que estamos obligados a rescatar, era muy cómodo arrojar culpas sobre Tudjman cuando este hacía años que había fallecido. Quienes pensamos que el presidente croata fue responsable, en un nivel no muy lejano al de Slobodan Milosevic, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, tenemos que preguntarnos por qué, cuando correspondía actuar con energía, el tribunal de La Haya prefirió mirar hacia otro lado. La respuesta es sencilla: Tudjman era un aliado de facto de las potencias occidentales.

      El segundo ejemplo es aún más gravoso. En 1999, pocos meses después de los bombardeos de la OTAN sobre Serbia y Montenegro, dos conocidas organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, solicitaron que el tribunal para la antigua Yugoslavia abriese una investigación sobre eventuales crímenes de guerra cometidos, entonces, por la Alianza Atlántica. De manera bien ilustrativa, no es que el tribunal rehuyese encausar a la OTAN: es que se negó en redondo a abrir una investigación que con toda evidencia entraba dentro de sus atribuciones y obligaciones.

       No hay que ir muy lejos –parece– en busca de explicaciones para conductas tan reprobables como las retratadas. La financiación del tribunal de La Haya corre a cargo de las potencias occidentales, que con notable eficacia han hecho todo lo que estaba en su mano para evitar que la instancia legal que hoy nos atrae pusiera en peligro sus intereses en una zona y ante unos conflictos de relieve difícilmente rebajable. No hay motivo para pensar que, a estas alturas, semejante dependencia va a tocar a su fin.

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Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política.